La reducción al absurdo es una forma o técnica de argumentación que sirve para demostrar que una idea es incorrecta o que una afirmación es falsa. Para lo anterior se debe trasladar una aseveración o situación a sus consecuencias lógicas más extremas, por ejemplo: si decimos que todos los alimentos son saludables y pensamos en todos sin excepción, estaríamos afirmando algo sin sentido, algo absurdo, pues todos sabemos hoy en día que todos los alimentos ultra procesados y ricos en azucares, no son saludables, a pesar de estar catalogados como alimentos.
No obstante, la explicación anterior, en Colombia hemos degenerado la reducción al absurdo para convertirla en una técnica destructiva de la seguridad juridica y de la dignidad, la usamos públicamente como un arma de confusión, un elemento disuasivo o distractor, como un objeto de propaganda y escándalo, no importa probar nada después de afirmar, para eso existe la tímida retractación, lo que importa es hacer daño, causar un mal.
En este momento, si observamos con detenimiento, libres de toda convicción y condición, con esa especie de velo de ignorancia necesario para sentarnos en una mesa de justicia (John B. Rawls), podremos ver que es absolutamente visible esa terrible confusión sobre competencias y roles entre entidades, esa reducción al absurdo en todo.
Para ilustrar, ubiquemos el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) que a pesar de no tener competencia, intenta neciamente investigar al presidente de la República. Hablemos de esto un momento, pero para demostrar que la teoría de la reducción al absurdo está por doquier y proviene de cualquier parte, sin pretender encajar otro ejemplo en el mismo contexto de falta de competencia, quiero comparar la decisión de la CNE, con otra reducción al absurdo, una desafortunada afirmación del presidente Gustavo Petro frente al estudio del derecho.
El intento del CNE por llevar a cabo una investigación contra el presidente genera sensación de caos en el sistema político, llevado al extremo el CNE no tiene funciones como juez del presidente
Por un lado, el intento del Consejo Nacional Electoral por llevar a cabo una investigación contra el presidente genera una sensación de caos en el sistema político, llevado al extremo el CNE no tiene funciones como juez del presidente, y aquí es donde los límites y funciones de la entidad se desdibujan, poniendo en riesgo la estabilidad y la confianza pública en las instituciones democráticas. Por otro lado, al afirmar que estudiar cualquier disciplina diferente a Derecho, pero hacerlo en la universidad Externado de Colombia, es una de las formas de estudiar Derecho, como señaló el presidente Petro en un discurso, no solo minimiza la especialización y el rigor académico necesario para profesiones específicas, también promueve una visión laxa sobre la educación y la profesionalización. Ambas son falacias de reducción al absurdo.
Ahora bien, cuando se piensa en cómo vamos con la paz total, todo se vuelve absurdo cuando vemos el esfuerzo del país y las fuerzas del orden y lo contrastamos con la reciente conducta del ELN que asesinó a nuestros militares, aún y a pesar de encontrarse en medio de un cese al fuego y de estar participando descaradamente en una mesa de negociación con el gobierno que busca la paz total.
Esa doble moral del grupo armado también simboliza una reducción al absurdo, pues se esperaría que a estas alturas y con un gobierno de izquierda, el ELN debería actuar de manera constructiva por tener todas las garantías para lograr un acuerdo, pero su violencia primitiva, socava la confianza en el diálogo, aun así, esa abominable actuación fue obviada y se pasó la página, con tal de mantener viva la esperanza de paz, ¡absurdo!, pues no se negocia la paz con quien no está vencido y esto no lo digo yo, lo dijo Immanuel Kant cuando pensó en la paz perpetua.
Paralelamente, y permítanme con esto un ejemplo final de la reducción al absurdo en la que vivimos; la imposibilidad manifiesta del Congreso para aprobar el presupuesto nacional del año 2025, dizque por falta de consenso o más bien de “estímulos”, podría conllevarnos a una grave parálisis del funcionamiento del Estado y el incumplimiento de sus obligaciones. Si se escuchan las razones de los legisladores para justificarse, ellos absurdamente argumentan de todo y la vez cualquier cosa, para no verse señalados por su falta de rigor y compromiso con el país.
En conjunto, todas estas situaciones comparten un patrón preocupante donde la confusión y lo absurdo no solo impera, sino que se expande por doquier en el estado, llevando a la ciudadanía a la toma imprudente de decisiones que desafían la razón y el sentido común, creando un ambiente donde lo inaudito e irracional, parecen justificarse.
Como ven, estamos llenos de argumentos y razones para hacer y decir cualquier cosa, todo puede tener una teoría, no interesa si todo resulta en el mundillo de lo absurdo, nos hemos convertido en los ciudadanos de un estado social de enredos en el que la estupidez y la falta de fundamento parecen encontrar cada vez más eco en las redes sociales donde los mensajes provocadores y los alegatos frívolos consiguen numerosos likes.
En estos tiempos, la razón y la realidad han sido desplazadas por argumentos que al ser llevados a su lógica más absurda, solo patrocinan una "guerra jurídica", todo por el odio y bajo la premisa aquella de que el fin justifica los medios. Aquí todo termina por normalizarse, aquí en Macondo, solo importa quién logra presentar la narrativa más convincente, temporalmente, pues nada de lo que se diga o haga tiene que ver con la verdad o la justicia, con toda esta reducción al absurdo, lo que importa es dividir y desestabilizar.
@HombreJurista
