Hemos repetido que un proceso de negociación para terminar un largo conflicto armado como el que ha padecido Colombia implica ir de crisis en crisis hasta el punto de no retorno. La paradoja es que cada nudo que se desata resta energía y cada nueva crisis que se acerca al final incluye más tensiones que las anteriores tanto entre las partes dialogantes como con sus contradictores que le apuestan al fracaso del proceso. Solo el paso a la recta final devuelve la fuerza necesaria para pasar al post acuerdo de terminación del conflicto y construcción de paz.
En esa dinámica que es propia de negociaciones tan complejas, hoy nos enfrentamos ante una nueva crisis de las conversaciones en La Habana y una de grandes proporciones. Los acontecimientos de guerra en el Cauca, primero en Timba con el asalto al campamento que llevo a la muerte de 11 soldados y luego en Guapi con el bombardeo nocturno que conllevo la muerte de 18 guerrilleros, son la nota más visible del paso a un nuevo escalamiento de la confrontación. El cese unilateral declarado por las FARC se ha desgastado ante la realidad de la ofensiva militar ordenada por el Presidente y la ofensiva táctica ordenada por las FARC ante ataques continuados de las Fuerzas Armadas del Estado. De hecho ese cese ha perdido capacidad de influencia política como gesto de desescalamiento y en el terreno se torno impracticable. El balón ha pasado a la subcomisión técnica que se encarga de construir la propuesta para el cese bilateral definitivo y de medidas inmediatas de desescalamiento más allá del desminado.
Como telón de fondo de todas las controversias y de los dolorosos episodios en los territorios de la guerra, se tiene una mesa de negociaciones que lleva un año, desde mayo de 2014, sin que logre un acuerdo sustancial en el punto de la agenda relativo a los derechos de las víctimas y la verdad, que incluye salidas en justicia transicional. La mesa, para preparar el pacto en ese tema, promovió foros consultivos en diversas partes del país, la visita de cinco delegaciones de víctimas a La Habana, el informe de 14 expertos con aportes al esclarecimiento histórico del conflicto, amen de decenas de eventos de debate público o de diálogos con especialistas o representantes de tantos poderes implicados en la guerra y la paz. Pero todo eso ha sido insuficiente para lograr un acuerdo en justicia transicional y en particular en lo penal y sanciones con privación efectiva de la libertad para máximos responsables de todos los lados y colores. En lugar de pacto en esta materia, después de un año lo que se ha desatado es un forcejeo desde el gobierno y otros sectores para que las FARC acepten cárcel e inhabilidades políticas; y desde la guerrilla han puesto todas las cartas para mostrar que no firman para que sus jefes se retiren de la política en los próximos años y, en lo penal, señalar que las responsabilidades son ante todo del Estado y de sectores del poder.
Lo grave del momento es que mientras no se resuelva el tema de justicia todos los factores de presión, incluida la militar, tienden a exacerbarse. Y no se puede hablar de punto de no retorno mientras no se pacte en justicia transicional. Por el contrario el forcejeo en este punto lleva a enrarecer el ambiente y facilita el escepticismo.
Para facilitar la superación de la nueva crisis del proceso es urgente que la mesa publique un acuerdo sobre el tema de victimas y comisión de la verdad, aunque lo penal quede en trámite. Y además que se vuelva al lenguaje del desescalamiento de las hostilidades. Solo con noticias como esa el proceso retomará el aire que necesita para pasar la tempestad que se le avecina en la coyuntura preelectoral que arranca en firme en un mes.
