La situación actual del gas en Colombia es bastante preocupante, el país siempre ha mantenido una relación reservas producción de 5 a 6 años y se logra mantener gracias a la dinámica exploratoria. Contrario a lo que el gobierno Petro piensa, ni Colombia es un país altamente dependiente de los fósiles, ni hay unas multinacionales la saquean.
El mayor monopolio de reservas y producción de hidrocarburos en el país lo tiene Ecopetrol, que es 88% pública y el resto de quienes extraen hidrocarburos en el país son pequeñas empresas que no están organizadas verticalmente, son organizaciones montadas por conocedores del negocio con financiación de fondos, pero no son realmente petroleras en estricto sentido, dado que no tienen el negocio encadenado desde la exploración, pasando por el transporte, la refinación y las ventas de derivados, es esto lo que se llama estar organizado verticalmente. La única compañía que extrae hidrocarburos en el país que cumple esta condición es Ecopetrol; es decir El Estado colombiano.
Por estas razones las dos premisas de las que ha partido el actual gobierno son erróneas y, por ende, no se puede esperar que políticas planteadas desde premisas falsas puedan ser acertadas. Podría decirse que en Colombia cada gobierno que llega, entra a depender en materia energética de la claridad de las políticas del anterior y de esta forma los proyectos del sector hidrocarburos que son del orden de 5 a 7 años desde que se planifican hasta que se obtiene un barril, dependen de la continuidad de las políticas en términos de exploración e incentivos a la inversión.
De otro lado, la política de hidrocarburos del actual gobierno parte de las hipótesis siguientes:
- Hay que desfosilizar la economía: Aunque los hidrocarburos representan solo entre el 5% y el 7% del PIB, lo que demuestra que la dependencia económica de estos es mínima, dado que el 93%-95% de la economía no depende de ellos. Sin embargo, si analizamos el tema desde el consumo energético, los hidrocarburos y el carbón constituyen el 74% de la matriz energética. Pero es importante considerar que el consumo energético en Colombia es muy bajo. Por lo cual, en lugar de reducir el consumo de estos recursos, se debe priorizar el crecimiento utilizando fuentes de energía con menor impacto en carbono. Para industrializarse, Colombia debe aumentar su consumo energético al menos seis veces, lo que inevitablemente llevará a un mayor uso de todos los recursos, incluidos los hidrocarburos y el carbón. El reto está en lograr que estos recursos tengan un peso menor dentro del balance energético total; pasando de pesar el 74% a un 20 a 30% en un escenario de 30 a 40 años con políticas energéticas de estado planeadas.
- Dejar de extraer hidrocarburos para evitar el cambio climático: En un país que aporta el 0,3% de las emisiones globales, el 99,7% del problema continuará existiendo a nivel mundial. Esto significa que el cambio climático es un desafío multilateral en el que debemos asumir compromisos acordes con nuestro tamaño y participación. Un buen punto de partida sería cumplir plenamente con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de 2015.
- Dejar los hidrocarburos enterrados: Es una visión que niega de plano cualquier posibilidad que permita resolver el problema de las emisiones aprovechando el conocimiento científico. Esta postura niega la oportunidad de buscar soluciones basadas en los avances de la ciencia y la tecnología, que son fundamentales para encontrar salidas viables, cuando la discusión de hoy debe centrarse en desarrollar soluciones que sean sostenibles desde las perspectivas social, ambiental y económica.
Estas iniciativas, aunque son útiles para promover movimientos ciudadanos que apoyen con votos y permitan ganar elecciones, no resuelven, el complejo problema de fondo que es el suministro energético eficiente desde el punto de vista social, económico y técnico.
Estas políticas improvisadas e inspiradas más en la ideología que en el conocimiento técnico, terminan por atentar contra la seguridad y la soberanía energética y termina violando el Acuerdo de Paris cuya primera premisa es el combate del hambre.
En los últimos días el país ha recibido noticias sobre un posible desabastecimiento de gas natural y GLP, generando preocupación por el impacto que esto podría tener en sectores clave como el transporte, la generación de energía y el uso doméstico.
Esta situación podría provocar un apagón aún más grave que el de 1990 y obligar a muchas familias, especialmente en la región del Pacífico, a cocinar con leña, lo que incrementaría la deforestación. Al parecer nos encaminamos a un inminente desabastecimiento entre 2026 y 2027 por las siguientes razones:
El presidente ha emprendido una campaña de ataques al sector, descalificando toda actividad y acusándolo de ser responsable de la destrucción de la humanidad. Esto ha desincentivado las inversiones de pequeñas empresas que operan en el país, dado que se ha creado un clima de inseguridad inversionista que hace que estas empresas prefieran llevar sus inversiones a otros países donde encuentran un entorno más seguro.
