El pasado 23 de marzo de 2024, un miembro de la Unidad de Antinarcóticos de Cúcuta de la Policía Nacional de Colombia, un subintendente, aún activo a la fecha de emisión de esta columna; solicitó a un patrullero que le guardara unos detonadores y dos iniciadores de explosivos M8, utilizados para detonar C4 en barra, pentolita e indugel.
Transcurridos algunos días, el mismo subintendente se presentó en la casa del patrullero nuevamente, pero en esa ocasión, custodiado por otro compañero, también subintendente de la institución, ambos le habrían encomendado al patrullero que almacenara adicionalmente dos fusiles M14 que contendrían cápsulas explosivas.
El patrullero se vio obligado a recibir en custodia los elementos bélicos y guardarlos en su hogar, porque aquellos que le ordenaban aquel extraño procedimiento, resultaban ser sus superiores, pero más allá del temor reverencial, de la cortesía policial y la obediencia, fue realmente el miedo y la sorpresa, lo que obligó a aquel humilde policía a aceptar aquel oscuro encargo.
El pavor a sus compañeros surgió cuando descubrió que aquellos equipos y armas habían sido enviados desde los Estados Unidos para destinarlos al uso exclusivo de la Policía Nacional, no obstante, los subintendentes los habían tomado de la institución ilícitamente y pretendían ocultarlos hasta que pudieran venderlos al ELN.
Inmiscuido el patrullero en aquel predicamento, decidió sobreponer el cumplimiento de su deber como policía, por encima del aturdimiento y la decepción que sentía por sus superiores. Así las cosas, convencido de su misión por evitar que el ELN recibiera aquellas armas, el 1 de abril del 2024, el patrullero puso en conocimiento de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) en Bogotá, aquella delicada situación entregando los equipos y armas por lo que, se inició la correspondiente investigación.
Pasados unos días, los subintendentes mencionados le exigieron al patrullero la devolución de lo que le habían encargado guardar, pero el patrullero obviamente no pudo entregarlos pues los había entregado a la DIJIN en Bogotá.
Debido a lo anterior el patrullero empezó a recibir amenazantes llamadas telefónicas. Aquellos ultimátum criminales se denunciaron ante la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) en Bogotá, sin que, a la fecha, tal unidad de policía hubiera brindado la atención prioritaria o la protección eficaz y urgente que requería el patrullero.
Aquel valeroso agente de policía fue trasladado de ciudad junto a su familia debido a que, extrañamente uniformados de la institución llegaban a su residencia sorpresivamente de día y de noche, solicitando el material bélico guardado, señalando que, de no hacerlo, sería imposible responder por la vida del policía y la de su familia.
Informada la institución de aquella difícil situación que vivía el patrullero por cumplir con su deber, el pasado 20 de mayo fue trasladado junto a su familia a la ciudad de Bogotá y de allá fue enviado con su familia a un municipio intermedio.
A pesar de que se suponía, nadie conocería la ubicación a la que fue trasladado el patrullero, la información fue filtrada por otros policías y así, aparecieron más amenazas de muerte. El patrullero se vio nuevamente visitado por funcionarios de la Estación de Policía del municipio a donde fue trasladado y empezó a enterarse de visitas que también le hacían los policiales a casa de su suegra.
Las amenazas empezaron a ser cada vez más graves y comenzó a recibir correspondencias que contenían un sufragio que decía “los sapos deben morir eso no se le hace a los compañeros” inclusive, recibió un ramo de rosas blancas, con una tarjeta que decía: "Eres el mejor compañero que pueda existir y te mereces todo lo mejor que te podamos dar. Feliz Día del Padre y disfruta cada segundo que tienes con tus princesas, 15 de junio de 2024.
La cosa no paró ahí, el 29 de julio de 2024 el valeroso Policía, padre y esposo recibió varias llamadas desde números desconocidos en las que le decían que conocían su ubicación y le exigieron la devolución del material bélico.
La protección de la institución policial a la fecha fue la entrega de un manual de autoprotección con recomendaciones dirigidas a él, su esposa y tres hijas
La protección brindada por la institución policial a la fecha consistió prácticamente en la entrega de un manual de autoprotección con recomendaciones dirigidas a él, su esposa y tres hijas.
A pesar de lo anterior, paradójicamente, se iniciaron en contra del patrullero procesos disciplinarios y penales ante la jurisdicción militar por abandono de servicio, y se le redujo su salario como uniformado al descontar los días dejados de laborar por “ausencia injustificada al servicio en la Dirección de Antinarcóticos”.
Por todas estas razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la con la Resolución 66/2024 emitió medidas cautelares a favor de G.O.F., como denominan al patrullero de Policía y su familia. En su resolución, la CIDH ordenó a Colombia adoptar medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad de la familia del policía, incluyendo protocolos que garanticen la confidencialidad de su paradero, requiriendo informes sobre los avances en la investigación de las amenazas recibidas.
Proteger los derechos humanos de este noble policía que puso en riesgo todo su mundo por amor a su país y a la paz, debe ser una prioridad de la institucionalidad, pues él no fue una manzana más que se dejó podrir para llenarse los bolsillos con dinero sangriento. Por el contrario, él simboliza esa respuesta caustica que todos armónicamente debemos dar frente a la corrupción y frente a esa guerra traicionera que plantea el ELN, pues ellos, no solo engañan desde las mesas de negociación de paz, sino que buscan todos los espacios y las manzanas podridas para seguir profundizando la violencia y la guerra. No sé ustedes, pero me entusiasma ver al sistema interamericano de derechos humanos, protegiendo la vida de un policía y su familia en Colombia, ahora que atacar y criticar la ONU se puso de moda.
