Este año completé 15 años de trabajo profesional alrededor de la Construcción de Paz en Colombia. Desde 2010, con organizaciones de Derechos Humanos, Sociales y Políticas, rodeamos con fuerza el anhelo histórico de salida negociada al conflicto armado interno de 60 años iniciado en 1964, guerra entre el Estado Colombiano, las FARC y el ELN. Instalada la mesa durante la administración Santos en 2012, empezamos un trabajo de generación de propuestas en los 6 puntos de negociación, y luego, por mi trayectoria con organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, fue posible mi participación en la mesa de negociación directamente con el apoyo técnico y político para la inclusión del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Así mismo, fue posible, junto con las organizaciones, incluir una mirada especial a la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de Drogas Ilícitas, puntos centrales del Acuerdo.
El histórico Acuerdo de Paz de 2016
Celebramos en Cartagena el histórico Acuerdo y Colombia se volvió un referente mundial de paz. Lamentamos que no fuera posible una mesa conjunta con el ELN, pero ahí la consigna era avanzar con unas comprometidas FARC, así como un gobierno jugado por el Acuerdo. Hicimos campaña con pasión a favor del #SíalaPaz en medio del plebiscito en 2016 y sufrimos el resultado minúsculo donde el No se impuso en medio de la poca pedagogía de lo Acordado por parte de Santos y del desprestigio a los puntos del Acuerdo por parte de la oposición, que inauguró el uso de las redes sociales como instrumento de odio en unas contiendas electorales. Vino la puja entre las partes, la presión internacional, el ajuste y la firma final en el Teatro Colón en Bogotá en sombrío escenario, como el nombre del teatro, pero, sin embargo, nuestra voluntad fue férrea con el sueño de paz para el País.
Vino la implementación y de ahí una gran lección de vida entre lo que teóricamente se ha categorizado como Paz Negativa y Paz Positiva. Se ha celebrado en los procesos de paz en el mundo históricamente el silenciamiento de los fusiles por las partes en el conflicto armado, especialmente de las insurgencias. Ahí, una Paz Negativa donde los orígenes y condiciones que hicieron la guerra no se tocan. Pero, dado que esta agenda del Acuerdo de 2016 tenía unos puntos de fondo, un Capítulo para Pueblos Indígenas y Negros y de Género nunca incluido en otros Acuerdos de Paz, unos temas claves como Reforma Agraria y Solución al problema Global de Drogas Ilícitas, pues la expectativa de Paz Positiva, con cambios estructurales en Colombia, fue alta.
Con la firma del Acuerdo, hice parte del equipo consultor y asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos – IEANPE, que tenía un relacionamiento directo con la también recién creada Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz CSIVI, máxima instancia del Acuerdo y donde representantes del Estado Colombiano y de las FARC orientaban la implementación del Acuerdo. La CSIVI, además, es acompañada de los Garantes Internacionales del Acuerdo e Institutos de Estados Unidos como el KROC de la Universidad de Notre Dame. Ahí empecé a ver las falencias en la implementación de primera mano de la administración Santos, que, aún con premio Nobel de Paz a la mano, luego de ese hecho muy importante para él, dejó ya el Acuerdo huérfano de una arquitectura institucional sólida que lograra el proceso de implementación del Acuerdo de Paz que en sus 6 puntos contiene una agenda de profundización de la Constitución Política de 1991.
Santos y la falta de Arquitectura Institucional para cumplir el Acuerdo y sin recursos exclusivos para la implementación
El Acuerdo de Paz, a diferencia de unas pocas entidades de lo que hoy se llama el Sector Paz de Presidencia: la Agencia de Renovación del Territorio, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, antes Alta Consejería de Postconflicto, no creó al interior del Estado Colombiano capacidad institucional real para la implementación del Acuerdo. Como lo denuncian hoy los firmantes del Acuerdo, más del 90% que siguen en la agenda de paz, según las cifras de la Agencia de Reincorporación y Normalización, “el interés de Santos era quitarle las armas a las FARC pero no cumplir el Acuerdo”.
