La reforma a la salud en Colombia, promovida inicialmente por la exministra Carolina Corcho y continuada bajo la dirección del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido un tema de gran controversia. Este ambicioso proyecto, impulsado desde la administración del presidente Gustavo Petro, pretende transformar el sistema de salud del país, pero su implementación trae consigo preguntas inquietantes y serias implicaciones que no pueden pasarse por alto.
En el centro de esta reforma están figuras claves como Carolina Corcho, exministra de Salud, quien lideró la propuesta original y es conocida por sus críticas vehementes contra las EPS (Empresas Promotoras de Salud). Corcho planteó un cambio estructural en la manera en que el sistema de salud es gestionado, proponiendo la eliminación de las EPS y un control más centralizado del Estado.
Después de la salida de Corcho, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumió la responsabilidad de llevar adelante esta reforma. Jaramillo, un político con vasta experiencia en el sector público, ha sido un firme defensor de los cambios, argumentando que la salud debe ser un derecho fundamental gestionado por el Estado y no por entidades privadas que buscan el lucro. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si Jaramillo está preparado para garantizar la viabilidad de esta reforma o si está siguiendo un camino diseñado para fallar.
Además de Jaramillo, varios ministros y figuras políticas han apoyado o expresado reservas sobre la reforma. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha planteado serias dudas sobre la viabilidad financiera de la reforma, advirtiendo que un cambio de esta magnitud implicaría un aumento considerable en el presupuesto destinado a la salud pública. Según datos del Ministerio de Hacienda, la implementación de la reforma requeriría entre 12 y 15 billones de pesos adicionales, lo que generaría una presión fiscal significativa en un país con limitaciones económicas.
Otro personaje clave en este debate fue el ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien ha jugado un papel importante en las negociaciones con el Congreso, intentando ganar el apoyo de las bancadas para aprobar la reforma. Sin embargo, la resistencia dentro del propio gobierno y el Congreso ha sido evidente, con varios partidos de la coalición gubernamental expresando preocupaciones sobre los efectos a largo plazo.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ahora al frente de la cartera de Salud, ha defendido la reforma como una oportunidad para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud. Según Jaramillo, el sistema actual, en manos de las EPS, ha perpetuado desigualdades y generado una crisis de acceso para millones de colombianos, especialmente en zonas rurales. Ha argumentado que el Estado debe asumir el control total de la administración de los recursos, eliminando el intermediario privado y asegurando que los fondos públicos lleguen directamente a los hospitales y centros de salud.
Sin embargo, las críticas no han faltado. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha advertido que esta centralización podría generar un aumento en la burocracia estatal, lo que ralentizaría el flujo de recursos y afectaría la atención médica. Actualmente, las EPS manejan más de 80% de los servicios de salud en el país. ¿Está el Estado colombiano preparado para asumir esa enorme carga administrativa de manera eficiente? Las dudas persisten.
El aspecto más preocupante de la reforma es la falta de claridad sobre cómo se manejarán las transiciones. En un país donde más de 50 millones de personas dependen del sistema de salud, la eliminación de las EPS sin una alternativa sólida podría generar un caos en la prestación de servicios. La Asociación Colombiana de Medicina Interna ha señalado que la fragmentación en el manejo de enfermedades crónicas, como la diabetes y el cáncer, podría derivar en la desatención de millones de pacientes, lo que incrementaría la mortalidad y reduciría la calidad de vida de los afectados.
Además, el impacto en el empleo es otro tema crítico. