Las últimas estadísticas en el país han sido desgarradoras en tanto a violencia contra la mujer se refieren. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de la lucha de la violencia contra la mujer y en el diario ‘El espectador’ los datos oficiales revelaron que 745 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que fue del año 2024, es decir, tres mujeres al día fueron asesinadas. Así mismo, la ONU en un informe también revelo que cada 10 minutos una mujer es víctima de feminicidio en el mundo. Con un lazo en común: las mujeres son asesinadas casi siempre por su pareja u otro miembro de la familia.
En la niñez es aun mas dolorosa los datos que registra medicina legal en relación a la violencia que padecen los niños, niñas y adolescentes. Es una deuda histórica la que el estado colombiano tiene con los niños y las mujeres y como cada vez que hay un escándalo en el país porque ha sido asesinado un niño o una mujer, salen los congresistas populistas a alzar la voz creyendo que en el papel y la norma se soluciona todo, solo quienes están en las regiones, sobre todo en las mas apartadas, en las que no hay vías terciarias siquiera, en aquella Colombia en el que la pobreza se desnuda a la merced del delito y se enfrentan cada día a los más dramas humanos que puedan haber, los personeros, los comisarios, los inspectores, los funcionarios y servidores públicos están solos, sin apoyo y sin respaldo para actuar; como cuando por ejemplo una mujer de vereda es víctima de violencia y la policía nacional no puede ir a hacer acompañamiento por razones de seguridad personal y por ordenes que vienen del excesivo centralismo, sin pensar si en ese momento pudieron salvar o no a aquella mujer que pide ayuda.
A los congresistas y al Estado le tenemos que decir que el reto está en la implementación real y efectiva de la ley 2126 de 2022, cuya ley dicta por ejemplo, la instauración de un aparato que alarmaría cuando el presunto agresor esta cerca a la víctima.
Nada de esto se cumple en la realidad de las regiones, por ello la cifra cada vez aumenta, como ex comisaria de un municipio rural y apartado lo expreso; pueden intentar crear normas, escandalizarse, puede el estado crear políticas publicas, pero sino hay recursos ni humanos ni pecuniarios en estos municipios con que darle aplicación a la norma seguiremos contando a las mujeres muertas y a la niñez de nuestro país.
Ahora bien, celebramos la reforma al SGP como un avance a la descentralización obligatoria en el estatus quo de Colombia, y lo celebramos porque con ella también podemos en materia de educación, educar a aquellos hombres que han naturalizado la violencia contra la mujer subyugada y subsumida al quehacer del hombre. Pasa lo mismo en la niñez, donde los niños, niñas y adolescentes son violentados por los mas cercanos, naturalizando casi siempre esas relaciones.
Este es un llamado urgente a redoblar todos nuestros esfuerzos y reorientar nuestras prioridades para que todas las mujeres y la niñez vivan una vida digna de transitar sin dolor.