Esa arquitectura era más que necesaria en tiempo de Santos, que luego de la firma tuvo 1 año y medio de gobierno, dado que con la pérdida del plebiscito ya era claro que el Uribismo, que llegó con el mandato de hacer trizas la paz, iba a tomar las riendas del poder político del 2018 al 2022, años claves para la implementación. Con Santos pude interactuar con él en ese entonces y hoy ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con Rafael Pardo como Consejero de Postconflicto y Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, y esa ya no era la prioridad. No había recursos de Estado sólidos ni para financiar las Instancias de Género y Étnica, ni para el trabajo de la CSIVI y la necesaria pedagogía de paz para la implementación.
Aún con el Plan Marco de Implementación que dejamos proyectado en al menos 129,5 billones de pesos para la implementación del Acuerdo de Paz en 2016, tampoco dejaron recursos amarrados para el cumplimiento, ni vigencias futuras sólidas o un préstamo internacional con recursos exclusivos para la implementación, tipo la financiación del metro de Bogotá y otras propuestas que he explorado en otros artículos. Ver: Carta a Petro: consideraciones para impulsar elAcuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Duque: hacer trizas la paz desde la Simulación de la Implementación del Acuerdo
Vino Duque y el avance fue casi nulo. Con la administración Duque y desde trabajo en una IEANPE que financiaba el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas con un presupuesto paupérrimo, vi cómo se perfeccionó una estrategia de “Simulación de la implementación del Acuerdo de Paz”. De esta manera se entendió la histórica oferta institucional del Estado en municipios como los denominados PDET, y que se esperaba en poco tiempo fueran una inspiración de “desarrollo” para el país, terminaron sumando las inversiones, del orden municipal, departamental, de cooperación internacional y nacional como recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.
Por eso, en la herramienta Sistema de Información para el Postconflicto SIIPO del Departamento Nacional de Planeación se ven exorbitantes cifras de cumplimiento del Acuerdo de Paz por encima del 70% y 80%. Eso sumado a que la mentira técnica se complementaba con que las metas de cada Ministerio y Sectores del Estado se las ponían ellos mismos por año y sobre esa base reportaban. Así fue que la Contraloría General de la República salió a impugnar en sus informes las cifras de la implementación ante municipios PDET con aparentes grandes inversiones del Estado, pero donde se contaban los programas y proyectos previos al Acuerdo de Paz. Ver informe de la Contraloría General de la República 2023.
Lo poco de recursos exclusivos, unos 8 billones de los OCAD Paz, hoy tienen en la cárcel y en investigaciones muy graves de la Fiscalía a altos funcionarios de la administración Duque. (Ver artículo en El Espectador). Las obras se concentraron como pago electoral y solo en los municipios afines a su proyecto político. Mientras tanto, las desigualdades y la falta de credibilidad en la paz fueron cada vez más visibles en los territorios. La cooperación internacional va en unos 2 billones. Sumando todo, con los recursos del Estado, quizás tenemos unos 15 billones para la implementación en 8 años. Según cálculos propios y compartidos por la Contraloría, actualizando el PMI de 2016, la necesaria reparación a las víctimas y las obras urgentes para creer en la Paz Total, necesitamos unos 300 billones. Ahí el cuello de botella sin resolver.
Petro entre la promesa y la realidad de Implementar el Acuerdo de Paz para la Paz Total
Llegó Petro con este acumulado y la promesa de campaña de cumplir el Acuerdo de Paz como base para la Paz Total. Hay unos avances significativos en la Reforma Agraria; 200 mil hectáreas nuevas adjudicadas al campesinado son una realidad sin precedentes en el país en la historia reciente. Ese campesinado que hay que cuidar y proteger como garantía de futuro de los ecosistemas y de la soberanía alimentaria de la que se habló en la COP16. Otros temas vienen avanzando como una estrategia de interdicción para el tema transnacional del narcotráfico y la Nueva Política de Drogas. Sin embargo, acá me tocó ver las cosas desde la otra orilla. Coordinando por 1 año, el equipo de la Reforma Rural Integral y de Solución al Problema de Drogas Ilícitas de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Presidencia, me encontré con los problemas heredados de Santos y Duque, la dificultad estructural para subsanarlos.
