Los pronósticos antes de la elección presidencial apuntaban a crecimiento muy modesto. La deficiente gestión ha deteriorado las perspectivas. El repunte del segundo trimestre del año en curso obedece a aumento del gasto público, que el año pasado sufrió letargo. El espacio para aumentar el gasto hacia adelante es muy limitado, pese a los precios del petróleo, altos hoy por la guerra en Ucrania. Se ha estancado el consumo y la inversión privada declina.
Se mantiene la inversión en petróleo, en razón de contratos anteriores a la inexplicable decisión de suspender la exploración. El gobierno piensa cumplir sus promesas de subsidios, para lo cual planea otra reforma tributaria.
Sin embargo, el contexto no facilita el aumento de recaudo de impuestos directos ni indirectos: es probable la reducción del ingreso neto de las personas jurídicas por el estancamiento de la economía, en tanto que la timidez en el consumo reduce el crecimiento del IVA.
Las empresas habían aumentado la contratación formal, lo cual, combinado con la emigración, que redujo el número de personas activas en la economía, se refleja en menos desempleo formal y menos informalidad, pero la mejora del indicador es muy pequeña, y las cifras en ambos casos son muy altas.
Faltan menos de dos años para las próximas elecciones. Nadie reconoce que se requieren ajustes importantes en la institucionalidad pública para mitigar riesgos de repetir gestión pésima y lograr que el Estado cumpla sus tareas. Ni siquiera se reconoce que las cosas vienen mal de tiempo atrás, ni que los procesos públicos para hacer reglas y juzgar conductas establecidos son contrarios a los propósitos de la Carta.
El Estado colombiano es incapaz de hacer efectivo el monopolio de la fuerza, Además tiene serios defectos de diseño. El equipo primario de presidencia tiene más de 25 personas, sin contar las altas consejerías. El ordenamiento territorial es absurdo, con papel muy pobre para los departamentos. Las reglas sobre partidos son contraproducentes; se han hecho dos intentos desde 1991 para arreglar el asunto, sin éxito. Tampoco son acertadas las reglas sobre campañas y su financiación. En adición, no hay control interno.
Más allá, es preciso ampliar la visión de los líderes públicos y privados, para insertar al país en el mundo. Ello exige suprimir protecciones no arancelarias, simplificar el estatuto tributario de manera radical para acabar con privilegios y discriminaciones, y facilitar la formalización del trabajo, para impulsar el uso eficiente de recursos, Todo esto es contrario a las propuestas del gobierno, cuyo interés en el crecimiento económico es nulo.
El crecimiento rápido sostenido aumentaría el valor del trabajo; se reducirían desigualdad e informalidad. Habría migración del ámbito rural al urbano, en pos de oportunidades.
Hacia el largo plazo es preciso modificar de manera radical el esquema para la educación pública básica y media, y establecer educación universal continua, con el fin de preservar la capacidad de las personas para generar ingresos mediante el trabajo a lo largo de la vida laboral, para contrarrestar el desplazamiento por la tecnología, y aumentar en forma gradual la edad de jubilación, para conciliar la financiación de las pensiones con el aumento en la expectativa de vida.
Nuestro destino está en nuestras manos, pero falta quién dirija el proceso enunciado. Ojalá alguien se atreva.
