Tanto el presidente Gustavo Petro como su primer canciller, Álvaro Leyva, estaba empecinados en quitarle la elaboración de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, empresa que según ellos tenía un cártel y cuya contratación iba en contra de la idea del Presidente de acabar con las licitaciones de un solo proponente. Sin embargo, el querer mirar a otros horizontes le trajo al Estado un pleito legal millonario y una incertidumbre sin precedentes sobre el futuro que va a tener el documento necesario para viajar al extranjero.
Tal es la preocupación de los colombianos ante esta situación que la Procuraduría decidió tomar cartas en el asunto llamando a cuentas al canciller Luis Gilberto Murillo. La entidad dirigida por Margarita Cabello convocó una reunión en la que estuvieron presentes tanto él como el contralor Carlos Hernán Rodríguez en la que quería definir cuál va a ser el futuro de los pasaportes a partir del 3 de octubre.
Murillo ha sido claro a la hora de asegurar que la elaboración de los documentos no está en riesgo y que una vez que Thomas Greg se haga a un costado la tarea la va a poder asumir la Imprenta Nacional, entidad que estará aliada con un privado internacional que faltando poco menos de un mes para la hora cero ya no está definido. Sin embargo, se conoció que tanto ellos como Thomas Greg están dispuestos a seguir trabajando juntos un tiempo más.
Tanto la Cancillería como la empresa de los hermanos Bautista le pidieron acompañamiento a la Procuraduría para llevar a cabo una mesa de trabajo y definir condiciones sobre una eventual prórroga del contrato, así como resolver los problemas legales que tienen al Estado demandado por cerca de $120 mil millones. El primer encuentro será el 27 de agosto.
Las citas para sacar los pasaportes, otro tema que preocupa a Cabello
En la reunión que tuvo lugar el 20 de agosto también se discutió un posible foco de corrupción en el agendamiento de las citas, el cual se debe realizar en una plataforma que funciona mal y que hace necesario acudir a tramitadores externos que ofrecen sus servicios en redes sociales cobrando. Ante esto, Murillo confesó que efectivamente se trata de un software bastante anticuado y que la Cancillería ha estado investigando la situación. De igual manera confirmó que van a actualizar la plataforma y que en los próximos días estarán explicando cómo será el nuevo modelo de agendamiento.
