Este texto sobre el Clan Torres forma parte de un amplio informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación dirigida por el analista e investigador León Valencia. El documento titulado Los nuevos clanes políticos de Colombia incluye 4 de clanes políticos, algunos consolidados e influyentes en el tiempo y otros en proceso de formación y en ascenso como es el caso del Clan Torres cuyo epicentro es Puerto Colombia, municipio vecino de Barranquilla desde donde ejercen poder económico y político  en la Costa Atlántica y cada vez con mayor influencia nacional y con acceso a en la Casa de Nariño por su rol como financiadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El poder tras el poder: el clan Torres en el Atlántico

En las últimas décadas el poder político e incluso económico en la Costa Atlántica se ha venido concentrando en una familia en particular: los Torres. Su incidencia se ha focalizado en Puerto Colombia (Atlántico), una ciudad determinante en términos comerciales durante el siglo pasado, pues para la época era uno de los principales centros de intercambio de mercancías del país. Sin embargo, la capacidad de maniobra política del clan ha trascendido dicho municipio, a tal punto que miembros de la agrupación política han logrado ocupar cargos de elección popular en instancias como la Asamblea, la Gobernación del departamento e incluso el Congreso de la República.

El surgimiento del Clan se dio en el marco de una amistad clave entre el condenado exalcalde de Barranquilla Bernardo “el Cura” Hoyos y el jefe de la agrupación política Torres, Euclides Torres.

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Bernardo Hoyos Montoya es un sacerdote que llego a la política al final del siglo pasado. Fue alcalde de Barranquilla en los periodos 1992- 1994; y 1998-2000, pero su segunda administración estuvo marcada por presuntas irregularidades, relacionadas con el proceso contractual para que el municipio adquiriera el edificio del Banco de la República, donde actualmente se encuentra la sede de la Alcaldía de Barranquilla.

En julio de 2021 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga lo condenó a 7 años de prisión por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Inicialmente se le había ordenado detención domiciliaria; sin embargo, en mayo de 2023 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de la capital del Atlántico revocó tal determinación y en consecuencia fue trasladado al Establecimiento de Reclusión Especial de Barranquilla El Bosque, en el cual se encuentra actualmente.

Adicionalmente, en 2003 ya la Procuraduría lo había inhabilitado por 12 años para ocupar cargos públicos, esto como consecuencia de la decisión de Hoyos de posesionarse como senador de la República en 2002, pese a que en el 2001, la delegada para la Moralidad Pública de la misma entidad, ya lo había inhabilitado previamente por 5 años.

Sin embargo, allí no paran los velos tras la vida política del cura. Durante la primera campaña a la Alcaldía de Barranquilla, Hoyos recibió el apoyo de Euclides Torres, quien para ese entonces aún no había logrado la visibilidad y relevancia en el escenario político y empresarial de la cual actualmente goza.

Si bien es cierto que Torres se ha caracterizado por mantenerse bajo el velo del anonimato, en realidad esta ha sido una de las particularidades que le han permitido escalar sigilosamente al interior del poder en la costa. De hecho, poco se sabe de él; pese a que no ha tenido una cara visible en la política y no ha ocupado cargos de elección popular, si ha sido protagonista en el mundo empresarial, pues al parecer ha acaparado múltiples contratos de alumbrado público y transporte en Atlántico.

Mientras tanto, su familia si ha construido una larga carrera en la política electoral. Euclides Torres es padre de Efraín Antonio Torres Monsalvo. Para el periodo 2014-2018 fue elegido con más de 22.000 votos, representante a la Cámara por Bogotá, y avalado por el Partido de La U. No obstante, sobre él también reposan algunos cuestionamientos.

En junio de 2024 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra de Efraín Torres porque al parecer habría cometido los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. En 2012, Torres junto a dos excongresistas más también implicados, presuntamente habrían aprobado una ley con la cual se implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas. El asunto problemático es que con esta medida presuntamente habría resultado favorecida la empresa Simetric S.A., pues entre sus servicios se encuentra la realización de exámenes para acceder a licencias de conducción y autorizaciones de porte armas. Cabe mencionar que, dicha sociedad pertenece a Euclides Antonio Torres Romero.

