El año que está por terminar ha sido el más difícil para el gobierno del Cambio. Una oposición enardecida y apuntalada por sus poderosos voceros mediáticos no ha escatimado esfuerzo para destruirlo y difamarlo, tratando así de desmoralizar a las mayorías populares que lo eligieron.
Algunos sectores le siguen apostando a sacarlo de la presidencia a como dé lugar. Ya veremos qué pasará con el arranque en firme de Trump.
El frente económico ha sido especialmente duro. De hecho, la lucha por la apropiación y destinación de los recursos públicos es la disputa fundamental en todas sus reformas estratégicas. La vieja oligarquía y los neoliberales, dueños y señores de la tierra y de los negocios, se resisten a ceder parte de sus privilegios para permitir que se sienten las bases de la transformación social.
Los economistas adocenados, algunos llenos de títulos, varios de ellos exministros/as, se pronuncian contra el caos, le auguran los peores desastres. Lo responsabilizan de todo y todo lo cuestionan. A falta de argumentos, vienen los adjetivos, los insultos.
Para nada importa que, de acuerdo con la revista The Economist a la que tanto invocan, Colombia fuera catalogada como la sexta mejor economía entre los 37 países de la OCDE en 2024.
Pero entremos en materia. Hace dos semanas, pocos días antes de finalizar las sesiones del Congreso, la estrategia financiera del gobierno recibió un durísimo golpe.
Las comisiones económicas de Senado y Cámara archivaron, sin siquiera discutirlo, su proyecto de ley de financiamiento. Meses antes, en un hecho insólito, el Congreso se había negado a la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto Nacional (PPN) de 2025, presentado inicialmente por $523 billones de pesos.
Durante los últimos meses, la comisión interparlamentaria de crédito público se negó a sesionar para facilitarle al gobierno el manejo de la deuda.
Durante el período de gobierno, la Junta Directiva del Emisor se ha resistido a bajar las tasas de interés al mismo ritmo de la caída de la inflación, para propiciar la reactivación económica.
Ante la reciente decisión de las comisiones económicas del Congreso, el presidente señaló con precisión: “Pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva al default, solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente”. Un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo, agregó.
La imagen de la eufórica celebración de los congresistas responsables de su hundimiento parece sacada de la afamada película de Buñuel, “El discreto encanto de la burguesía”.
Miguel Uribe, senador y precandidato de la ultraderecha, nieto del tristemente célebre expresidente Turbay Ayala, admirador de Bukele y autor de la ponencia de archivo, expresó en medio del delirio: “Lo logramos, tumbamos la ley de financiamiento salvamos los bolsillos de los colombianos”.
Cuánto cinismo y falsedad. Como lo señala Planeación Nacional, el presupuesto presentado para 2025 refleja los compromisos del Plan de Desarrollo, construido por primera vez con amplia participación comunitaria y territorial.
El atentado contra el manejo de las finanzas públicas es clarísimo, precisamente se acerca el período electoral. Petro sabe que para darle continuidad a su proyecto político requiere los recursos para concretar las reformas. Pero hay una apuesta clara de la oposición por su fracaso y por el retorno de la ultraderecha.
La Corte Constitucional “descuartizó”, como señaló Petro, la reforma tributaria aprobada dos años atrás. Una reforma en contravía de las recetas neoliberales, ejemplo para todo el continente. “Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la Constitución al quitarle 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras”, señaló.
No puede haber duda, entonces, del saboteo institucional, del “golpe parlamentario”.
La presentación simultánea del Presupuesto y una Ley de financiamiento también la hicieron los mandatarios anteriores. Pero como se trata de Petro, la consigna era bloquearlo
La presentación simultánea del PGN y de una Ley de financiamiento también la hicieron los mandatarios anteriores. Pero como se trata de Petro, la consigna era bloquearlo.
El artículo 347 de la Constitución faculta al Gobierno a tramitar una ley de este tipo cuando los ingresos previstos no sean suficientes para atender los gastos mínimos que el Estado requiere para mejorar las condiciones de vida de la población.
Al mismo tiempo, le apunta a la sostenibilidad de las finanzas públicas, con la Regla fiscal. Una imposición neocolonial, a rajatabla y sin contemplaciones, del FMI, agreguemos.
Debido a las restricciones macroeconómicas y fiscales, resultantes de deudas heredadas de gobiernos anteriores, en especial el de Duque, debió presentarse una ley de financiamiento para garantizar las inversiones fundamentales.
Recordemos que el PGN contempla tres rubros: funcionamiento, deuda externa e inversión. Los dos primeros son bastante inflexibles, por lo que la inversión social es el rubro más afectado.
Se trataba de proveer recursos de inversión para 26 sectores estratégicos para las personas más pobres: economía popular y créditos asociados, mejoramiento de vivienda, acueductos, educación pública, desarrollo de energías renovables, subsidio a los servicios públicos, en particular las tarifas de energía.
Se contemplaba también la reactivación del sector agrario, exenciones del IVA al turismo en municipios de menos de 200,000 habitantes, la reducción de impuestos a los industriales. Todo con miras a la reactivación económica.
Se proponía impuesto para grandes patrimonios, para el poderosísimo sector de las apuestas y juegos de azar.
Señaló el presidente: "Hundieron una ley de financiamiento que bajaba las tarifas al pueblo, que estimulaba las energías limpias. Traicionaron al empresariado que dicen defender. Maldito el parlamentario que, a través de las leyes, destruye la prosperidad de su propio pueblo".
Por último, señaló: “La crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron”.
PS: Cuando esto escribo, no se conoce todavía el incremento del salario mínimo. Por el bien de los trabajadores y trabajadoras y de la reactivación económica, debería acercarse al porcentaje planteado por las centrales obreras. El de México es un buen precedente.
A mis fieles lectores y lectoras les deseo felices fiestas y que 2026 les traiga muchas satisfacciones, personales y colectivas.
De la misma autora: Paz Total e insensatez de la guerrilla
