En 2012 comenzó la construcción de Ocean Tower, una apuesta arquitectónica que debía ser entregada en 2015. La promoción de las dos torres, utilizó el punto estratégico de Boca Grande en la Heroica, sin olvidar el bombo utilizado por la naturaleza de un proyecto urbanístico multiusos. En otras palabras, en los planos el edificio de 33 pisos distribuiría del 1 piso al 10 un hotel y del 11 en adelante ubicaría los apartamentos del conjunto. Una inversión cuantiosa de $160 mil millones.
Los clientes estaban confiados en el nombre de Alianza Fiduciaria y Ocean S.A. El proyecto mostraba solidez y orden. Con la gestión comercial lograron vender un total de 46 unidades residenciales, la historia cambio cuando de un momento a otro la constructora abandona el proyecto de una forma súbita, y la fecha de entrega nunca se cumplió, pues la construcción estaba planeada para una duración de tres años, que se cumplían en 2015. Para complicar más el panorama los responsables de la construcción no daban una explicación convincente a los clientes.
Los usuarios en su búsqueda de respuestas tocaron la puerta de varias entidades como la Superintendencia Financiera, la Alcaldía de Cartagena, la Alianza Fiduciaria etc. Cuando las autoridades miraron en detalle encontraron los nombres detrás de Ocean Tower.
Los constructores
Cuando se miran los miembros de la junta directiva del Grupo Ocean S.A. Se observa que está conformada por Carlos Collins, Sergio Torres Reatiga y Gilberto Álvarez Mulford. Como representante legal del Grupo Ocean S.A , figuraba Sergio Torres Reatiga. El cartagenero Carlos Collins era dueño de la Constructora Carlos Collins.
La empresa de Carlos Collins formó parte del consorcio Unión Temporal II Centenario para la construcción del Túnel de la Línea. El Instituto Nacional de Vías (Invías) declaró la caducidad del contrato para la culminación de las obras del Túnel de La Línea. Germán Vargas Lleras logró rescindir el contrato en la negociación que lideró, “para darle una nueva oportunidad al contratista”.
Dados los antecedentes negativos de Carlos Collins en la culminación de las obras del Túnel de la Línea, vuelve a incurrir en un manejo negligente y nada profesional en la obra de Ocean Tower, en su ciudad natal, Cartagena.
En primera instancia en relación al túnel los jueces fallaron a favor del Invías por $151mil millones, la sanción se ratificó el 27 de enero de 2017. Dos años después, la constructora ganó en el Tribunal de Arbitramiento en 2019. Por lo tanto, el Estado debía pagar $9.3 mil millones; sin embargo, la victoria llegó tarde para la firma, su proceso de liquidación ya había comenzado. La subasta de los bienes de la Constructora Carlos Collins se realizó el 2 de octubre de 2018.
Otro actor importante en la junta directiva de Ocean Tower fue Sergio Torres Reatiga quien es un contratista importante en la Costa Caribe. Su hijo, Javier Mauricio Torres, dueño de la sociedad Inversiones Torrosa S. A. fue investigado y llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación por el sonado caso de Odebrecht, concretamente vinculada a la Ruta del Sol II.
El proyecto en Cartagena, Ocean Tower también resulto en problemas
Las sanciones
Ya para el año 2017, dos años después del incumplimiento, Ocean Tower, se dio la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la sociedad Grupo Ocean S.A, posesión que fue ratificada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Cuando las autoridades se enteraron del abandono de las torres de Ocean Tower procedieron a tomar cartas en el asunto. Entre los clientes damnificados aparecía el nombre de la Señora Graciela Rincón Martínez, quien desembolsó en varias cuotas un total de $ 499 millones al Fideicomiso Inmobiliario Ocean Tower, administrado por Alianza Fiduciaria. Gracias a la demanda de la señora Rincón Martínez, las sanciones llegaron por parte del Superintendente Financiero César Ferrari en 2023.
Se observó que Alianza Fiduciaria no había sido diligente al administrar el dinero de la involucrada, todo lo contrario, a lo largo de los meses se observaron cambios inesperados e injustificados por parte de la Alianza Fiduciaria, y de la Constructora. En contraposición la señora Rincón dio pruebas de haber pagado de forma puntual a la fiducia.
En efecto, por las irregularidades de la fiduciaria, la Superintendencia Financiera decidió declarar civil y contractualmente responsable a Alianza Fiduciaria, ordenándole pagar $ 175 millones a la clienta Martínez.
En 2023 actuó también el Distrito de Cartagena mediante la Secretaría de Planeación, tomando posesión de Ocean Tower, durante la alcaldía de William Dau Chamat.
En 2024 la última institución en tomar cartas en el asunto fue la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó girarle $823 millones a la señora Graciela Rincón.
Retomando estos personajes relacionados con Ocean Tower tienen diferentes contratos con el Estado presentan incumplimientos, demandas, contrademandas, sanciones y de forma general toda una serie de actuaciones que llevan a los ciudadanos y compradores a ser damnificados de manera grave, pues los recursos invertidos en Ocean y otras obras han terminado perdidos.
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