La ley pensional sancionada por el presidente Gustavo Petro el pasado 16 de julio ha acumulado hasta el momento 124 demandas ante la Corte Constitucional.
Dichas demandas se agrupan de una parte, en que sea declarada inexequible por falta de debate democrático en la plenaria de la Cámara y de otra, que se declare inconstitucional el artículo que obliga a la cotización en Colpensiones a todos los salarios de 2,3 salarios mínimos hacia abajo, aduciendo que se atenta contra la libre elección de los trabajadores frente a Colpensiones o los fondos privados.
El primer grupo de demandas pretende hundir totalmente la ley, con lo cual los temas progresivos de dicha reforma, como el ingreso solidario, el pilar semicontributivo, la pensión anticipada, la reducción del número de semanas para las mujeres, el fortalecimiento de Colpensiones con el correspondiente debilitamiento de los fondos privados, se echaría todo al piso. Estas demandas están encabezadas, por la ya admitida, de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.
El segundo grupo de demandas es mucho más específico y pretende que se elimine el artículo que establece la cotización obligatoria a Colpensiones, con lo cual volvemos a quedar como en la ley 100 de 1993, para la definición en qué fondo se cotiza. Con ello restablecerían todos los derechos a los fondos privados y se le daría un golpe de muerte a la reforma, puesto que el estado perdería la solidaridad intergeneracional para todos los trabajadores con salarios por debajo de 2,3 salarios mínimos beneficiando de nuevo a los fondos privados, que no pensionan. Este grupo de demandas está presentado por los fondos privados.
Es decir, los partidos políticos del uribismo y los fondos privados hacen causa común para eliminar los esfuerzos del gobierno, del Congreso, tanto en Cámara como en Senado, como también de todas las fuerzas sociales y políticas que impulsamos y respaldamos la social y progresiva ley pensional.
La ley pensional fue debatida en el Congreso de la República en múltiples foros y audiencias públicas cumpliendo con el principio de debate democrático
A manera de criterio debe decirse que la ley pensional fue debatida en el Congreso de la República en múltiples foros y audiencias públicas cumpliendo con el principio de debate democrático y adicionalmente no hay ninguna restricción a que en una ley se pueda determinar una obligación por parte de la forma en que se administran los fondos de los trabajadores. Ahí está el ejemplo de la ley 100 de 1993, que en materia de salud por ejemplo, obligó a que el estado le entregara recursos públicos al sector privado.
Sobre la reforma laboral, ahora que inicia el debate en la plenaria de la Cámara, ha de precisarse primero, que le han pegado un tijeretazo, consistente en eliminar 20 artículos, en la Comisión Séptima de la Cámara, relativos todos a los derechos colectivos denominados libertades sindicales, como son el derecho de asociación de negociación y de huelga, es decir derechos muy importantes y muy significativos para fortalecer el sindicalismo en nuestro país. Es una muestra palmaria del odio que ciertos partidos oligárquicos y el empresariado han mantenido contra el sindicalismo.
En segundo lugar, el Consejo Gremial Nacional, el Centro Democrático y Cambio Radical, es decir, entre otros, Bruce Mac Master presidente de la Andi, Jaime Alberto Cabal presidente de Fenalco, Miguel Uribe turbay senador de la república, Germán Vargas Lleras exvicepresidente, han reiterado una y otra vez que dicha reforma es inconveniente, puesto que además de tener un componente ideológico, le hace un gran daño al país, puesto que no genera empleo, ni reduce la informalidad, aumentando los costos laborales para las empresas y colocándolas en situación, según ellos, de inviabilidad.
Al respecto debemos decir, que si ellos están tan preocupados por el tema del empleo y la informalidad, por qué todas las reformas que ellos tramitaron desde 1990 hasta el 2022 no lo resolvieron. Es una posición típicamente oportunista. Sostuvieron que reduciendo costos laborales generaban empleo y eso no pasó de ser un gran engaño.
Pero hemos de señalar que la actual reforma, genera empleo en la medida en que al recuperar derechos e ingresos, los trabajadores pueden demandar más bienes y servicios y por tal motivo mayor producción en las empresas y por consiguiente más empleos y en términos de la informalidad, la reforma se ocupa de formalizar los trabajadores agropecuarios, las trabajadoras domésticas, los trabajadores digitales y los trabajadores del transporte de carga.
Las mejoras salariales de los trabajadores proveen mayor consumo, pero también mayor bienestar y con absoluta seguridad, redundará en mayor productividad en el trabajo.
El recargo nocturno y los dominicales y festivos le ha representado a los empresarios más de 90 billones de pesos en sus arcas, por cerca de 2,5 millones de trabajadores que laboran en esas condiciones. Adicionalmente la eliminación de las parafiscales de salud, ICBF y Sena, por la reforma tributaria del 2012, le ha representado por lo menos 250 billones de pesos que se han embolsillado los empresarios. También le han quitado los derechos laborales a los aprendices y así mismo han mantenido en una total inestabilidad laboral a los trabajadores, incrementando la tercerización y la intermediación laboral que precarizó a los trabajadores y ha debilitado profundamente al sindicalismo.
La ley pensional ha restablecido unos derechos a los trabajadores, a los ciudadanos y ha debilitado los fondos privados. La reforma laboral recuperará varios derechos individuales, obviamente mermando algunos privilegios de los grupos empresariales y reduciendo la terrible desigualdad que ellos han promovido con las reformas que establecieron con los gobiernos neoliberales y proempresariales entre 1990 y 2022.
Frente a esta arremetida del uribismo y el empresariado los trabajadores y la ciudadanía deben responder con la movilización social, en el entendido de enviarle un mensaje, de una parte a la Corte Constitucional para que declare exequible la ley pensional y de otra, un mensaje al Congreso de la república para que entienda que ese reclamo en materia laboral es resultado del estallido social, que tantos sacrificios le costó a la ciudadanía y jóvenes colombianos. Por ello se votó por el gobierno de Gustavo Petro y por tal motivo, debe ser atendido ese mandato popular expresado en las urnas.
Posdata: La amplia movilización de la Asamblea Nacional Popular del 14 y 15 de septiembre, así como las marchas y concentraciones del 19 de septiembre, son expresiones que muestran que el gobierno de Petro tiene un amplio respaldo popular. Dijeron No al golpe.
X: fabioariascut
