Tanto Héctor Carvajal como Gustavo Quintero están a la expectativa de ver si terminan entrando en la terna de la que saldrá el próximo Procurador General de la Nación en reemplazo de la barranquillera Margarita Cabello. El primero aparece en una prelista de 26 candidatos que presentó la Presidencia y el segundo está en la lista corta de 10 finalistas del Consejo de Estado. Ambos están opcionados, Carvajal por su cercanía con el Presidente y Quintero por su destacada intervención en la audiencia pública en la que fueron escuchados los 10 candidatos del alto tribunal el pasado 28 de agosto.
Pero, más allá de sus aspiraciones profesionales para ocupar el alto cargo, ambos tienen sobre sus hombros una tarea mayor: para Héctor Carvajal defender al Presidente y para Gustavo Quintero a Ricardo Roa, la cabeza de Ecopetrol, por la posible violación de los topes permitidos para financiar la primera y segunda vuelta de la campaña presidencial.
Carvajal es un viejo conocido de Gustavo Petro, ya que formó parte del equipo que logró el gran triunfo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que lo salvó de la destitución que se proponía concretar el entonces procurador Alejandro Ordoñez, quien una vez enviudó, rompió con la vida pública para ordenarse como sacerdote en Estados Unidos.
En el equipo estaba también Carlos Rodríguez el actual embajador en Costa Rica, quien aspira a ser juez representante de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), rol que ostentaba el jurista Humberto Sierra Porto.
Gustavo Quintero Navas es cabeza de la firma que lleva su nombre y cuenta con trayectoria como jurista y catedrático, además de como un reconocido administrativista especializado en derecho público.
¿Qué ha pasado con la investigación?
Los dos abogados tienen una responsabilidad mayúscula después de conocerse elementos de la investigación de los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que dejan ver que se trata de un trabajo bien documentado que compromete la campaña del Presidente en una violación de topes en más de $5.300 millones, $3.700 millones en la primera vuelta y $1.600 millones en la segunda. Investigación que solo podría acarrear multas o sanciones económicas porque el único organismo que puede castigar a un Presidente es el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Con tal responsabilidad, difícilmente estos dos juristas pueden abandonar una defensa que apenas comienzan a estructurar.
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