Por otro lado, la consolidación de algunos matrimonios ha sido determinante en la continuidad y extensión del clan. Así las cosas, la relación entre Camilo Guillermo Torres Romero (hermano de Euclides Torres) y Martha Patricia Villalba Hodwalker (hija de Rafael Villalba García) contribuyó al fortalecimiento de la agrupación política. Villalba García también es una figura relevante en la política local y regional, e incluso ocupó cargos en corporaciones como la Asamblea de Atlántico.

Básicamente, la pareja ha sido controlante del poder local. Camilo Torres fue uno de los primeros integrantes del clan en ocupar cargos de elección popular. Entre los años 2001-2003 fue alcalde de Puerto Colombia. Poco tiempo después, su esposa, Martha Villalba resultó elegida alcaldesa de dicho municipio (2008-2011), con el aval del Partido Conservador. Además, durante dos periodos consecutivos obtuvo una curul en la Cámara de Representantes (2014-2018; y 2018-2022), avalada por el Partido de La U.

Sin embargo, renunció a su investidura en junio de 2022, justo antes de finalizar la última legislatura. Al parecer, esta acción fue una estrategia para evadir una investigación que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia, la cual se relacionaba con el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el delito de peculado por apropiación, por posibles acciones cometidas cuando fue alcaldesa de Puerto Colombia. De manera que, la pérdida de su condición como aforada implicó que el proceso tuviera que continuar en la Fiscalía, en lugar de la Corte.

Pese a ello, las elecciones legislativas de 2023 dejaron en evidencia la injerencia que tiene el clan en la política regional; así como la flexibilidad ideológica y la capacidad de tranzar múltiples alianzas independientemente la orilla política. Por un lado, se encuentra Camilo Torres Villalba, hijo del matrimonio de los exalcaldes y quien fue elegido diputado de Atlántico por el Partido Liberal, con la tercera votación más alta de la corporación. Sumado a esto, alcanzaron una segunda curul en dicha corporación, se trata de Alejandra Moreno; quien fue elegida tras ser candidata de la lista cerrada del Pacto Histórico y además, fue jefa de prensa del senador Pedro Flórez, también perteneciente a la coalición del Pacto.

Pedro Flórez es un químico farmacéutico que, si bien nunca había estado involucrado en política, su esposa sí, es decir, Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides y Camilo Torres. Cabe resaltar que, en 2022, Flórez resulto elegido como senador de la República, tras ser incluido en el noveno lugar de la lista cerrada del Pacto Histórico. Por su parte, Llanos Torres fue diputada del Atlántico durante 2019- 2023 por el Partido de La U, y se mantuvo férrea a defender los intereses de su agrupación política.

Las victorias del clan en las últimas elecciones no terminaron allí. En 2022, el médico cirujano Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres también fue elegido representante a la Cámara con el aval del Partido Liberal; logrando así mantener la curul de su cuñada, Martha Villalba, que había ocupado un escaño en la Cámara en los periodos 2014-2018; y 2018-2022. En cuanto a la política local, la agrupación política no perdió su principal fortín electoral, Puerto Colombia. Así las cosas, Plinio Cedeño, actual alcalde de dicho municipio, llego al cargo con el respaldo de 13.076 votantes, avalado por el Partido Liberal y apoyado por el representante a la Cámara, Dolcey Torres y la exalcaldesa y excongresista, Martha Villalba.

Cabe recordar que, esta no es la primera ocasión en la que el clan apoya a un candidato a la Alcaldía de Puerto Colombia. En 2003 tras la finalización de la administración de Camilo Torres, fue elegido Gustavo Ahumada, quien recibió el respaldo de la agrupación6 . Más adelante, en 2019 William Vargas, avalado por el Partido de La U y con 10.613 votos se convirtió en el mandatario del municipio y también tuvo el espaldarazo del matrimonio Torres Villalba.

