En un proceso de Pérdida de Investidura que es el juicio que adelanta el Consejo de Estado contra los congresistas acusados de algún delito, debe haber siempre presencia de la Procuraduría.
Una vez escuchada la defensa del congresista, la delegada de ese ente de control da su dictamen para apoyar la tesis de denunciante o solicitar el archivo del proceso. Su pronunciamiento es por supuesto solo un concepto no vinculante, porque los que deciden sobre la culpa o inocencia son los miembros de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Esto acaba de ocurrir con la demanda de pérdida de investidura contra la senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano, acusadas por un pastor cristiano de haber incumplido la Ley por supuestamente presentarse a una elección dentro del mismo partido, cuando eso le está prohibido a personas que tengan lazos de parentesco cercano, como lo sería ser marido y mujer.
La delegada de la Procuraduría solicitó al Consejo de Estado que les mantenga la investidura a ambas mujeres y eso es una muy buena noticia que cuando la dieron a conocer, inicialmente me devolvió algo del respeto perdido por la Procuraduría. Está muy bien que la delegada no respalde esa persecución injusta del demandante, pensé ingenuamente. Pero cuando leí los argumentos dados por esa señora mi ilusión desapareció de inmediato.
Resulta que la delegada da su dictamen bajo el argumento de que por ser una pareja de lesbianas, es decir una pareja del mismo sexo, así tengan lazos afectivos cercanos, no pueden considerarse matrimonio. Según la caverna de la Procuraduría el vínculo matrimonial solo es posible entre un hombre y una mujer.
Lo interesante es que con tal de no contradecir su pensamiento retrógrado y eventualmente darle alas a las expectativas de matrimonio gay o la adopción igualitaria que tanto se han defendido desde la trinchera de la población LGBTI, la Procuraduría terminó respaldando a dos congresistas que son una piedra en el zapato para monseñor Ordóñez. Este proceso se le convirtió al procurador en una sin salida: si pedía la condena para estas dos congresistas, debía reconocer que las personas del mismo sexo podían establecer un vínculo matrimonial. De lo contrario, como en efecto sucedió, las respaldaba y mantenía su tesis ideológica. Perdía con cara y con sello.
Pero, eso sí, preocupa que la señora delegada del procurador utilice un argumento tan retorcido para soportar su alegato. Ella no está dando su dictamen en derecho, sino en conveniencia ideológica, lo que no es raro porque así han sido últimamente muchas de las actuaciones de la Procuraduría.
Lo que responden las acusadas es que no les deben quitar la investidura porque nunca han sido un matrimonio, ni su equivalente una Unión Marital de hecho. Ellas no han querido formalizar su noviazgo, no han tomado la decisión de casarse y mantienen su relación afectiva en ese nivel de informalidad.
Este debería ser el asunto a demostrar como cierto o falso, pues es el verdadero meollo del problema por el que fueron acusadas. Nunca sobre la concepción de matrimonio, como pretende la Procuraduría con su retorcido argumento.
http://blogs.elespectador.com/sisifus/
