Nadie con dos dedos de frente se ha comido el cuento del golpe de estado. Ya el cuento va en que el golpe es para que Fincho Cepeda lo tumbe y se pase de la presidencia del Senado a la presidencia de la República. En eso lleva Petro todos estos días como un botafuegos dándoselas de loco que ni ve ni entiende al tiempo que sale a amenazar con que va a volver sacar a sus milicias para incendiar el país.
Mucha gente se aterra y no es para menos.
Hay quienes piensan que lo que pasa es que Petro está loco. En eso se equivocan. En lo que anda Petro es haciéndose el loco, sobre todo queriendo hacerse el loco con la Constitución. Al final, queriendo hacerse el loco con la democracia.
El que más feliz se pone cuando sale un coro a tildarlo de loco es el propio Gustavo Petro. Uno, porque a los locos les tienen miedo y a él eso le fascina. En su vanidad de déspota, a él le fascina que le teman. Dos, porque a los locos no los toman en serio del todo y a él eso le conviene. Miren que sigue habiendo jefes políticos, líderes gremiales y periodistas importantes que dicen que lo único que hay que hacer es sentarnos a esperar a que pasen los dos años que faltan para que se le acabe el período al loquito. Lo dicen y lo repiten sin reparar en el grave error que entraña su planteamiento.
Decir que Petro hace lo que hace porque está loco es banalizar el problema, es trivializarlo tanto como si estuvieran opinando sobre algún conflicto de telenovela. Llamar “locura” a la violación de la Constitución por parte de un presidente es un descriterio máximo de la política. Por ese camino terminaremos en que delito y locura son lo mismo, en que sí, lo que debemos hacer es aguantarnos dos años más las “locuras” del “loquito”.
En este orden de ideas, no entiendo mucho las últimas declaraciones de Fincho Cepeda.
Esta semana, cuando Gustavo Petro salió con una más de sus diatribas contra el Congreso y contra Fincho Cepeda, Fincho sólo atinó a responderle que no era cierto que alguien estuviera fraguando algún golpe y, como para tranquilizarlo, para intentar tranquilizar a Petro, le dijo: “Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su período y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted”.
En principio estamos de acuerdo, Fincho. Se trata de que las instituciones no jueguen con la democracia, menos ahora cuando hay un presidente como Petro que, más allá de querer jugar con ella, la desafía. De allí la importancia de que el Congreso asuma sus deberes con la máxima responsabilidad posible. Que es lo mismo que el Congreso asuma la mejor defensa de la Constitución, comenzando por dar el ejemplo de cumplir con sus preceptos dentro del mayor rigor y dentro de la mayor fidelidad.
Por eso me llama la atención que Fincho, acto seguido, como si nada, pase a la frase “usted debe terminar su período”. Cuando eso no es lo que dice la Constitución.
Que los presidentes terminen sus cuatrienios es lo deseable políticamente, lo deseable democráticamente, mas no es, ni mucho menos un mandato constitucional
Que los presidentes terminen sus cuatrienios es lo deseable políticamente, lo deseable democráticamente, mas no es, ni mucho menos un mandato constitucional. Una cosa es lo “deseable” y otra muy distinta lo “obligatorio”, lo que manda la Constitución. Lo que sí es un mandato constitucional es que los presidentes deben respetar la Constitución y las leyes y que entonces sí, ahí sí, deben terminar sus períodos de cuatro años. Lo que sí es un mandato constitucional es que cuando un presidente viola la Constitución y las leyes debe ser juzgado y si es hallado culpable debe ser retirado del cargo.
De allí, que la Constitución haya establecido unos mecanismos muy precisos para que el presidente sea investigado y juzgado cuando ésta haya violado la Constitución y las leyes. Y Fincho debe saber muy bien que la Constitución dejó esos mecanismos en manos del Congreso de la República, Congreso del cual hoy Fincho Cepeda es su presidente.
Valga la ocasión para aclarar que las funciones judiciales del Congreso no son negociables políticamente como si fueran uno más de los portafolios que se negocian en eso que llaman la “gobernabilidad”. Los procesos judiciales que debe adelantar el Congreso no pueden negociarse como se negocia un debate de control político o como se negocia el apoyo a un proyecto de ley. Las pruebas de la violación de los topes de la campaña presidencial no dejan de existir porque algún partido político reciba como contraprestación el ministerio de alguna cosa.
Por lo pronto, esperemos que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su deber. Y a partir de allí, preparémonos los ciudadanos para estar pendientes de que el Congreso también cumpla con el suyo.
A Fincho le tocó asumir la conducción del Congreso en un momento crítico de la democracia colombiana. De todo corazón, espero que lo haga de la mejor manera posible.
Oye, Fincho Cepeda: No te rajes