Otro nombre relevante del Clan y que apareció recientemente en el escenario político fue Rafael Bossa, quien se esperaba fuera nombrado gerente de los fallidos Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027. Bossa fue gerente de Telecaribe, y es esposo de Mimi Torres, hermana de Euclides Torres y del representante a la Cámara, Dolcey Torres. Además, su papá es Simón Bossa, excongresista del Partido Liberal.

Cuestionamientos

Múltiples miembros del clan Torres han estado involucrados en investigaciones de entes judiciales. Tal como se mencionó inicialmente, la Corte Suprema de Justicia adelantó una investigación en contra de Martha Villalba; sin embargo, su renuncia como representante a la Cámara, condujo al traslado del proceso a la Fiscalía. Hasta la fecha la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) no conoce el estado del mismo.

Mientras tanto, su esposo, Camilo Torres Romero fue condenado en diciembre de 2012 por el delito de peculado por apropiación, a raíz de su responsabilidad en la defraudación del Fondo de Pasivo Social de la empresa de Puerto de Colombia en Liquidación (Foncolpuertos), en el que presuntamente funcionarios certificaron documentación falsa para recibir pensiones. Esta sentencia inicialmente fue de 27 meses de prisión; sin embargo, se amplió a 36 meses en el mismo año de la condena y fue ratificada en el 2018 por la Corte Suprema de Justicia mediante el radicado 48419.

Pese a los esfuerzos de Euclides Torres de mantenerse en el anonimato de la política nacional, la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia lo puso en medio de la exposición pública. Puntualmente, Torres fue mencionado en medio del proceso que adelanta la Fiscalía en contra del hijo del presidente Petro, Nicolas Petro, por presunto lavado de activos.

Al parecer, el líder del clan habría aportado a la campaña presidencial de Petro. De hecho, en septiembre de 2021 en Barranquilla se llevó a cabo uno de los eventos de mayor magnitud en medio de la contienda, pues consto de una amplia logística con una enorme tarima en forma de “P”. Presuntamente, dicho escenario fue resultado de las gestiones de Torres.

Sin embargo, según la información reportada por la campaña de Pacto Histórico a la plataforma Cuentas Claras, para la primera y segunda vuelta, no se presentaron ingresos a la misma a nombre de Euclides Torres o familiares suyos. Adicionalmente, en abril de 2024 Torres ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes negó haber entregado dinero a la campaña de Petro. Cabe mencionar que, Nicolas Petro ha sostenido que los apoyos recibidos por parte de Torres no se dieron en términos monetarios.

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La llegada del político costeño al Pacto Histórico fue facilitada por la estrecha relación entre Euclides Torres y Armando Benedetti, la cual se remonta a antes de la salida de Benedetti del Partido de la U y su ingreso a la coalición del Pacto. Esta conexión política se consolidó cuando Benedetti se convirtió en la fórmula de Efraín Antonio Torres Monsalvo, hijo de Euclides Torres, en la Cámara de Representantes por Bogotá durante los periodos 2014-2018.

Adicionalmente, en agosto de 2023, Daysuris Vásquez, expareja sentimental de Nicolas Petro, afirmó que al parecer este último habría recibido un apartamento de Euclides Torres con la presunta intención de sacarlo de la contienda por la Gobernación del Atlántico.

Los contratos tras la espalda de los Torres

Los Torres Villalba no solo han alcanzado un posicionamiento relevante en la región por su participación en política, pues han tenido un activo rol en el sector empresarial, particularmente en servicios como el alumbrado público y transporte.

Básicamente, existen múltiples sociedades integradas o representadas legalmente por personas que poseen vínculos con el clan Torres; de allí radica la capacidad camaleónica de Euclides Torres para ser beneficiario indirecto de grandes procesos contractuales, sin utilizar su nombre propio para ello.