Por un lado, sin arquitectura sólida para la implementación del Acuerdo no vamos a tener resultados. Los Ministerios no tienen equipos de Paz a nivel nacional y menos a nivel territorial, a excepción de algunas experiencias que se cubren con contratistas de prestación de servicios, que tienen, entre otras muchas funciones, las de paz, o apenas hay uno o dos asesores exclusivos en el despacho de los ministros. De esta manera no hay con quién interlocutar sobre la implementación del Acuerdo, ni personal especializado y sin la plata exclusiva para hablar de cumplimiento de los compromisos derivados de la firma del Acuerdo o del Plan Marco de Implementación. El trabajo era en un círculo vicioso. Por otra parte, heredado de la agenda de simulación del acuerdo, el trabajo se reducía a trabajar con las oficinas de planeación de las entidades, más preocupadas por reportar en el Sistema de Información para el Postconflicto SIIPO del DNP, que por la transformación de los territorios para la Paz Total.
Yo no estaba en el gobierno, pero celebramos que en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro se hubieran destinado 50,4 billones de pesos para la implementación del Acuerdo. Luego, ya trabajando en Presidencia, viendo las cifras en detalle y revisando de nuevo la herencia de los dos gobiernos anteriores, pues la mitad de la plata era para funcionamiento de los ministerios, y no exclusiva para personal para la paz, como ya se dijo, y gran parte del resto, oferta histórica institucional, planes y proyectos que con o sin Acuerdo de Paz se venían implementando en los territorios. Una mirada que nunca compartí de algunos colegas de la Unidad es que, según ellos, plata sí había, pero era un tema de ir a “gestionar” en los Ministerios y los Sectores para que la asignaran al Acuerdo.
Un día, hablando con un asesor de despacho del Ministerio de Transporte con 20 o más años en la nación, que sin plata exclusiva, las vías secundarias y terciarias que les prometimos a los municipios más afectados por el conflicto, los PDET, no se darían, dado que el presupuesto está en las grandes obras de infraestructura del país o se direcciona donde hay más votos electorales. Así es claro que con un presupuesto limitado como el colombiano, con el 50% del Producto Interno Bruto destinado a pagar “deuda externa”, propia de la herencia colonial y extractivista de nuestra economía, pues que no se van a redireccionar, por ejemplo, una obra como el metro de Bogotá, para ir a cubrir las vías fluviales y terrestres del Chocó.
Así que en la administración Petro, seguimos en la encrucijada, en medio de contar con personal técnico y político con todo el interés de cumplir el Acuerdo de Paz. No sólo faltaba la voluntad política, como habíamos dicho, de los dos gobiernos anteriores. Tampoco es un tema de que este gobierno no tiene la “técnica” para cumplir, sin desmerecer las críticas propias de 2 años de aprender a ser poder nacional (Ver).
Es un asunto al estilo del Plan Marshall de recuperación de la Europa de la Segunda Guerra Mundial: Es urgente plata exclusiva para la implementación y un Estado sólido con una capacidad institucional para hablar de paz. Le quedan 2 años de gobierno a Petro para poder pasar su gran agenda política de Paz con la Naturaleza a acciones concretas para seguir impulsándola. Aumentar el tiempo de la implementación a 2038, 7 años más de lo inicialmente proyectado y que ha sido anunciado, es un gran paso, recuperar las Instancias que creó el Acuerdo, seguir hablando de Reforma Agraria, buscar rodear a los firmantes y líderes sociales que siguen siendo asesinados, y una estrategia global de Solución al Problema de Drogas Ilícitas que contiene el Acuerdo es muy importante.
En lo personal, creyendo en la agenda de Paz por encima de cualquier personaje, con interés de seguir empujando este momento político, sigo esperanzado en que con la implementación de este Acuerdo de 2016, se dé luces de esperanza para los y las jóvenes, cada vez más desafortunadamente en las llamadas “disidencias” de las FARC, el ELN, y las estructuras armadas del Clan del Golfo y otras estructuras criminales urbanas, para que vean en la paz del país una esperanza de vida para su futuro. Con obras que son corazones como dice el refrán empujar la agenda de Paz Total donde seguimos comprometidos. No nos merecemos menos que eso tras más de 500 años de guerra y despojo heredado de la llegada del invasor europeo al Abya Yala.
#ReneAlfonsoGaravitoLibre
Cerrar esta columna con el clamor de libertad del Indígena del Pueblo Makaguan de Arauca Rene Alfonso Garavito hoy ya con 59 día de secuestro (Ver comunidado de CENPAZ)
