Un contrato por 65.000 millones de pesos para la compra de materia prima para la fabricación de uniformes para la Policía está a punto de convertirse en piedra de escándalo y ya encendió las alertas en la Procuraduría.
El problema tiene dos frentes: de un lado, participantes en la licitación pública 003 de 2024 le entregaron a la Procuraduría y a la justicia penal documentos según los cuales el Unión Temporal COMERJEN que ganó la licitación presentó documentos adulterados.
De otro lado, la Procuraduría le advirtió a la directora encargada del Fondo Rotatorio de la Policía, Adriana Parrado Cárdenas, que la entidad escogió el camino legal equivocado para hacer la millonaria adquisición.
En efecto, las normas vigentes establecen que este tipo de contratos no se rigen por licitaciones, sino por un Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima (CCE-278-AMP-2021), avalado por Colombia Compra Eficiente.
De esa manera, las reglas del juego del proceso se habrían tenido que concretar en criterios objetivos de precios y calidad del producto y no a un concurso de valoración subjetiva.
La Unión Temporal seleccionada fue la que presentó la propuesta económica más alta.
Adjuntos están como evidencias la carta de la Procuraduría al Fondo Rotatorio y la solicitud hecha por la empresaria Norman Constanza Rojas Cano, como denunciante.
