Desde la década de los 80 el departamento de Arauca es uno de los escenarios más complejos sobre el que se ha desarrollado el conflicto social y armado colombiano. En este departamento, las dinámicas de guerra, pese a que se desenvuelven en una región que se considerada distante, marginal y periférica, no son diferentes o de menor intensidad a aquellas que tienen lugar en territorios centrales condicionados también por las vicisitudes que imponen las confrontaciones bélicas sostenidas entre las Fuerzas Militares del Estado y las organizaciones insurgentes. Arauca, muy lejos de ello, ha llegado a constituirse en un manifiesto laboratorio de guerra, después que el gobierno que encabezara el expresidente Álvaro Uribe Vélez declarara a su ciudad capital y a Saravena y Arauquita como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, declaración que a mediados del año 2002 se enmarcó dentro de la emisión de un decreto de conmoción interior en función del cual se limitaban las libertades civiles de dichos sitios, a fin de evitar una eventual perturbación del orden público de la que serían partícipes las guerrillas que operan en el departamento.
Fue esa una situación que se prolongó por un periodo de ocho meses, pero, al cabo de ese tiempo, la Corte Constitucional, mediante un fallo de inexequibilidad, derogó las medidas represivas que anteriormente adoptara el Ejecutivo. Su sentencia, sin embargo, no bastaría para que Arauca dejara de convertirse en el departamento más militarizado del Oriente y de Colombia, una circunstancia que, hasta la fecha, se haya acompañada por la presencia física de unidades castrenses estadounidenses, las cuales utilizan las instalaciones de la Brigada XVIII del Ejército apoyando desde allí las acciones contrainsurgentes que en Arauca se ejecutan en contra de las FARC y el ELN. Tales acciones, aunadas a las tácticas de contraofensiva y repliegue propias de la insurgencia guerrillera, han creado un conjunto de condiciones que permiten calificar al departamento de Arauca como un teatro de operaciones armadas, cuyos protagonistas, en su afán por imponerse sobre el adversario, culminan afectando la vida, la convivencia y los bienes materiales de las personas no combatientes, en una clara violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
En el trascurso de los últimos años, la afectación de la que así ha sido objeto la población civil residente en Arauca ha adquirido connotaciones de carácter estructural, traducidas en fenómenos regresivos relativamente transitorios como el desplazamiento intermunicipal, el reclutamiento militar forzado y también en realidades irreversibles como las muertes violentas, algunas realizadas sistemática y selectivamente. Según estadísticas de la ya desaparecida Agencia Presidencial para la Acción Social, el primero de estos fenómenos ha arrojado por lo menos una cifra de 4.000 personas que han debido abandonar sus residencias con el propósito de evadir los efectos del conflicto armado, en tanto que las otras dos realidades se han agravado hasta el punto de que han llegado a quebrantar los tejidos afectivos, societales y comunitarios construidos por diversos grupos poblacionales que habitan en la región.
Todas estas variables, al inscribirse dentro de un contexto de guerra y de violencia endémica generalizada, han suscitado una grave crisis humanitaria, problemática que en la actualidad se perfila como la consecuencia necesaria de un sostenido e ininterrumpido conflicto armado que por los habitantes de Arauca es ampliamente sentido. Como expresión de este panorama, los grupos guerrilleros, las bandas paramilitares y las Fuerzas Militares, en tanto agentes propulsores que en la región activan el conflicto, subordinan la cotidianidad del departamento y de sus gentes a las acciones por ellos emprendidas.
En tal dirección se comprende, por ejemplo, que el Ejército y la Policía arriesguen la seguridad de los pobladores al emplear las escuelas, las viviendas y los hospitales como sitios de refugio temporal, modus operandi que evidentemente viola el Derecho Internacional Humanitario en lo referente a la prohibición de inmiscuir a la población civil o a sus bienes en las hostilidades armadas sostenidas con fuerzas antagónicas. En una trayectoria semejante, las organizaciones insurgentes de la zona, las FARC y el ELN, han inquietado la vida socioeconómica de Arauca en aquellas oportunidades en que han atentado contra la infraestructura de energía del departamento, así como cuando han impuesto paros armados que, junto con el sembrado de minas antipersonales, si bien tienen la intención de contrarrestar el avance de tropas enemigas, en muchas ocasiones afectan la libre movilidad de las comunidades, algunas de las cuales vislumbran cómo el fruto de sus empresas de subsistencia no puede hallar intercambio en mercado alguno.
