Carlos Caicedo, el fundador del movimiento Fuerza Ciudadana, que logró un verdadero palo electoral cuando ganó las elecciones de la alcaldía de Santa Marta en 2012. La victoria de Caicedo fue frente a los tradicionales grupos políticos samarios, una vez en el poder el creador de Fuerza Ciudadana quiso dejar un sucesor. Y lo logró en 2016, quien tomó las riendas de la ciudad fue Rafael Martínez, un aliado suyo. Caicedo conocía a Martínez desde la rectoría de la Universidad del Magdalena, donde tomó forma su liderazgo político.
A Rafael Martínez lo siguió en la Alcaldía Virna Johnson, quien había sido una persona de confianza de Caicedo en la rectoría, Virna trabajó como secretaria suya. Ambos, Rafael Martínez y Virna Johnson enfrentan una investigación penal y tienen las cuentas embargadas por presunta corrupción en la construcción del Instituto Educativo de Taganga (IED). El Instituto hoy esta convertido en un gran elefante blanco, que habita en las calles del corregimiento de Taganga, un lugar famoso por su pintoresca bahía, que hace parte de las costas del caribe. Aunque el lugar está un poco apartado de Santa Marta depende política y administrativa de la capital del Magdalena.
Rafael Martínez es el actual gobernador del Magdalena, y Virna Johnson aspira a ser Representante a la Cámara por el departamento, en apariencia sin consideración de las investigaciones que tiene abiertas ni el embargo de sus cuentas. Caicedo está buscando alternativas políticas para seguir vigente electoralmente porqué el movimiento Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica por decisión del Consejo de Estado.
El contrato firmado para la construcción de la Institución Educativa Distrital de Taganga (IED) por $ 9.400 millones, con un anticipo de $2.800 millones, fue firmado el 16 de julio de 2018. En los papeles aparece de parte del distrito el alcalde Rafael Martínez y el contratista seleccionado fue la Unión Temporal Taganga.
El conglomerado, representado en la época por Allison Fernández Castro, fue el resultado de combinar la Fundación para el Ingreso Integral Comunitario (Fundacom) con el empresario Carlos Arturo Camargo Moreno. De Fundacom el último representante legal fue Rafael Enrique Peña. La Unión Temporal debía hacer un mega colegio con todos los servicios educativos para que los niños del sector no tuvieran que desplazarse a la ciudad.
¿Cuáles son las acusaciones de la Contraloría contra los exmandatarios Rafael Martínez y Viran Johnson?
La Contraloría General de la República considera que Rafael Martínez y Viran Johnson tienen responsabilidad en el fracaso constructivo del colegio en Taganga, debido a aspectos críticos que comprometen seriamente su gestión pública.
Bajo la guía de Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República encargado, ahora vicecontralor nombramiento hecho tras la restitución del cargo de Carlos Hernán Rodríguez, la institución encontró problemas. El IED presenta deterioro en parte de la pintura, falta de mantenimiento, enchapes terminar, falta de aparatos sanitarios, en el área de los laboratorios los mesones quedaron inconclusos, desgaste acelerado, en partes de la infraestructura hay hundimientos, etc. La Contraloría abrió la investigación por denuncias de la comunidad y de los medios locales.
En resumen, para la Contraloría no es claro en dónde se invirtieron los recursos.
Las causas de todo este desastre con recursos públicos que son sagrados e intocables fueron de diferente orden:
Supervisión insuficiente del proyecto: no se tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el progreso adecuado de la obra.
Aprobación de pagos sin avance en la obra: se continuaron autorizando pagos a pesar de que la construcción no mostraba avances significativos y presentaba múltiples deficiencias.
Prórrogas y suspensiones repetitivas: Durante ambas administraciones, el proyecto experimentó varias suspensiones y prórrogas, lo cual retrasó aún más la finalización de la obra. Según la Contraloría, no se tomaron acciones correctivas para solucionar los problemas que causaban los retrasos, lo que contribuyó a la acumulación de las deficiencias.
Deficiencias en la planeación y ejecución: La constructora Unión Temporal Taganga no cumplió con las especificaciones técnicas necesarias y presentó una planeación deficiente. A pesar de estas fallas, la administración de Martínez y Johnson no intervino oportunamente para exigir el cumplimiento adecuado del contrato ni para detener el deterioro de la obra.
Falta de acción frente a las irregularidades: la pasividad de las autoridades de la administración de Santa Marta, quienes debieron tomar medidas, por ejemplo, supervisar el desarrollo de la construcción. Como consecuencia de su inacción, los responsables serían Rafael Alejandro Martínez y Virna Lizzi Johnson Salcedo. A lo largo de las obras, la interventoría, encargada de supervisar el cumplimiento del contrato también mostró falencias graves. Sin embargo, la administración local aun cuando debía actuar no intervino y permitió que el proyecto continuara bajo unas condiciones insatisfactorias.
El Interventor Tito Velásquez no vio nada
La casi inexistente interventoría estuvo a cargo del Consorcio Interventoría IED Santa Marta 2018, conformada por Constructora Tito Velásquez S. A. S -Conin Consultores-, cuyo representante legal es Jennifer Paola Fontalfo Meza y el ciudadano Tito Velásquez quien es un viejo conocido de importantes contratos de Fuerza Ciudadana. En efecto, Tito Velásquez también fue el interventor de otro “Elefante Blanco”, El Centro de Desarrollo Infantil Ciudad Bonda, una obra del período de Carlos Caicedo en la alcaldía de Santa Marta por la que ya fue llamado a juicio por la Fiscalía general de la nación.
Se puede decir que la Contraloría General de la República atribuye a Rafael Martínez y Virna Johnson una falta de diligencia en la supervisión y control de la obra, lo que permitió que el proyecto fallara y los recursos destinados a la construcción no se utilizaran de manera eficiente. Esto ha resultado en un daño patrimonial significativo para la ciudad y una obra inconclusa con serios problemas de calidad.
Pasados casi seis años, la obra está inconclusa, Este es el típico “Elefante Blanco” que cada vez va muriéndose por un supuesto asalto a nuestros recursos públicos según la Fiscalía General. Es de anotar, que estos exalcaldes son del movimiento Fuerza Ciudadana avalados por el Pacto Histórico, cuyo líder es el exalcalde y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, está siendo investigado por la Fiscalía General.
El caso de la Institución Educativa de Taganga representa un ejemplo claro del daño significativo que puede causar la falta de gestión adecuada de los recursos públicos en el ámbito educativo. El fracaso de este proyecto no solo privó a la comunidad de una infraestructura esencial para la educación de los niños y jóvenes del corregimiento, sino que perpetuó las desigualdades y brechas educativas que las regiones menos favorecidas como Taganga ya enfrentan. Al final, quienes sufren las consecuencias son los estudiantes, cuyas oportunidades de acceso a una educación de calidad se ven seriamente comprometidas.
Esta no es la única obra por la que Rafael Martínez está tendiendo que responder ante la justicia de cuyas acusaciones tiene que defenderse mientras ejerce como gobernador del departamento.
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