La Conferencia de las Partes en el presente año no deja de sorprender como de maravillar, bastaba con llegar a los diferentes escenarios de discusión que proponía el evento, para darse cuenta de los debates, las perspectivas y las tensiones que supone abordar la crisis que ha puesto en tela de juicio la sobrevivencia de la vida humana, la crisis climática.
Es así como la COP 16 mediante los elementos simbólicos y discursivos presentes en los diferentes espacios, proyectó la dialéctica de crisis. Por un lado, los jefes de Estado discutían las acciones urgentes y compartidas que debían emprender, por el otro, se pensaba en acuerdos con el gran capital, para afrontar una crisis que en función de la maximización de sus ganancias y de la protección de sus intereses, se ha hecho más aguda y compleja de abordar; por el otro, sectores políticos, entre esos el partido al que pertenezco, el Partido Alianza Verde, discutía desde principios hasta rutas de acción para materializar en las diferentes instituciones del Estado en las que se tiene injerencia, acciones que permitan transitar del paradigma de la acumulación al de la protección de la vida en todas sus formas; y por otro lado, los movimientos sociales reclamando lo que en nombre del desarrollo se dejó por fuera: la justicia ambiental, el equilibrio ecosistémico.
En esto último quiero detenerme, puesto que hay algo en lo que se coincide en las diferentes discusiones: hay un diagnóstico claro sobre los impactos ecosistémicos que el discurso del desarrollo y las grandes industrias han dejado a nivel ambiental, social, político y económico. Ya lo decía el presidente Gustavo Petro en su discurso de apertura “la codicia de la ganancia está a punto de destruir la vida” y así lo comprueban los datos del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia al enunciar que un 25% de los ecosistemas en Colombia se encuentran en estado crítico.
Por esto prefiero referirme a los grandes retos que devienen para quienes ocupamos cargos de representación política en las corporaciones estatales, puesto que la COP 16 debe servir precisamente como oportunidad para trazar rutas de acción colectivas. En esta medida, coincido con las conclusiones producto del encuentro del Partido Alianza Verde, en lo que respecta a lo urgente que resulta trabajar para materializar transiciones energéticas justas, que permitan la producción de energía limpia basada en fuentes renovables, en la justicia distributiva y la autonomía de las comunidades. Así mismo, concuerdo con el planteamiento de sumar esfuerzos que devengan en soluciones a los problemas de salud pública y de contaminación de ecosistemas, derivados de actividades extractivas como la minería.
Lo anterior requiere como partido, asumir una postura radical frente a la defensa de la vida y los bienes naturales. Posición que implica promover y apoyar iniciativas legislativas y de control político encaminadas a la protección de los ecosistemas, como lo es hoy el decreto 044 de 2024 del Ministerio de Ambiente y la hoja de ruta de la Transición Energética Justa del Ministerio de Minas y Energía que en buen momento propuso el gobierno de Gustavo Petro. Lo anterior, aunque pueda generar tensiones con el gran capital, especialmente el minero y el de hidrocarburos, debe asumirse sin medios tintes, a la altura de la crisis ecológica que atraviesa el planeta.
A su vez, las comunidades y los movimientos sociales se han encargado de construir desde lo territorial y teniendo presente sus vocaciones económicas y la protección de los ecosistemas, propuestas de transición agrícola, como en el caso del Suroeste de Antioquia con la propuesta de Distrito agroecológico y cultural y en Nariño y el sur del Cauca con los Territorios Campesinos Agroalimentarios- TECAM. El Bajo Cauca Antioqueño también desde su vocación económica, de tradición minera, propone un distrito Agro-minero y pesquero que permita por un lado la formalización de los pequeños mineros y la tecnificación de la pequeña minería, y por el otro la diversificación productiva de la subregión.
En esta medida, desde las diferentes corporaciones gubernamentales, es preciso apoyar desde el lugar que ocupemos estas importantes iniciativas, a la vez que se aterriza el Plan de acción que se derive de la COP 16 y los acuerdos allí firmados. Así mismo, queda el reto de consolidar un sistema general de participaciones ambientales que permita a la sociedad colombiana dar debates amplios y vinculantes que posibiliten tramitar los conflictos socioambientales a nivel territorial, puesto que una de las grandes reflexiones que deja la Conferencia de las Partes es que la paz con la naturaleza se construye desde el equilibrio en las dimensiones: ambiental, social, económica y política.
