La semana pasada el país recibió la noticia de que las comisiones económicas de Senado y Cámara no habían aprobado el proyecto de Ley de Financiamiento. La propuesta ni siquiera pudo discutirse. En ese momento, quienes estamos al frente de los ministerios, comprendimos que íbamos a atravesar un momento de crisis profunda, habida cuenta de cómo se distribuye el Presupuesto General de la Nación (PGN).
La periodista Claudia Morales publicó el domingo en X una tabla del aumento del Presupuesto General de la Nación en los últimos cinco años. El correspondiente a 2025 era de $523 billones con la Ley de Financiamiento y $511 billones sin Ley: ¿cuál podría ser el impacto en una proporción que parece muy pequeña, de 12 billones?
Esta imagen está circulando y necesito que por favor me ayuden a entender.
— Claudia Morales (@ClaMoralesM) December 15, 2024
Pido encarecidamente que la explicación sea justa y argumentada, no me interesan mezquindades políticas ni insultos.
Quiero entender para poder opinar, especialmente sobre el recorte al sector cultural. pic.twitter.com/A0iXWK50bi
Acá va una breve explicación que creo resume bien el estado en que nos encontramos hoy, antes de saber cuáles serán las medidas del presidente de la República, del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación.
El PGN se divide en tres partes. Si bien parece relativamente baja la no aprobación de los $12 billones extra que pedía el Gobierno, a través de la Ley de Financiamiento, tendríamos que ver que, de esos $511 billones, $112,6 billones están destinados al servicio de la deuda, aumentada por el Gobierno de Iván Duque de manera onerosa, y $327,9 billones para el funcionamiento del Estado.
Esto hace que de esos $511 billones, queden $70,5 billones para inversión. De estos, $57,4 billones (que corresponden al 81 %) son inflexibles y corresponden, entre otros gastos, a los compromisos adquiridos por Gobiernos anteriores a través de vigencias futuras, las rentas de destinación específica y fondos especiales, entre otros.
Eso deja un saldo flexible de $13 billones, aproximadamente, para inversión en todos los ministerios y entidades. El Gobierno pretendía el doble, para poder tener movilidad y honrar los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.
Esos $13 billones, por supuesto, priorizan las causas principales del Gobierno del Cambio: a saber, la educación, la salud, el agua y, finalmente, la reforma agraria. Es decir, de esos $13 billones, una vez descontadas las prioridades del Gobierno, queda un saldo limitado para los demás sectores como Trabajo, Minas y Energía, Ambiente, Ciencia, Deporte, Culturas, Defensa, Justicia, TIC, Comercio, Industria y Turismo, Presidencia (que lidera las instancias encargadas de implementar el acuerdo de paz), Inclusión Social, Igualdad y Equidad, entre otros.
Culturas había conseguido que se presentara un presupuesto que afectaba por supuesto lo que se había hecho este año, pero que garantizaba, con un recorte del 29 % en inversión, la continuidad de todas sus estrategias: Formación artística y cultural; Infraestructuras culturales para la vida; Economías populares; Memorias, saberes y territorios bioculturales; Cultura de paz; y Cultura colombiana en el mundo, en las que se enmarcan todos los programas de las direcciones del ministerio y de sus entidades adscritas.
En el caso de que la ley de financiamiento hubiese sido aprobada, estábamos listos para entender que debíamos hacer una gestión para ampliar recursos. El Gobierno del presidente Petro, como se puede ver en la siguiente imagen, ha sido el Gobierno que históricamente más ha aumentado el presupuesto de inversión en cultura e incluso, en el escenario del primer recorte, era aún mayor que cualquier año anterior.
Al no aprobar una ley de financiamiento que, insisto, se ha tramitado con éxito en todos los Gobiernos, la posibilidad de margen en la inversión es mínima, pues este ministerio ha hecho una enorme gestión del presupuesto de 2024: hemos comprometido el 92 % de los recursos; tenemos proyectos garantizados a través de vigencias futuras como la recuperación del Hospital San Juan de Dios (13 edificios, urbanismo, Torre Central con MinSalud); el Teatro César Conto, de Quibdó; el Museo Afro, de Cali; el centro cultural Margarita Hurtado, en Buenaventura; entre otros.
Estos proyectos representan $77.000 millones para 2025. Si protegemos el Programa Nacional de Estímulos, se van otros $33.000 millones, para un total de $110.000 millones. Lo cual nos deja un margen de $75.000 millones para repartir entre las direcciones del ministerio, incluidas la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Centro Nacional de las Artes. Por poner solo un ejemplo: si el Museo Nacional tuvo $19.206 millones este año, solo podría, en 2025, hacer inversiones (que incluye los contratistas) por $1.800 millones.
Entender esto es importante para que no se repita, según lo pude conocer, en chats y conversaciones de sectores a los que no les gusta este Gobierno, que estábamos advertidos desde hace unos meses, y que busco, como ministro, «pescar en río revuelto». Todo lo contrario, creo que antes de que sea irremediable, hay que alertar a todo el país cultural, incluyendo a quienes opinan de esa manera, que son beneficiarios de dineros públicos para sus proyectos, que se desfinanciará buena parte de las inversiones, y que no buscamos producir nada distinto a que el sector cultural de Colombia conozca cuál es la situación fiscal, y a qué podríamos atenernos si no hay salidas, que son las que está buscando este Gobierno. Una vez se encuentren esas alternativas, espero poder dar una noticia más alentadora.
El cambio es mostrar con claridad lo que ocurre, para que los ciudadanos puedan entender. Por eso, además, los invito a conocer y visitar www.sinic.gov.co, el nuevo Sistema Nacional de Información Cultural, en el que, cualquier persona puede saber con exactitud y precisión la ejecución presupuestal del ministerio y cómo y en dónde han sido invertidos los recursos públicos.
