La siembra de palma de aceite en las zonas de protección ambiental de los embalses de Matuya y Playón, ha llevado a los campesinos de María la Baja y Carmen de Bolívar (Bolívar) a liderar diferentes acciones jurídicas y de movilización. Afirman que estos cuerpos de agua están en riesgo ambiental por la continua contaminación y deforestación que la expansión de la palma está causando en la zona.
Los embalses de Matuya y Playón, creados para surtir el distrito de riego de María la Baja, han sido utilizados históricamente por las comunidades campesinas y étnicas para el desarrollo de sus prácticas agrícolas y pesqueras, quienes no comprenden en qué momento y bajo qué medidas fueron adjudicadas estas tierras para uso privado:
“La represa cada día está más pelada, están cortando todos sus árboles y Cardique no se pronuncia. Cuando uno va allá que le adjudiquen un pedazo de tierra al lado de la represa, ellos dicen que eso no se puede adjudicar porque está en zona de reserva, pero sabemos de personas que viven dentro de la orilla de la represa y sí se las adjudican”, expresó uno de los campesinos durante la visita de acompañamiento realizada por la Defensoría del Pueblo, la Corporación Desarrollo Solidario y representantes de la Mesa de Interlocución y Concertación.
Contaminación
Durante los recorridos realizados por esta comitiva se pudo evidenciar cómo los cultivos de palma alcanzan bordes de las represas, a pesar que las regulaciones establecen que debe existir una franja de protección de al menos cinco metros desde las aguas. En el agua de los embalses se encontraron desechos de cultivos y de empaques de insumos químicos, lo cual es preocupante dado el alto nivel de toxicidad de los mismos.
“Antes en cualquiera de nuestras fincas encontrábamos los ojos de agua, hoy no los tenemos, han desaparecido. Lo único que nos queda es la represa y a mi me da miedo tomarme el agua, por el uso de agroquímicos que ahí se está acumulando. En los cultivos de palma están aplicando una cantidad de insumos que a donde van a parar, a la represa. Relata un habitante de Puerto Mesitas, vereda de El Carmen de Bolívar.
A los riesgos provenientes del consumo del agua se suman aquellos relacionados con los efectos de la contaminación sobre las poblaciones de peces y los efectos del consumo en la salud de las comunidades locales. En mayo una mortandad masiva de peces sorprendió a los habitantes de la zona, pero a la fecha no ha habido acciones contundentes por parte de las autoridades.
Deforestación
Según los habitantes de la vereda Camarón las zonas de reserva- bordes de la represa y lcuencas de arroyos que bajan de la montaña- actualmente están siendo taladas para implementar nuevos cultivos de palma, piña e incluso de teca, y para el comercio irregular de madera. Desde el año 2010 han presentado peticiones a Incoder y Cardique con el fin de conocer los permisos con los que cuentan para deforestar estas zonas de gran importancia ambiental y solicitar se suspenda la siembra de palma hasta tanto no se clarifique esta situación. Hasta la fecha no han obtenido respuesta.
Pérdida de las tierras
La contaminación y la deforestación están relacionadas con la pérdida del acceso a tierras para cultivar. Las parcelas que los lugareños usaban para la siembra de sus alimentos actualmente están en manos de inversionistas de la palma, quienes además prohíben el acceso de los campesinos a los caminos reales y a las costas de la represa, lugares privilegiados para la pesca. Ante esta situación tampoco se comprende cómo lograron venderse tierras que fueron parte de la parcelas adjudicadas por Incora, con títulos que tienen restricciones ambientales y de servidumbre.
“Nosotros tenemos allí sembrado y no podemos entrar allá, esto ha sido un camino real toda la vida, aquí nadie había prohibido el paso hasta ahora, en Colombia debe haber una limitación de poder. Esa puerta está ahí desde hace más de 20 años y por allí siempre habíamos podido pasar, hasta el 7 de marzo de este año” cuenta uno de los cultivadores. Él, junto a 42 familias campesinas, no han podido acceder a la fincas donde laboran, porque se encuentran alrededor de la represa de Matuya en una zona donde los nuevos dueños han puesto seguridad privada prohibiendo el paso por estos predios.
Al respecto la ley es clara en la protección de estas zonas de uso común:
“Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar” (Art 69, Ley 160 de 1994).
Además se establece que de llegar a darse la ocupación individual, solo será para fines de explotación con cultivos de pancoger.
“El pueblo de Palo Altico se está enfrentando a unas de sus peores sequías, no cuenta con agua potable, y la parcela donde se encontraba el único ojo de agua que abastecía a la comunidad fue vendida a la planta extractora de aceite de Palma” relata con preocupación uno de los jóvenes habitantes de esta comunidad.
¿Desarrollo para quién?
En una zona donde no se cuenta con acceso al agua potable, y en donde la mayoría de la población son comunidades campesinas y étnicas que viven de la agricultura familiar, la preservación de estos ecosistemas es prioritaria y urgente.
Es por ello que ante esta situación un campesino de la vereda Camarón pregunta enfáticamente: ¿Entonces por qué se dice que cuando llegan los inversionistas se mejora la calidad de vida?
