Falta de agua, falta de alimentos, falta de un servicio de salud accesible, 34.000 niños desnutridos y miles que han muerto por ésta causa o razones asociadas y contaminación ambiental, fueron las características del panorama que expuso el líder indígena Wayúu, Javier Rojas U., en el Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que actualmente dirijo, como parte de la problemática que padece su comunidad y por la que solicitó asesoría y acompañamiento legal en diciembre de 2014.
La situación narrada mereció que asumiera directamente la atención jurídica del caso en aras de la puesta en marcha de acciones inmediatas y urgentes; un mecanismo en búsqueda de protección y garantía de los derechos vulnerados y amenazados de manera sistemática y persistente a la comunidad indígena, resultado del olvido e indiferencia estatal.
¿Por qué a la CIDH?
Javier Rojas relató los múltiples intentos por parte de la comunidad que representa ante distintas autoridades en busca de la reivindicación de sus derechos sin resultados efectivos. Lo cierto es que basta leer el informe de la Defensoría del Pueblo “Crisis Humanitaria en la Guajira 2014”, para entender que la realidad actual, lejos de protocolos y espera de largos procedimientos, necesita acciones con resultados contundentes e inmediatos.
Así las cosas, acudir a la CIDH como órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano y solicitar formalmente la adopción de medidas cautelares, fue la recomendación que hice a la comunidad Wayúu. Lo anterior, teniendo en cuenta que éste mecanismo, previsto en el artículo 25 del reglamento de la Comisión, procede en situaciones de gravedad y urgencia, como la que atraviesa actualmente la comunidad indígena y busca que se requiera a un Estado para que adopte medidas cautelares que prevengan y detengan daños irreparables, en éste caso, dirigidas en favor de una colectividad: el pueblo Wayúu.
Solicitud de medidas cautelares
Se procedió entonces con la elaboración del escrito; la fuente del contexto y de gran parte de los hechos, fue el informe de la Defensoría del Pueblo realizado en 2014, que describe de manera implacable la crisis por la que atraviesa el departamento de la Guajira, haciendo especial énfasis en la población Wayúu.
También se ilustra la solicitud con el documental del periodista Gonzalo Guillén “El río que se robaron”, resultado de una rigurosa investigación, principalmente de campo, que muestra a través de imágenes y entrevistas realizadas a víctimas de la crisis y a expertos de distintos sectores en el tema del agua, el ambiente indigno en el que sobreviven los Wayúu, analizando una de las causas más graves de la crisis: la privación a los habitantes de la zona del caudal hídrico natural más grande de la región y que les pertenece, el río ranchería.
En la solicitud de medidas cautelares se alegaron serias violaciones cometidas por el Estado colombiano de derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos, obligación de respetar los derechos a la vida, a la integridad personal, protección de la honra y de la dignidad, derechos de los niños, igualdad ante la ley, y desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.
En el escrito que fue enviado a la CIDH el 9 de febrero de 2015, se solicitó la adopción de medidas cautelares que permitan la recuperación del Río Ranchería. Se insistió en la exclusividad del disfrute del agua para la comunidad Wayúu, hasta que se verifique la existencia de excedentes de agua que puedan ser destinados a actividades económicas, sin que se vea afectada la auto sostenibilidad de la región.
Es preciso aclarar que el proyecto multipropósito del Río Ranchería constaba de dos etapas: la primera consistió en la construcción de la Represa El Cercado; la obra fue ejecutada por el INCODER y finalizó en 2011. Una segunda fase tenía que ver con la realización de los respectivos distritos de riego para el consumo humano de agua potable, que era la finalidad de éste proyecto; esta segunda etapa no se efectuó. Los Wayúu, quienes inicialmente atribuyeron que el río se “hubiera secado” a un castigo de la naturaleza, hoy saben dónde está el agua y piden la devolución de su Río, un bien de uso público que les pertenece, al que no tienen acceso.
También se solicitó la adopción de medidas y políticas públicas que garanticen que la población Wayúu, dando prioridad a los niños, cuente con un programa que les provea alimentos y una adecuada atención y seguimiento nutricional que les permita gozar de una vida digna de forma permanente, indefinida y prioritaria. Por último se solicitaron acciones tendientes a la garantía y disfrute de un ambiente sano.
Primer pronunciamiento de la CIDH
El 18 de mayo de 2015, recibimos la primera decisión de la CIDH. Fue requerido el Estado colombiano para que se pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares y concretamente sobre las acciones implementadas y su seguimiento para atender la crisis alimentaria y la falta de agua que padece la comunidad Wayúu y que ha ocasionado graves problemas de salud, particularmente a la población infantil; igualmente solicitó información sobre protección a la vida e integridad de líderes del grupo étnico amenazados.
A los peticionarios se solicitó detallar y caracterizar los beneficiarios de las medidas solicitadas.
La Comisión otorgó un plazo de 7 días para dar respuesta, término en el cual los peticionarios de las medidas atendieron el requerimiento, mientras que el Estado solicitó dos semanas más para responder.
Visita del Gobierno a la Guajira
El pasado 1° de junio el señor Presidente de la República, junto con algunos miembros de su equipo de Gobierno, se desplazó al departamento de la Guajira disponiendo una serie de acciones en favor de los habitantes de la región.
Esas últimas actuaciones han despertado en los Wayúu una sensación colectiva de oportunismo por parte del Gobierno, pues bien es conocido que ésta visita coincide con el plazo adicional solicitado a la CIDH para responder su requerimiento.
Si bien alienta la presencia del Estado frente a esta grave crisis, no menos desalienta el cuestionamiento que hace frente a las cifras de niños muertos que con seriedad ha reportado la comunidad, así como desalienta la falta de reconocimiento público de responsabilidad por las graves dificultades que atraviesa el pueblo indigena a raíz del olvido e indiferencia estatal. Evidencia la comunidad el afán por generar una serie de acciones relámpago que por ahora parecieran querer mostrar una diligencia que manifiestamente no ha existido en años por parte del Estado. El escéptisismo no es un capricho, radica en los antecedentes y la realidad que hoy padecen.
Mientras se discutía la cifra relativa a los niños muertos, no se habló del proyecto del Río Ranchería, sino de la entrega de unos pozos de agua. Tampoco se habló de las cifras de niños desnutridos reportadas por la Defensoría del Pueblo: son más de 34.000; sin embargo, el Gobierno habló de la puesta en marcha de un programa de recuperación nutricional que beneficiará a 7.000 niños ¿y los restantes? ¿y las madres gestantes?... No es fácil tapar el sol con un dedo, mucho menos en La Guajira.
Estamos a la espera de que la CIDH se pronuncie, somos muy optimistas en que la decisión protegerá y reivindicará los derechos de la comunidad Wayúu.
*Abogada Magister en Defensa de los Derechos Humanos
Directora del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
