Convencidos de la necesidad de insistir, persistir y no desistir, varios grupos de maestros y profesionales provenientes de las luchas del Movimiento Pedagógico: Movilización Social por la Educación, Movimiento Expedición Pedagógica Nacional, Campaña por el Derecho a la Educación, Movimiento por la Educación de Jóvenes y Adultos, y diferentes redes y colectivos pedagógicos, han venido promoviendo, desde que comenzó el gobierno del cambio, una serie de iniciativas que buscan ayudar a concretar la mayor cantidad de reformas posibles y que redireccionarían el andamiaje regulatorio que debilitó la posibilidad de que el Estado pudiera garantizarle el derecho a la mejor educación a todas las personas, y a avanzar en la erradicación del odioso apartheid que caracteriza nuestro sistema educativo.
Este, el apartheid, es uno de los más vergonzosos legados que nos han dejado las políticas de los gobiernos anteriores; se trata de la segregación, por clases sociales y por etnias, entre quienes lo tienen todo para garantizar un futuro de vida digna, y quienes no tienen, desde que nacen, la posibilidad siquiera de soñarla.
Desde que comenzó este gobierno, este movimiento se propuso acompañar al Ministerio de Educación Nacional para que emprendiera una reforma de la educación que cambiara las políticas de los últimos veintiséis años. Dichas políticas debilitaron la educación pública, implementado un modelo de gestión basado en la mera regulación de modelos estandarizados, interesados solamente en la medición de resultados, sin garantizar condiciones para que la escuela y la educación superior, en su autonomía, pudieran desplegar su potencial pedagógico. El énfasis del modelo estuvo en la administración de un sistema de aseguramiento de la calidad, que poco o nada la fomenta, solo la regula.
Para el caso de la educación superior, el gobierno ya cambió el decreto 1330 de 2019, que había impuesto una engorrosa fórmula para que las instituciones obtuvieran sus registros calificados que autorizaba la oferta de sus programas académicos; todo terminaba en un sistema de control y regulación que reducía todo esfuerzo académico a una fórmula simplificadora de los procesos pedagógicos, llamada “resultados de aprendizaje”. Ahora falta modificar el Acuerdo 02 de 2020, del Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, que también complicó muchísimo el proceso para alcanzar la acreditación de calidad. La idea es que el movimiento universitario pueda ayudar al gobierno a que proponga unas fórmulas realmente estimulantes para que el Estado, en lugar de quedarse como árbitro “vigilando” la calidad, se comprometa con fomentarla, creando las condiciones para conseguirla.
Con respecto a la educación preescolar, básica y media, habría que trabajar por lo menos en dos direcciones: modificar la Guía 34, que establece los mecanismos para realizar la autoevaluación institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente a su desarrollo; esta guía es un monumento a la burocracia, la tramitología ineficiente y el desgaste administrativo que acabó con cualquier iniciativa pedagógica creativa y novedosa.
El otro asunto es el de la formación permanente de maestros. Desde hace más de veinte años el Estado abandonó su responsabilidad con esta tarea; es un asunto económico, que se resolvería si se reforma el SGP, para que le llegue más dinero a las Secretarías de Educación y estas se comprometan a reactivar y financiar los Comités Territoriales de Formación Docente que por Ley deberían funcionar en todas las entidades territoriales certificadas.
Pero no es así. A cambio los gobiernos anteriores crearon, con recursos del Crédito (Banco Mundial), el programa Todos a Aprender (PTA), un proyecto que, no solamente vuelve a instrumentalizar la labor del maestro, sino que empobrece la visión que se tiene de la escuela, reduciendo su compleja tarea a trabajar con unas guías simples, en dos áreas del conocimiento; de esta manera convierten al maestro en objeto de intervención sobre el supuesto de que es él y no las condiciones en las que realiza las prácticas, el responsable de los resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas Es urgente que el programa se abra a todos los maestros y a todos los ámbitos de la escuela, pero con un verdadero sentido pedagógico.
Algo de eso está en camino, de hecho ahora se llama Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTA+FI); ojalá se consolide y se convierta en una verdadera estrategia de formación de maestros en ejercicio, donde no sean tratados como discapacitados, sino como sujetos de saber, con autonomía intelectual, capaces de aportar, con un buen acompañamiento pedagógico, al mejoramiento las de instituciones educativas.
El grupo de movimientos del que hablamos se han organizado en una nueva plataforma, denominada Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica – MTEP -, y espera seguirse ampliando con la participación de otras organizaciones sociales. En su agenda, el MTEP le ha propuesto al gobierno comprometerse con:
- Una interacción creativa con el territorio y sus particularidades. En este propósito, darle lugar a una participación efectiva y democrática a las comunidades para que se articulen al mundo de la escuela. Para ello propone activar los Foros y las Juntas: Nacional Departamentales y Municipales, y devolverle el carácter político al Foro Educativo Nacional convocado, por ley, cada año desde el Ministerio de Educación.
- Una estrategia de formación de maestros en ejercicio, desde las regiones, que garantice el diálogo entre pares y la producción de un saber capaz de devolverle la pedagogía a la escuela. Para el caso de las Escuelas Normales, sacarlas del limbo jurídico en que se encuentran desde 1996.
- Ayudar a pensar una política pública de educación rural que atienda las particularidades de los territorios.
- Asumir desde el aula los retos de la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías de la comunicación que emergen hoy en el mundo, en clave pedagógica, y su relectura en perspectiva de la transformación propuesta.
- La vinculación de la escuela a las dinámicas eco-ambientales de los territorios y de las comunidades e involucrar a todos los actores sociales en una política socio-ambiental sostenible.
- La promoción de una política educativa que se comprometa efectivamente con la paz; esto supone el fortalecimiento de las relaciones interpersonales dialogadas, como vía para tramitar los conflictos; el impulso a proyectos de vida digna; la defensa de los derechos humanos; la toma de conciencia de las violencias estructurales y simbólicas; el fortalecimiento de los programas creados en el Acuerdo de Paz, vinculando a la escuela a las acciones de perdón y búsqueda de la verdad, como caminos de sanación.
- Definir estrategias que nutran la discusión pedagógica en torno a lo que significa currículos interculturales, prácticas pedagógicas que reconozcan la diversidad cultural y lingüística, y el reconocimiento de saberes tradicionales; fortalecer la formación de maestros etnoeducadores y el respeto a la educación propia de los pueblos ancestrales. El Estado debe garantizar los recursos para resolver problemas estructurales que viabilicen los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), reconocidos por la Ley, y el nombramiento concertado de docentes de apoyo, afrodescedientes e indígenas, con apropiación identitaria y experiencia en diversidad.
Los puntos enumerados están plasmados en una declaración (https://publuu.com/flip-book/704882/1567455) que recoge las conclusiones del gran Foro Pedagógico Nacional que se llevó a cabo de manera virtual el pasado 28 de septiembre del año en curso (https://www.youtube.com/watch?v=TOVu7XK_pA4). Allí se constató que hay maestros, escuelas y comunidades que ya trabajan en estas direcciones; lo que se busca también es articular esos esfuerzos.
Se trata de reformas que pueden depender de normas del gobierno nacional, o incluso de gobiernos locales. Hay otro tipo de acciones que dependen de los cuerpos directivos de las instituciones y de los de movimientos sociales que se comprometan desde sus agendas programáticas.
Hay una ruta trazada. Dichas reformas tomarán más de cuatro años. Si este gobierno escucha y apoya iniciativas como la que aquí mencionamos, seguramente avanzaremos, por fin, en la construcción de lo que la constitución del 91 nos prometió: el Estado Social de Derecho.
