Si una medida del Gobierno Nacional ha traído el rechazo generalizado de los mandatarios de los departamentos del Atlántico y Bolívar, los gremios económicos, la academia, los expertos en el tema, los medios de comunicación locales, los dirigentes políticos y sociales, los propietarios de los inmuebles afectados y la opinión pública, fue el anuncio gubernamental del cobro de una valorización vial a miles de predios afectados por estar situados dentro de una llamada zona de influencia a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
Esto, debido a las graves consecuencias, ya que iría en contravía de los intereses de la región, por la serie de irregularidades y falencias encontradas en ese cobro impositivo, que se convierte en una verdadera amenaza confiscatoria, lo cual ha obligado a muchos dirigentes regionales y organizaciones a presentar acciones populares y demandas de nulidad del decreto oficial que le dio origen.
Todo esto se originó en un proyecto gubernamental del cobro de valorización por obras de infraestructuras viales, anunciado en una entrevista al anterior ministro de Transporte del gobierno de Gustavo Petro, William Camargo, en el periódico El Tiempo del 18 de febrero de 2024: “Se trata de la realización de un gigantesco ‘revolcón’ para alternar peajes con cobros por valorización de las tierras beneficiadas con la construcción de una gran infraestructura vial”.
A renglón seguido, el exministro Camargo nos aclaraba sobre la verdadera causa de ese impositivo cobro, “El año pasado, solo por poner un ejemplo, pagamos en diferencial de recaudo alrededor de 1,8 billones de pesos”. El diferencial de recaudos es el valor que en la proyección de tráfico se esperaba recaudar y el que realmente se recauda.
Además, según Camargo, los mismos concesionarios viales han impuesto tribunales que paralizan la ejecución de las obras, “Tenemos tribunales que están sumando alrededor de 10 billones de pesos”. A lo que se le agrega que las empresas concesionarias tienen problemas en su ejecución por unos 9 billones pesos, según el exministro.
Motivos suficientes para que el Gobierno Nacional ante el excesivo cobro en las tarifas de los peajes, ya en este año ha habido dos aumentos, y al temor de seguir incrementándolos por las protestas y estallidos sociales en todo el país, la administración se decidiera por el cobro de una valorización.
Pero si todo esto fuera poco, el mismo exministro en la entrevista, advierte que, para poder cobrar valorización, primero hay que hacer unas actualizaciones catastrales de los predios afectados, “Hay que actualizar todas esas tierras prediales de los corredores entre dos y cinco kilómetros”. Lo cual indudablemente va a repercutir en un alza generalizada del impuesto predial para dichos predios.
Ante ese panorama deficitario en las concesiones viales, el ministerio del Transporte escogió como conejillos de indias para aplicar su gigantesco ‘revolcón’ del cobro de valorización a dos importantes vías del Caribe colombiano, la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, por un monto proyectado a recaudar de 2,3 billones de pesos, que afectará a 248.656 inmuebles situados en el distrito de Cartagena y el municipio de Santa Catalina, pertenecientes al departamento de Bolívar. Junto a los del departamento del Atlántico como Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Soledad, Galapa y Malambo.
Cobro bastante oneroso, que no ha sido socializado con la comunidad y que está basado en tres criterios: el avalúo comercial y no el catastral, su distancia a las dos vías y la accesibilidad de los inmuebles.
En Barranquilla serán 89.168 las propiedades incluidas dentro de la zona de influencia de los 5 kilómetros de distancia a las dos vías escogidas por el ministerio de Transporte, que comprenden innumerables barrios de las localidades de Riomar y Norte Centro Histórico, junto a los corregimientos de La Playa y Juan Mina.
Lo que hace ilegal su cobro para el caso específico de los propietarios afectados por las obras viales de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, es entender su naturaleza tributaria: “Cuando las obras no producen ningún incremento patrimonial a los inmuebles situados dentro de la zona de influencia, NO HAY LUGAR A LA CONTRIBUCIÓN”.
Al respecto el doctor Pedro Pablo Morcillo en su libro Derecho Urbanístico Colombiano afirma que: “Si la obra no produce ningún beneficio, no habrá lugar a que se pueda exigir contribuciones por valorización a los propietarios de los inmuebles.
Este beneficio no ha de ser simplemente TEÓRICO, sino que debe ser REAL, y consiste siempre en el mejoramiento de los predios o de sus condiciones de utilidades o rentabilidad, la obra debe generar un beneficio específico”.
Por ello, la ilegalidad del cobro por valorización para los miles de propietarios de inmuebles afectados, por ejemplo, de los innumerables barrios en Barranquilla, que están situados a varios kilómetros de las dos vías, junto a su dificultad de accesibilidad a las mismas, lo que realmente las obras allí realizadas no les valoriza sus predios ni les causa ningún beneficio monetario.
Ante ese hecho, la salida es crear un gran frente de rechazo y resistencia en la región a ese cobro gubernamental a todas luces irregular y que busque su suspensión de forma inmediata.
