El pasado mes de octubre, la bancada antioqueña del Congreso de la República radicó una carta con una serie de propuestas a la Nación, al Departamento de Antioquia y Distrito de Medellín, a manera de acciones urgentes en la vía de garantizar el funcionamiento de la Universidad de Antioquia en el corto y mediano plazo.
En dicha misiva, a la Gobernación de Antioquia se le hizo la propuesta de aumentar en 5 puntos el IPC, para incrementar su aporte a la base presupuestal de la Universidad, lo cual significaría para la vigencia 2025 una suma de 6.000 millones de pesos adicionales al presupuesto anual que el Departamento le transfiere a esta institución.
Asimismo, se propuso la devolución o exención del recaudo del Impuesto Especial por Obra, que corresponde al 5% del valor total de cada contrato de obra que se le tributa al Departamento de Antioquia, por este concepto se estima un valor anual de 1.000 millones de pesos.
Sin embargo, estas propuestas no quedaron incluidas en el presupuesto del departamento para el 2025, el cual fue aprobado recientemente por la Asamblea de Antioquia por 6.8 billones de pesos, que representa un incremento del 17% respecto al presupuesto del 2024.
Si bien se habla de una priorización de recursos para la inversión social, entre ellos la educación, no existe ningún rubro extra destinado a atender no solo la crisis financiera actual de la Universidad de Antioquia, sino el llamado de los diferentes estamentos universitarios y del Gobierno nacional a que los entes territoriales también se sumen con recursos extra, en lo posible permanentes y no transitorios.
En el articulado del presupuesto aprobado se aclara que cualquier aporte adicional, para financiar un proyecto específico de inversión, no sumará en la base presupuestal para los años siguientes, es decir, no compromete un incremento en los aportes que hace el departamento a la Universidad.
