El más reciente informe de la Fundación Forjando Futuros: 'Falsas víctimas ¡no! Lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe’, deja mal parado a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Ley 1448 de 2011 del Gobierno colombiano y a un grupo de personas y empresas que se oponen al proceso.
La Fundación analizó mil (1.000) sentencias de restitución de tierras y evidenció que carecen de fundamento las acusaciones de “algunos funcionarios del Gobierno” y terratenientes, de que miles de falsas víctimas desean valerse de la ley para hacerse a predios.
Para Forjando Futuros, el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidos por los jueces especializados como víctimas reales y, en contraste, el 89% de los opositores a la Ley, “adquirieron los predios aprovechándose de las condiciones de violencia”.
“La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de Tierras”, dice un parte del informe.
Lo de los “escasos resultados” no es nuevo. Otro estudio, elaborado en 2013 por el Observatorio para la Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, de la Universidad Nacional, ya había advertido que, de continuarse con el mismo diseño institucional, la ejecución de la Ley de restitución de tierras “tardaría ciento, incluso miles de años” (ver informe).
Actualmente, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Uaegrtd, se han presentado 73 mil 127 solicitudes de restitución, (correspondiente al 20% del total de las víctimas de despojo) de las cuales solo poco más de 7 mil han llegado a instancias judiciales.
En mil sentencias, los jueces especializados han resuelto 1980 casos, equivalente al 2% del total de solicitudes. “La tendencia muestra un aumento de los fallos por año del 20%, de mantenerse así, para el año 2021 se lograría únicamente el 4,4% de la meta de la restitución de tierras”, señala el estudio.
De continuarse a este ritmo de restitución, como lo advirtió en 2013 la Universidad Nacional, a la Unidad de Restitución de Tierras del Gobierno le tomaría por los menos más de 5 siglos para cumplir la meta y no los 10 años que se ha contemplado de vigencia de la Ley.
Ante esta negra perspectiva, ¿se vislumbra un futuro promisorio para los reclamantes de tierras en Colombia? No lo creo.
Y más cuando, según el informe, hay personas naturales, terratenientes en su mayoría (representan el 50% de los opositores, figura jurídica de la Ley 1448 que contempla que un opositor tiene igual derecho sobre el predio que la víctima también está reclamando) que se enfrentan a los procesos de restitución de tierras.
Ellos son: Álvaro Mesa Cadavid, Hernando Manuel Meza Vergara, Juan Bautista Serna Serna, Benjamín José Alvarado Bracamonte, Gabriela Inés Henao Montoya, Diego Alois Sierra, Miguel Enrique Ríos Dávila, Gabriel Jaime Vásquez Quintero, Guillermo León Restrepo Rico y Hever Walter Alfonso Vicuña.
Ninguno, según el informe, ha demostrado ante los jueces la buena fe de sus procesos judiciales.
Y la perspectiva de un futuro promisorio para los reclamantes de tierras se torna más negro aún, cuando nos enteramos que cinco adultos mayores fallecieron esperando una decisión judicial y 67 reclamantes de tierras y un funcionario del Gobierno fueron asesinados en 4 años que lleva de vigencia la Ley.
Si nos fijamos en la lógica burocrática del Gobierno y sus connotados colaboradores, a quienes se les ocurrió la genial idea de invertir, en el período 2012-15, tres veces más en los procesos de restitución, que ante el valor estimado de los predios restituidos, el futuro parece más negro.
El coste considerado de los 1.760 predios que hasta al momento han sido restituidos a sus originales dueños (más de 97 mil hectáreas) es de $263 mil 304 millones y, el Gobierno invirtió $836 mil 719 millones en dichos procesos de restitución, de los cuales $157 mil 709 millones ni siquiera se han ejecutado.
¿Acaso no era más sensato invertir esos miles de millones en reparar? no ya a 1.759 víctimas, sino a más de cinco mil. No. Porque entonces ¿de qué vivirían los burócratas?
Queridos reclamantes de tierras. Lo siento por ustedes y sus familias, porque (así digan que sí) ni el Gobierno colombiano, ni algunos poderosos terratenientes y empresarios los quieren viviendo en el campo, en paz.
@adolfoflorezg
(Lea el informe completo: ‘Falsas víctimas, no! Lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe’ en: www.forjandofuturos.org)
