El escenario escogido por el procurador Alejandro Ordóñez para su particular “consejo” comunitario fue la sede del Consulado en Madrid. Eran unas 120 personas entre víctimas de la guerra y de las mafias de las pensiones. Una a una fueron contando historias muy duras de colombianos exiliados que hacen maromas para llegar a fin de mes, en el mejor de los casos, o literalmente aguantar hambre en un país cuyo riesgo de pobreza y exclusión social alcanza al 29% de su población según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística de España (INE).
En medio de ese reguero de tristezas el Procurador achacó el problema, en el caso de las pensiones, a un formulario elaborado en 2008 que no tenían casilla para poner una cuenta de correo para una muy futura respuesta telemática. Hasta aquí, lo que parece un chiste de muy mal gusto termina siendo un obstáculo complejo de proporciones mayúsculas si tenemos en cuenta que estamos hablando de colombianos que tuvieron una vida laboral en Colombia, pero que lo dejaron todo: unos huyendo de la guerra y otros huyendo de la pobreza.
A miles no se les encuentra y a otros miles, cuando van a que los encuentren, no se puede porque los consulados, según la procuradora delegada para asuntos de trabajo, Diana Ojeda, “no están autorizados para recibir y manejar esa información” y Colpensiones no tiene oficinas en el exterior. Así que pailas.
Pero no es solo un problema de información, recepción de solicitudes, trámite de esas solicitudes, resoluciones y notificaciones. Es una situación que va mucho más allá; que se salió de las manos y que tiene en riesgo el buen funcionamiento del Convenio de Seguridad Social firmado por el Reino de España y Colombia. Un convenio con delegada en Madrid, oficinas, funcionarios, instalaciones pero que un humilde mortal no sabe para qué sirve, quién lo sostiene o a qué se dedica.
El procurador Ordóñez junta ese problema con otra serie de problemas que al final terminan convertidos en una definición demoledora: “es un problema operativo”. Es decir, hay plata para pagar, pero operativamente no se puede pagar. El estado de cosas ha llegado tan lejos que ante el desorden y la negligencia la Corte Constitucional tuvo que intervenir Colpensiones, la nueva administradora de pensiones en más del 90% de casos de los colombianos que nos encontramos fuera, según datos de la Procuraduría, y que recibió la herencia maldita del antiguo Seguro Social.
Colpensiones es algo más que un despelote. Colpensiones es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que incumple los fallos de tutela, que no informa, que no tramita, que no sabe dónde notificar a miles de usuarios y que no responde porque es un agujero negro del Estado donde es difícil saber a ciencia cierta qué está pasando.
Y claro, este caldo de cultivo de protestas y desgaste para el gobierno de Juan Manuel Santos es aprovechado por desaprensivos de la moral como el procurador Alejandro Ordóñez, para emular al patrón del Ubérrimo y montar en las propias narices del Ejecutivo en el exterior una especie de consejos comunitarios a los que asisten colombianos desesperados, desorientados y desinformados que le suman un requisito más a los tres que se necesitan para obtener la pensión en Colombia: semanas obligatorias de cotización, edad de jubilación, abogado y encomendarse al mismísimo procurador, perdón, redentor.
