La Ley 30 de 1992 surgió en un contexto histórico peculiar, durante el segundo año de la presidencia de César Gaviria, un periodo marcado por la implementación del modelo neoliberal en Colombia. Aunque el neoliberalismo podría rastrearse antes de su gobierno, Gaviria impulsó abiertamente políticas de “apertura económica”, cuyas implicaciones también afectaron la educación. En este marco, la Ley 30 se formuló bajo un gobierno cercano a los principios neoliberales. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿qué consecuencias ha tenido esta ley desde su promulgación?
En su artículo 2, la Ley 30 define la educación superior como un “servicio público cultural”. Al ser tratada como un servicio, se genera una competencia entre quienes buscan acceder a ella, lo que acentúa desigualdades económicas, sociales y capacitistas. Esta situación evidencia la marcada inequidad que atraviesa el país, ya que, a diferencia de la educación básica y media, la educación superior no es reconocida como un derecho. Por ende, no todos los colombianos tienen garantizado su acceso.
Por otra parte, los artículos 86 y 87 de la ley abordan la financiación de las instituciones de educación superior pública. Aquí surge una cuestión clave: ¿a qué tipo de instituciones se refiere exactamente? ¿Solo a universidades públicas? Tras más de 24 años, los resultados de este esquema de financiación han sido problemáticos. Muchas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica Nacional, enfrentan graves crisis económicas. Esta precariedad las obliga a depender de la venta de servicios, lo que limita su capacidad para desarrollar investigación y producción académica de calidad al servicio del país y del bienestar colectivo.
A lo largo del tiempo, diversas movilizaciones han buscado reformar esta ley. Un ejemplo destacado es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), un movimiento que involucró tanto universidades públicas como privadas, y que surgió en respuesta al intento de reforma unilateral de la Ley 30 por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Dicho intento, liderado por la entonces ministra de Educación, se realizó sin consultar a los actores educativos y desencadenó masivas protestas nacionales, acompañadas de una fuerte represión y estigmatización hacia el movimiento estudiantil.
¿Cómo avanzar hacia una reforma a la Ley 30?
El camino hacia una reforma significativa requiere movilización y formación conjunta. Es indispensable estudiar la historia, analizar las políticas públicas vigentes y reflexionar sobre si es necesaria una reforma profunda o una nueva ley de educación que responda a las demandas de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
La unión entre los distintos estamentos de las instituciones de educación superior —estudiantes, docentes y trabajadores— es esencial. Este esfuerzo colectivo debe centrarse en dignificar tanto los derechos laborales como el derecho a una educación pública de calidad que fomente el desarrollo integral y la equidad social. Además, es crucial vincular estas luchas con los procesos de paz y reconciliación del país, para avanzar hacia una Colombia más justa y habitable.
Finalmente, en un momento en que los movimientos universitarios parecen haber perdido fuerza, resulta urgente revitalizarlos. La exigencia de una educación digna, pertinente y accesible debe ser una prioridad, no solo para las comunidades educativas, sino para toda la sociedad. La historia nos demuestra que el cambio es posible cuando la movilización y la formación trabajan de la mano.