Al parecer, la cercanía y el respaldo de la agrupación política al gobierno Petro, ha sido retribuido a través de contratos, pues en los últimos dos años, empresas presuntamente relacionadas con Torres han salido victoriosas de distintos procesos contractuales. Según El Espectador, desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño hasta marzo de 2024, dichas empresas habrían sido beneficiadas de más de $85.000 millones de pesos en contratos.

En 2019 Torres fue mencionado por la Superintendencia de Industria y Comercio en medio de un proceso por presunta cartelización en el software y los contratos para los negocios de las revisiones técnico-mecánicas. Adicionalmente, la entidad le imputo cargos porque al parecer se estaba limitando la competencia del mercado para la prestación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una herramienta adscrita a la Superintendencia de Transporte para hacer inspección al servicio que ofrecen los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito; por ejemplo, las empresas que emiten certificados para licencias de conducción, revisiones tecnicomecánicas, o academias de enseñanza de manejo.

Puntualmente, la SIC identificó que en 2012 en el marco de una adjudicación para operar el SICOV, se presentaron tres empresas: Olimpia, Azca Colombia S.A. y Softmanagement S.A, las cuales presuntamente estaban relacionadas con Torres y solo una de ellas se encontraba en la capacidad de asumir la operación. Además, según la SIC, las sociedades en cuestión actuaron de manera organizada y sin pretensiones reales de disputarse entre sí la adjudicación.

Cabe mencionar que a Torres también se le vincula con SIMETRIC, una sociedad dueña de un Centro de Reconocimiento de Conductores y prestadora del servicio de exámenes de aptitudes para conductores y certificaciones para porte de armas. Simetric ha sido beneficiaria de contratos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad Nacional de Protección.

Adicionalmente, otras personas cercanas al clan Torres se han dedicado al sector empresarial. Este es el caso de Alejandro Borja, esposo de Katy Torres, hija de Euclides Torres. Borja es el representante legal Gestión de Seguridad Electrónica S. A. (GSE), una sociedad que desde el año 2016 hasta la actualidad ha sido beneficiaria de más de 500 contratos, entre los cuales resaltan algunos suscritos con entidades como la Secretaria Distrital de Integración Social, la Aerocivil, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia logística de las Fuerzas militares, la Agencia nacional de defensa jurídica del Estado, Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); entre otras.

Según el Portal Anticorrupción (PACO), desde el inicio del gobierno Petro, hasta el día de hoy, Gestión de Seguridad Electrónica S. A ha sido beneficiaria de 97 contratos, los cuales suman $3.340.340.998. Entre ellos, resalta uno relacionado con la prestación del servicio de certificado digital, estampa cronológica, firma digital y correo electrónico certificado a la Jurisdicción Especial para la Paz, por valor de $986,870,312. Cabe mencionar que la empresa en cuestión también fue mencionada por la SIC en la investigación sobre la limitación a la libre competencia y la Organización Simetric.

Ahora bien, ampliamente se ha documentado la participación del Clan Torres en el sector del alumbrado público, especialmente en diferentes partes del país, como en Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Neiva. Lo que llama la atención no solo es el amplio número de contratos adjudicados a su favor, sino las altas cuantías que alcanzan y los extensos tiempos de ejecución de los mismos. Este es el caso, de Aservin11 , una de las sociedades con las que presuntamente se relaciona a Torres, y en septiembre de 2017 fue beneficiaria de una licitación pública para la operación, mantenimiento y modernización del alumbrado público de Vélez, Santander. La particularidad de esta es que el plazo para ejecutar es de 360 meses, es decir 30 años, por valor de $ 1.151.691.932. Así las cosas, el clan Torres ha logrado acaparar enormes montos de dinero a través de múltiples empresas del sector automotriz, seguridad y alumbrado público, diversificando sus ingresos y asegurando su continuidad a través del tiempo, mediante contratos con largos plazos de ejecución.

* Nota publicada originalmente en el portal de la Fundación Paz y Reconciliación - Pares