Al ver las imágenes de la catástrofe en Salgar, Antioquia, hay que recordar con precaución las dificultades y limitaciones actuales de los municipios para actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), de cuenta del precario estado de su gestión del riesgo, y cómo esto es una puerta abierta para nuevas catástrofes humanitarias.
Hace pocos días, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en una destacable muestra de rigor académico, entregó al país una guía para evaluar riesgos por movimientos de masa. Lamentablemente, esta herramienta (en camino de volverse norma), puede volverse un nudo más para la penosa realidad de la gestión del riesgo en el país.
¿Por qué?
A modo de metáfora, los municipios necesitan música urgente. El Ministerio de Vivienda ha establecido los instrumentos a usar y el SGC ha compuesto una sinfonía que solo una filarmónica puede tocar!. El problema radica en no tener suficientes músicos para atender con prontitud la necesidad del país y no tener los recursos para pagar este refinado trabajo.
Una grave desconexión con la realidad amenaza la seguridad de muchas personas, las cuales necesitan una evaluación de su situación de riesgo de manera urgente, en un país montañoso propenso a desastres naturales.
Alta demanda y poca oferta
Los requerimientos profesionales y técnicos que exige la guía para estudios de riesgo del SGC son altos. Las firmas que alcancen la exigencia, irán por los pocos municipios que pueden pagar los estudios, los cuales no sorprende, sean aquellos con menor riesgo. Y el resto? municipios como Salgar?, enfrentarán la realidad de falta de profesionales “idóneos” y de los recursos para cumplir con la ley.
Concentrar la bandera de la gestión del riesgo en unos pocos ejecutores puede ser la antesala de próximos Salgares que no fueron atendidos oportunamente.
Asimismo, los sobrecostos generados por estas exigencias no son favorables para la nación en un momento en que los presupuestos regionales están siendo recortados drásticamente por la caída de los precios del petróleo.
El principio de la adaptabilidad
El desarrollo económico y social parte de conocer que se tiene para sacarle provecho. La caída de precios de los commodities que ha afectado las industrias minera y petrolera, también ha dejado profesionales disponibles que pueden aportar a las necesidades del país en materia de gestión del riesgo.
Según los lineamientos del SGC, estos experimentados profesionales no tienen la idoneidad para atender temas de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Conceptualmente es correcto, y a su vez es un error muy grave por doble partida no aprovechar su experiencia para alivianar la crisis laboral y a su vez aportar a la creación de un país más seguro en términos de riesgos por desastres naturales.
Conclusión
Implementar nuevas exigencias a los municipios para gestionar su riesgo sin una estrategia estructurada y coherente, es una amenaza para la población más grave que las naturales.
Una política nacional para gestionar el riesgo necesita:
1) Evaluar y priorizar “a mano alzada” la situación de riesgo las comunidades del país.
2) Verificar presupuesto disponibles para la tarea
3) Inventariar mano de obra y capacidad de ejecución
4) Definir mecanismos que integre los anteriores elementos y los optimice.
Seguir este procedimiento permitirá, entre otros beneficios:
- Generar una base de conocimiento práctica en lo relacionado con amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo que proteja a la población y permita tomar precauciones y medidas básicas, ajustándose a los recursos disponibles del país.
- Capear la emergencia laboral de profesionales afectados por la crisis energética y de commodities.
Gabriel Bayona. M.Sc. Geo. Analista de Recursos Naturales.
