Tiene fiscal de bolsillo, quiere aprobar sus proyectos pasando por encima del Congreso, presiona y acosa sin tregua a quienes lo investigan y arremete contra los tribunales que le ponen límites.
No estoy hablando de Nicolás Maduro y de su abominable dictadura. Me estoy refiriendo a Gustavo Petro que cada día que pasa se despoja más de la máscara de demócrata que usó para hacerse elegir y exhibe, sin pudor, su talante dictatorial. Se parece tanto el presidente colombiano a su homólogo venezolano que bien se le puede rebautizar como Petroduro.
Comencemos por la fiscal Luz Adriana Camargo. A pesar de que desde diversos sectores se advirtió sobre su proximidad y afinidad ideológica con Petroduro, personalmente, dada su respetable trayectoria jurídica, quise darle tiempo para que mostrara cuál es el rumbo que quiere darle al ente investigador.
No fue necesario esperar mucho para que Camargo pelara el cobre y le diera la razón a esas voces que proclamaban, desde antes de ser designada, que era una fiscal del bolsillo.
El ‘destape’ de la fiscal acaba de producirse, con la expedición de la directiva con la que, según ella, pretende descriminalizar la protesta social.
Ese perverso documento convierte en víctimas a los vándalos que aprovechan las protestas para sembrar el terror y convierte en victimarios a quienes intentan controlarlos.
Dice la dichosa ‘directiva’ que cuando las protestas se salen de madre no es porque detrás de ellas haya bandidos interesados en sembrar el caos sino porque las protestas “se calientan”
Lo primero que dice la dichosa ‘directiva’ es que cuando las protestas se salen de madre no es porque detrás de ellas haya bandidos interesados en sembrar el caos sino porque las protestas “se calientan”.
“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”, expresa el documento.
La fiscal pretende hacernos creer que la quema de buses, el saqueo al comercio, el ataque a las autoridades y a la ciudadanía inerme no se presenta porque el terrorismo pretenda aprovechar las protestas para sembrar el caos sino porque los “ánimos se exacerban”. ¡Qué desconocimiento de lo que ha ocurrido en este país y que insulto a la inteligencia de los colombianos!
Como si lo anterior fuera poco, la ‘directiva’, que parece redactada por Gustavo Petro, da patente de corso a los terroristas para que agredan a las autoridades: “No es violencia contra servidor público el uso de lenguaje verbal fuerte, expresiones vehemente de inconformidad, gestión o producción de imágenes desobligantes”, dice el documento.
Y va más allá: si un policía reacciona contra alguien que lo agrede, el agresor puede invocar que está actuando en legítima defensa, “Si un manifestante es violento con la Policía, los fiscales deben evaluar una eventual legítima defensa”, dice la directiva.
No es necesario leer los 31 puntos que componen la absurda ‘directiva’ para percatarse que está alineada con la estrategia que Gustavo Petro ha seguido desde que asumió la Presidencia: empoderar a los terroristas y quitarle legitimidad a las autoridades.
En segundo lugar, para mostrar la intención del gobierno Petro de pasar por encima del Legislativo basta observar lo que está pasando con la aprobación del Presupuesto Nacional. El Gobierno presentó un proyecto que, con toda razón, el Congreso consideró inviable por cuanto está desfinanciado en más de $12 billones. Lo que significa que, si se aprueba tal como está, en un año el Ejecutivo estará como está ahora: sin caja para asumir sus obligaciones.
Por eso, el Congreso le ha pedido al Ministro de Hacienda que presente un presupuesto realista, que se ajuste a los verdaderos ingresos del Estado. Pero Petroduro, en lugar de atender esas voces sensatas, decidió que si no le aprueban el presupuesto como a él le da la gana, lo expide por decreto. A lo Stalin.
Lo que no es delito, pero no ha ocurrido nunca en la historia reciente del país. Y como dicen los analistas económicos, puede lanzar un mensaje preocupante a los mercados internacionales, lo que podría afectar la estabilidad macroeconómica del país.
En tercer lugar, Petroduro está ejerciendo sobre el Consejo Nacional Electoral, órgano competente para investigar la financiación de las campañas electorales, una presión más que asfixiante para que no cumpla con su deber.
Ese disparate con el que salió esta semana, según el cual hay en marcha una conspiración para tumbarlo y para que lo reemplace el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no es más que una forma de presionar al Consejo Nacional Electoral.
Lo que busca Petroduro es intimidar al CNE para que no lo sancione por la violación de los topes financieros por parte de la campaña que lo llevó a la Presidencia.
Una exmagistrada que conoce el proceso me aseguró que las pruebas que tiene el CNE son contundentes y que lo más probable que es que su fallo sea en el sentido de que sí hubo violación de los topes por parte de la campaña petrista.
En realidad, el CNE no tiene competencia para sancionar al Presidente, lo único que puede hacer, de establecer que la campaña petrista violó la ley, es compulsar copia a la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara de Representantes, órgano que tiene la competencia para investigar al Presidente.
Si el fallo del CNE determina que sí hubo violación de los topes, el caso quedaría en manos de esa célula legislativa, bastante ineficiente y politizada, que debería determinar si encuentra méritos para acusar a Petroduro ante el pleno de la Cámara de Representantes.
El Gobierno cuenta con toda mermelada y un amplio apoyo en la Cámara como para hundir, sin mayor dificultad, esa investigación.
Eso lo tiene claro Petroduro. Lo que significa que en realidad no le teme que lo “tumben” de la Presidencia sino que la legitimidad de su campaña y, por ende, de su elección, sea puesta en entredicho con un fallo del Consejo Nacional Electoral.
Eso sería fatal para el futuro político del petrismo y del propio Petroduro, que no ha ocultado su intención de permanecer en el poder, a nombre propio o a través de un testaferro, más allá del 2026.
Un hipotético fallo sancionatorio del CNE sería un duro golpe para ese propósito de perpetuarse en el poder, por eso el petrismo le teme tanto.
Lo que debemos hacer los colombianos es no dejarnos enredar por las salidas altisonantes de Petroduro y rodear al CNE para que falle en justicia. Y a las ramas judicial y legislativa les corresponde hacer respetar ese fallo.
De que ese fallo, sea cual sea el sentido, se respete y se acate depende, en buena parte, que nuestra democracia subsista o que la dictadura que ya está tomando forma se consolide y tengamos que soportar a Petroduro, y todo su combo, de forma indefinida.