Además, La política de desincentivo a la inversión se ha materializado en el aumento de impuestos, como el gravamen a las regalías propuesto en la última reforma, que fue anulado por la Corte. A esto se suma el abandono de la seguridad en las zonas de actividad extractiva, lo que ha aumentado los niveles de inseguridad.
De otro lado el ministerio de ambiente parece hacerle declarado la guerra al gas usando toda su capacidad para negar licencias ambientales, sin medir las consecuencias en términos de abastecimiento interno.
Ante la pregunta de ¿dónde puede el país extraer gas?, se puede afirmar que se puede obtener de tres posibles fuentes:
Costa afuera El gobierno por asuntos esencialmente ideológicos se ha decidido por la búsqueda de las reservas mas costosas y las que en la práctica pueden tener mayor impacto ambiental, como es la extracción de recursos costa afuera. En efecto, estas operaciones son bastante más riesgosas y costosas que las que se realizan en tierra. Cada pozo costa afuera tiene un costo que oscila entre 200 y 250 millones de dólares y un problema operacional puede tener graves problemas ambientales e impactos económicos tan grandes que pueden dar al traste con una empresa; tal como le ocurrió a la BP con el pozo Macondo en el golfo de México.
Yacimientos convencionales en tierra Las reservas que se pueden tener de estos yacimientos son modestas en prácticamente todo el país. Los mayores yacimientos se pueden encontrar en el Piedemonte, y allí, por razones operacionales, perforar un pozo puede costar del orden de 100 millones de dólares, de suerte que para hacer viables estos depósitos se deben tener volúmenes que permitan tasas por pozo tan generosas como 30 a 40 millones de pies cúbicos día. Los anuncios sobre descubrimientos que se han realizado en el país en los últimos 10 años en tierra, en el país, están por el orden de 1 a 5 millones de pies cúbicos día, es decir bastante más bajos de lo que se requiere.
Yacimientos no convencionales en tierra: Existen posibles recursos en yacimientos no convencionales que requieren la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa, mal llamado fracking. Sin embargo, el gobierno no permitió la realización de un proyecto piloto que hubiera evaluado la magnitud de estos recursos y su impacto ambiental y social, argumentando que ya se conocían los graves daños sin necesidad de medirlos.
Este piloto habría sido crucial para determinar si el país puede contar con recursos de gas en el Magdalena Medio, donde estimaciones de empresas internacionales indican que un pozo exploratorio podría costar alrededor de 30 millones de dólares. Según estudios preliminares, estos recursos podrían abastecer al país por 20 a 30 años.
Pero el gobierno ha decidido que es mejor no hacer pilotos que habrían arrojado información clave sobre los recursos disponibles y los costos asociados, lo que facilitaría una toma de decisiones sensata en política energética. Condenar una técnica basándose únicamente en aquella literatura que la crítica no parece serio ni sensato; cuando se deja lado toda la literatura técnica que la respalda. Las decisiones energéticas deben tomarse con criterios rigurosos desde el punto de vista social, ambiental, económico y técnico, y con datos propios.
Las experiencias de Estados Unidos y Argentina, que han logrado garantizar su seguridad y soberanía energética mediante el fracking, deberían llevarnos a reflexionar: ¿ por qué ellos lo utilizan con éxito mientras nosotros lo descartamos ?. Al hacerlo, arriesgamos nuestra seguridad energética y preferimos importar gas natural a un costo de 8 a 10 dólares por millón de BTU, extraído de fraking de Estados unidos, cuando podríamos extraerlo internamente a un costo mucho menor, entre 1 y 2 dólares por millón de BTU.
En un país como Colombia que padeció un fenómeno del Niño en el año 1990, se supone que dicha experiencia enseño sobre la necesidad de organizar una institucionalidad para evitar que en el futuro el país no volviera a vivir dicha situación.
Es necesario que hoy se fortalezca dicha institucionalidad con criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos para garantizar que decisiones tan delicadas como la política energética no dependa de criterios subjetivos de gobiernos que pongan todo el sistema energético en un riesgo inminente de un apagón más severo que el vivido en 1990.
En un momento donde la energía tiene un peso mucho mayor en la economía nacional dado que el desarrollo de servicios digitales genera una mayor dependencia energética. Ya se ha anunciado desabastecimiento de GLP en la costa pacifica que afecta a cerca de un millón de usuarios y la interrupción de la venta de gas natural a algunas empresas.
La paradoja es que la intención del presidente Petro de salvar el planeta podría llevar al país a una grave crisis energética y económica, afectando principalmente a los más vulnerables, retrasando el desarrollo y aumentando los índices de pobreza. Todo esto sin que los indicadores globales sobre la salud del planeta muestren mejoras significativas.
Además, es probable que las emisiones de CO2 en Colombia aumenten debido al incremento de la deforestación y el uso de leña como fuente de energía. Mientras tanto, Petro, ya como expresidente, podría estar en Europa dando conferencias sobre cómo combatir el cambio climático, lejos de las críticas y sin enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
