Hace tres años las calles estaban llenas de pueblo, en reclamo y rechazo contra las élites, sus modos de gobernar y sus prácticas hegemónicas de poder basado en represión, clientelismo, control y fuerza desproporcionada para impedir el derecho a la protesta, que ponía al descubierto que Colombia es un país de contrastes, de una persistente y compleja realidad que oscila entre la crisis y la tragedia social, económica, política y ambiental, con causas en los modos de acción del poder hegemónico tradicional de élites, clanes, partidos y mafias que han generado discursos y practicas negacionistas, de impunidad y naturalización de horrores y crueldades que tienen a la nación profundamente averiada, aunque se le induzca a creer que bastan normas, leyes y formalidades para superar su tragedia.
Las partes que configuran el mapa del país averiado empiezan con la desigualdad como barrera histórica de primer nivel que lo coloca como uno de los más desiguales de América Latina y del mundo, con 5 ricos dueños de la mitad de la riqueza total y un coeficiente Gini de 0.52 (B.M 2022), que indica la alarmante brecha entre ricos y pobres, aumento de discriminaciones y estimulo de violencias e inseguridades, sostenidas con un 40% de población en pobreza multidimensional, y un 11% en pobreza extrema, exacerbada por la pandemia usada para encubrir desvíos de recursos de estado e incrementos de la deuda y despojo al estado. Desigualdad con expresión en ingresos personales muy bajos; instituciones desfinanciadas; 2.5 millones de jóvenes sin estudio ni trabajo; salud desmantelada por más de 25 EPS de empresarios y políticos que saquearon sus recursos; carestía en servicios básicos de agua, electricidad y gas en manos de empresas privadas y costos impagables.
La corrupción ha sido otro lastre que tiene al país en el puesto 91 de 180 (índice de transparencia internacional) reflejo de una gestión pública y privada corroída y a salvo con estrategias de impunidad que minan la confianza en las instituciones, drenan recursos vitales para el desarrollo y tienden a perpetuar ciclos de pobreza, violencia y exclusión. La corrupción representa una pérdida económica de alrededor de 50 billones de pesos anuales, afectando el tejido social, el estado de derecho y la realización de derechos.
Por el daño estructural provocado solo en este siglo, se destacan Reficar (Refinería de Cartagena) con el saqueo de 5 billones de pesos por ampliación y modernización de la refinería; Odebrecht que entregó sobornos a partidos tradicionales, un candidato presidencial del C.D, empresarios y altos funcionarios de los gobiernos de la seguridad democrática que negociaron sobornos por 32 millones de dólares para entregar contratos de infraestructura en el país; Carteles de la hemofilia, que desviaron 86.000 millones de pesos mediante falsos tratamientos médicos; SaludCoop (EPS) que desvío cerca de 1,4 billones de pesos, destinados al sistema de salud pública; Interbolsa con el mayor fraude financiero por 300.000 millones de pesos; Programas de alimentación escolar (PAE) con el saqueo de 85.000 millones de pesos, incluyendo sobrecostos y entrega de alimentos en malas condiciones; Fidupetrol con sobornos a magistrados de la Corte Constitucional y; el caso Abudinem con el saqueo de 70.000 millones de conectividad. Todo antes del gobierno popular.
La violencia de la guerra prolongada degeneró en barbarie, mezcló intereses de mafias con política y sigue en el trazado de sus propósitos con 400 líderes sociales y 400 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz (Indepaz), y la secuencia de masacres, aunque menor que en la década anterior, con reporte de 94 hechos en 2023. Los estrategas de la política con sangre mantienen la orden e intactos sus vínculos desde estructuras del estado para impedir los cambios y fomentar la fragmentación territorial que alimenta el odio y la continuidad de la guerra como parte de la política.
El medio ambiente como otro factor del país averiado fue convertido en un tesoro amenazado y a pesar de ser el segundo país más biodiverso del mundo, hay miseria, hambre y sed, solo entre 2000 y 2020, se perdieron 3 millones de hectáreas de bosque por deforestación, minería y ganadería extensiva, y se suman las consecuencias del cambio climático, el aumento de temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia, que ponen en riesgo la seguridad humana, la vida con bienestar y los ecosistemas del país y las tierras despojadas siguen en poder de paras, empresas y parapoliticos.
Gobernabilidad y democracia cierran las averías, con instituciones debilitadas expuestas a narrativas y prácticas de engaño, polarización política, disposición a desvíos del sistema electoral y degradación de las voces que debían representar al pueblo en el congreso, cortes de justicia cuestionadas y actuar de grupos de poder tradicional confabuladas hacia un Law-Fare. Con apología del odio, por pura sumatoria generan un ambiente de inestabilidad democrática, ingobernabilidad y hostigamiento desde militancias rabiosas al micrófono, que complican la formulación de políticas públicas coherentes e impiden celeridad en los cambios y eficiencia del sistema burocrático estatal.
El diagnóstico de un país averiado, en el cumpleaños del estallido es mucho más, e indica sin objeción, la necesidad de que hay de aprobar las reformas que espera la población colombiana que se pronunció en las calles y que ratificó en las urnas sus demandas de cambio por reformas profundas y comprometidas con la construcción de paz y la consolidación de la sociedad de derechos para sanar fracturas, sumando esfuerzos colectivos y seguir la ruta del gobierno popular bajo principios comunes de justicia social, equidad, sostenibilidad y reconocimiento de que como seres humanos habitantes de este país averiado se puedan solucionar estas problemáticas con voluntad política y participación ciudadana, como primer paso para reconstruir una nación más cohesionada, armónica y defensora de la vida con dignidad y con la tranquilidad que trae paz y solidaridad.
