Han pasado solo 18 días desde que Amelia Pérez fue posesionada en la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ya debe apagar su primer incendio al interior de la entidad a la que llegó en reemplazo de Daniel Rojas. La abogada, quien cuenta con la confianza del presidente Petro desde los tiempos de la Bogotá Humana cuando trabajó en el Centro de Estudios para la Convivencia y Seguridad, aterrizó en una entidad bien encaminada y con algunas metas trazadas que vienen desde la administración del hoy ministro de Educación, pero que, como todas, tendrá que hacer maniobras financieras para hacerle frente al presupuesto desfinanciado que tendrá el país en 2025.
Esta situación con el presupuesto obligó a Pérez, de entrada, a tomar decisiones drásticas y una de ellas fue la de finalizar el contrato de todos los trabajadores que se encontraban en periodo de prueba, lo que corresponde a cerca de 60 funcionarios según el Sindicatos Popular de Trabajadores (Siptrasae) y el Sindicato Democrático Pluralista y Popular (Sideppo). Esto fue calificado por los propios trabajadores y varios sectores de la población como una “masacre laboral” y le ha significado a la abogada su primer cuestionamiento en la presidencia de la SAE.
📢Con decepción, denunciamos la masacre laboral que acaba de propiciar la nueva presidenta Amelia Pérez en la SAE. Como sindicatos populares, anunciamos que estamos trabajando sin descanso para defender los derechos de todxs lxs trabajadores. pic.twitter.com/svTVpUlF8v
— SIPTRA SAE (@siptrasae) December 20, 2024
Por su parte, desde la entidad afirmaron que se trata de un periodo de transición y que efectivamente se finalizaron los periodos de prueba, pero apegándose a todas las disposiciones legales. De igual manera, aseguraron ningún trabajador con periodo de prueba aprobado ha sido desvinculado.
Un nuevo aire después de una carrera fallida por la Fiscalía General
El nombramiento de Amelia Pérez como presidenta de la SAE en reemplazo de Daniel Rojas se dio como un salvavidas después de que se cayera su aspiración para convertirse en fiscal, cargo al que terminó llegando Luz Adriana Camargo tras una polémica elección que le tomó cuatro meses a la Corte Suprema de Justicia.
Originalmente, el nombre elegido por el presidente Petro era Diego Cancino, el exviceministro del Interior, pero, ante la aparición de numerosas denuncias por presunto abuso sexual, se optó por mirar hacia otro lado y otorgarle la confianza a la dura abogada que lleva toda una vida luchando por los derechos humanos, lo cual le significó incluso tener que irse exiliada a Canadá durante una década a comienzos de siglo. Ahora, en sus manos estará sacar adelante buena parte de las misiones necesarias para la reforma agraria, así como continuar con el compromiso con las economías populares y la educación pública que Rojas había dejado iniciados.
