La victoria de Gustavo Petro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llevó al Consejo de Estado a frenar en seco la inhabilidad que le había impuesto el entonces procurador Alejandro Ordoñez marcó un precedente histórico para Colombia, puesto que dio comienzo a un debate jurídico que no ha llevado a un acuerdo definitivo sobre si la Procuraduría puede o no sancionar funcionarios elegidos por voto popular como Alcaldes y Gobernadores. La posición de las últimas cabezas del Ministerio Público ha sido la de defender que sí se puede, pero la situación podría cambiar con la llegada de Gregorio Eljach.
El ya exsecretario general del Senado no tuvo mayores dificultades para que los senadores con los que trabajó más de una década lo eligieran como procurador, de hecho, se hizo con la votación más alta de la historia para este cargo. Sin embargo, ese logro no hubiera sido posible sin el salvavidas que le tiró Petro eligiéndolo como su ternado a pesar de que él optó fue por ser el candidato de la Corte Suprema, por lo que se podría esperar que su posición vaya en línea con la del Presidente.
De hecho, el propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien fue clave junto con Laura Sarabia en la jugada que terminó metiendo a Eljach a la terna, aseguró textualmente que es importante que cualquier procurador general cumpla con el fallo de la CIDH tras conocer los resultados de la elección en el Senado.
Asimismo, el propio abogado criado en La Guajira dio pistas sobre la que puede ser su posición con respecto al tema, siendo claro en que él es un cumplidor de la Constitución, pero que esto también incluye los acuerdos internacionales. Aunque eso sí, confirmó que la interpretación de cada caso particular puede ser diferente.
Una suspensión impuesta por Margarita Cabello el año pasado acaloró el debate
En 2023 se dio un enfrentamiento frontal entre Petro y la procuradora Cabello por cuenta de una decisión de este tipo. La Procuraduría decidió suspender al alcalde de Riohacha, José Bermúdez Cotes, quien estaba siendo investigado por irregularidades en temas de contratación en su ciudad. Ante esto, el Presidente decidió no firmar la orden asegurando que la entidad no podía tomar ese tipo de decisiones porque iría en contra del fallo de la CIDH. Esto llegó hasta la Corte Constitucional, alto tribunal que le dio la razón a la barranquillera, asegurando que dicho fallo solo aplica para sanciones de inhabilidad y destitución, pero no para suspensiones.
También le puede interesar: La polémica sanción de la Procuradora a la alcaldesa que enfrentó la gran minería en Santander
