El Centro de Rehabilitación Funcional fue un proyecto pensado para el tratamiento médico de heridos o amputados de miembros de las Fuerzas Armadas; no obstante, la construcción no se terminó. La obra llego a un 70, 49% y hace años nadie trabaja en la obra. En otras palabras, el Centro es una construcción inconclusa ubicada en la zona industrial de Puente Aranda, Bogotá. La Unión Temporal Basan no termino la tarea, es decir La Unión formada por la Compañía de Negocios de Ingeniería Negocios y Servicios S.A, e Inversiones Kambiar S. A.S no materializo la construcción.
Los planos del Proyecto
La infraestructura en los servicios de salud, es el corazón del lugar. Se dispondrían de 30 camas de hospitalización, 93 camas de ortopedia, 160 camas para amputados y 10 consultas ambulatorias, además piscina para hidroterapia y tratamiento en agua, reanimación, lasoterapia, mecanoterapia, electroterapia, rehabilitación, y terapia ocupacional. No obstante, la realidad del proyecto fue otra.
Los documentos muestran una infraestructura de dos edificios compactos rodeados de jardines. En el lugar habría un área administrativa, que ofrecería servicios generales de sastrería, peluquería, lavandería etc. No podría faltar su área social, compuesta de ludoteca, tienda del soldado, cafetería, banda de música y gimnasio. No obstante, la realidad del proyecto fue otra.
La historia de la construcción
Todo comenzó el 23 de diciembre de 2013 cuando la jefatura de Ingenieros militares y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en aquel momento bajo la dirección del Brigadier General Pablo Federico Przychodny Jaramillo, se relacionaron con el contrato Interadministrativo No 1441 donde se habló de la construcción del proyecto de centro de rehabilitación. Un lugar para tratar heridos por el conflicto armado.
Meses después, el 27 de noviembre de 2014 se le adjudicó a la Unión Temporal Basan la construcción del Centro de Rehabilitación Funcional por valor de $29.000 aproximadamente.
Dos empresas formaron la Unión Temporal Basan: la compañía de Ingeniería Negocios y Servicios (50%), e Inversiones Kambiar LTDA (50%). La Unión estaba representaba por Juan Carlos Manosalva Carvajal. El gerente y representante legal de Ingeniería era Gary Eberto Espitia Camargo y el representante y gerente de Kambiar era Juan Carlos Manosalva Carvajal.
La construcción comenzó en febrero de 2015 y la obra estaba proyectada para 22 meses, es decir, el 8 de diciembre de 2016 debió entregarse; no obstante, según la interventoría, la constructora no fue diligente. Según el informe el contratista falló en el despacho tardío de materiales, no hay certificaciones de pagos a obreros, hay un número deficitario de trabajadores para la ejecución de las obras que se contemplaron en el cronograma y no se adquirieron los equipos necesarios para cumplir con lo contratado.
Como resultado de las falencias, a finales de 2016 no se tenía la obra lista, y en efecto existían indicios claros de un incumplimiento, la empresa en respuesta a la situación solicitó varios aplazamientos y cheques extras mediante asignación.
A lo largo de las diferentes vigencias se solicitó un total de ocho prórrogas, y se gastó un total de $ 32.718.056.471; sin embargo, en julio 2018 llegó el fin de los plazos extra. La obra no había llegado al 71% .
La suspensión del contrato
Después de la octava prorroga, a raíz de los sobrecostos de 32 mil millones y demoras, el 17 de julio de 2018 se decidió declarar la caducidad del contrato en la Resolución No 655.
La Unión se defendió de la decisión de caducidad argumentando que, si no se finalizaba el proyecto, el inmueble podría convertirse en una obra inútil por quedar a medias y no prestar ningún servicio a la comunidad; no obstante, la caducidad fue definitiva, por todos los gravísimos antecedentes contractuales.
Pasados los años el Centro de Rehabilitación Funcional parece estar destinado a convertirse en un “Elefante Blanco”.
Por el desastre del edificio, la Procuraduría formuló cargos al exdirector general coronel Óscar Alberto Jaramillo Carrillo e hizo investigaciones preliminares contra el brigadier general Pablo Federico Przychodny Jaramillo que no prosperaron. Ambos fueron cabezas de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas. El Centro de Rehabilitación de Puente Aranda no fue el único Centro de Rehabilitación que fracasó.
El Centro de Rehabilitación “Valentina Aos”
En el Km 20 de la autopista Norte, en el sentido La Caro- Bogotá, están las ruinas del Centro de Rehabilitación “Valentina Aos” de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Otro lugar donde se daría tratamiento a los heridos del conflicto armado; no obstante, el Consorcio Conexión no cumplió lo pactado y la obra solo se ejecutó hasta el 19% o el 25 % si se cambia el criterio de medición.
La historia del Valentina Aos por $ 5.700 millones es parecida al Centro de Rehabilitación Funcional. En este caso fue contratante el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional mediante el Director General, el Coronel (R) Alfonso Rueda Celis, el Teniente Coronel José Francisco Parra Garzón y la Coronel Flor Alba Fula Vargas y el contratista encargado fue Arko Ltda., Equipluss SA, que tenía de representante legal a Ricardo Goroy Arteaga.
Arko se retiró del proyecto y dejó su participación a la Constructora Edgar Oswaldo Hidalgo, representada por Edgar Oswaldo Hidalgo Acero. Personaje a quien se le acusó de ser un empleado de confianza de Julio Gómez, un polémico contratista, relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá. La Universidad Distrital aparece como interventor de la construcción, la persona encargada fue el ingeniero Wilmar Muñoz. Parte del dinero se piensa que pasó por las manos de Julio Gómez y su presunto maestro de obras, Edgar Hidalgo, quien intentó huir fuera del país.
Muñoz fue condenado a 22 años por el millonario desfalco de la Distrital.
La construcción terminó con la liquidación el del 19 de marzo de 2015. Las empresas que acordaron la liquidación fueron Netfom Construcciones, representante legal Víctor Alexander Merchán Chaves, y Edgar Oswaldo Hidalgo Acero, representante legal Edgar Oswaldo.
El fracaso en la construcción de los centros de rehabilitación para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no solo representa un desfalco millonario, sino un grave daño a una nación marcada por la violencia. Los soldados y policías, víctimas directas de ataques, se ven privados de instalaciones vitales para su recuperación. La corrupción y la mala gestión detrás de estos proyectos inconclusos profundizan las heridas de un país donde las fuerzas militares están constantemente bajo fuego, y donde los recursos destinados a su cuidado son esencialmente desperdiciados.
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