Ante estas lesivas manifestaciones, han sido muchos los llamados que la sociedad civil de Arauca ha emitido con motivo de convencer a los actores del conflicto armado para que no la utilicen como vehículo o escudo de acción. Aunque infructuosos, los llamados que ha recibido el Estado colombiano han sido funcionales toda vez que han demostrado, una y otra vez, que la alta militarización de la que es objeto el departamento no ha tenido por fin otro que proteger los intereses económicos de gamonales, ganaderos, terratenientes y hacendados, protección que también se extiende sobre las instalaciones que en Arauca poseen empresas transnacionales del petróleo como OXY.
Dichas empresas, a partir de la década que inicia en 1980, momento en que el Oriente colombiano experimenta un auge petrolero sin precedentes, se han venido apropiando del territorio que antaño le perteneciera a indígenas y a campesinos pobres. Tras ese despojo se evidencia un eminente proceso de control territorial y de desnacionalización del suelo, promovido por el capital financiero internacional, el cual, en términos militares, no sólo ha demandado la protección armada que le brinda el Gobierno Nacional, sino que además de ello ha llegado al extremo de financiar la actuación de grupos paramilitares, con el fin de aniquilar o debilitar las expresiones sociales que se oponen a sus propósitos e intereses.
En el marco de este preocupante contexto, el departamento de Arauca se alza como un escenario sobre el que tiene lugar un desarrollo paralelo de la explotación petrolera, del paramilitarismo y de una regimentación policiva de la vida cotidiana. A un mismo tiempo, los responsables inmediatos de estos fenómenos impulsan unas estrategias de agresión complementarias que, hasta el día de hoy, han pretendido contrarrestar a aquellos modelos de organización social que se han construido en el seno de los movimientos populares presentes en el departamento. Desde estos movimientos, las distintas asociaciones cívicas de Arauca han cimentado una serie de propuestas que confluyen en el denominado Plan Alternativo de Vida, el cual se piensa a sí mismo como un programa de administración que procura materializar las concepciones de sociedad –departamental y regional– que por años se han concebido a partir de las necesidades económicas, políticas y culturales de las mismas comunidades.
No obstante, las organizaciones sociales de Arauca, por contrariar las directrices de las gobernaciones locales de turno así como el direccionamiento que las empresas multinacionales del petróleo le han impreso al manejo de los recursos naturales del departamento, han sido víctimas de una extensa historia de represión, barbarie y persecución que aún no encuentra término, en la que se han escrito dolorosas páginas de terror y zozobra, visibles en la muerte o en la detención carcelaria de no pocos líderes.
A este respecto, deben recordarse tres acontecimientos que por su crueldad y sevicia no podrán borrarse de la memoria colectiva de los araucanos: el bombardeo al caserío Santo Domingo, perpetrado por la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998; la detención masiva de más de dos mil personas, realizada en el municipio de Saravena el día 12 de noviembre del año 2002; y el cobarde asesinato, adjudicado al Ejército, de los dirigentes Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto Chamucero, ello ocurrido el 5 de agosto de 2004 en inmediaciones de la vereda Caño Seco.
Como paradigmas de otros hechos semejantes, estos tres sucesos responderían a una misma lógica de agresión, consistente en contener, mediante el arresto o la eliminación física, el accionar de aquellas comunidades y organizaciones que se piensan la región desde otras lógicas y dinámicas. En consecución de su propósito, el Gobierno Nacional no ha escatimado recursos bélicos y jurídicos en aras de imponer un ambiente de terror entre la población civil contraria a sus determinaciones, población sobre la que así ha recaído todo el peso de la Seguridad Democrática, del Plan Patriota y de otros proyectos contrainsurgentes, los cuales han encontrado continuidad en el régimen santista al convertir a los miembros de los movimientos sociales en objetivos militares, ello en razón de que el Estado colombiano, históricamente, ha presumido que toda persona o comunidad organizada opera como auxiliadora del ELN o de las FARC, presunción tras la que subyace un afán gubernamental por neutralizar, criminalizar y desprestigiar cualquier expresión que vaya en contravía de las políticas oficiales.
