El gran crecimiento de la industria hotelera y turística de Cartagena ha visto de este paraíso natural una mina de oro a explotar y ha hecho un nuevo “Apartheid” como modo de producción.
Desde hace varios años los raizales afrodescendientes de esta paradisíaca zona han sido testigos de cómo el Estado colombiano, el mismo que en su constitución política, en el artículo 7, se alardea de reconocer y proteger las distintas etnias que habitan en la Nación, ha sido cómplice de los gremios privados, verdaderos invasores de este territorio.
Las comunidades raizales, en su mayoría, han sido despojadas de los territorios heredados por sus antepasados, bajo amenazas y amordazamiento. Estos se ven en la obligación de desalojar y en algunos particulares casos vender sus tierras. Todo esto gracias a los ambiciosos megaproyectos turísticos de las grandes élites privadas que poco les interesa la conservación de los diversos ecosistemas que posee este paraíso, y mucho menos la condición de vida de los raizales.
La administración local poco y nada hace ante esta problemática, a raíz de los favores económicos que estos inversionistas les suministran en campañas electorales, han optado por dar luz verde a los megaproyectos invasores y desentendenderse de la problemática como si se tratara de un asunto de menor importancia.
Ante todo este atropello por parte de los gremios privados y la administración local, los raizales han buscado el amparo del Gobierno Nacional, que lo único que hizo, al igual que la administración local, fue darles una bofetada, pues resulta que para el Gobierno Nacional estos raizales son los verdaderos invasores de los territorios en Barú, y que los territorios son propiedad del Estado, ¡vaya dilema! El gobierno colombiano prefirió vender predios a las élites privadas que favorecer a las comunidades necesitadas de esta zona, quizás porque vio que la construcción de estos megaproyectos turísticos sería una mejora a la calidad de vida de los “invasores” afro descendientes, pues tendrían un empleo estable y con todas sus prestaciones básicas.
Pero aquí surgen otros problemas: estas élites han abusado de la generosidad de nuestro gobierno, y se han extralimitado a los planos de sus construcciones, destruyendo todo tipo de ecosistema, fauna y flora, como si se tratara de demoler el jardín de una casa. Pero los problemas no cesan aquí, pues también, para sus empresas turísticas, han contratado personal de otras regiones y han excluido dejando a su suerte a los baruleros, que en un principio eran los llamados a beneficiarse de estas empresas.
Sin tierras, sin empleo y sin dignidad esta comunidad ha tenido que buscar maneras de supervivencia a este apartheid ante la corrupción de la administración local y ante la inoperancia del Gobierno Nacional y sus políticas neoliberalistas. Parece que estos raizales afrodescentiendes están condenados a morir de hambre o a luchar hasta las últimas consecuencias por sus libertades y derechos, como lo han venido haciendo en este último tiempo a través de plantones, marchas, bloqueos y protestas. Todo esto ha sido en respuesta al castigador sol de Cartagena, ante la soberbia temperatura y represión que ha querido imponer el Gobierno que aún después de todo esto les considera vándalos y criminales, por el hecho de luchar derechos que este mismo les desconoció, o derechos que aunque están plasmados en nuestra constitución, solo son una utopía bastante alejada de nuestra realidad.
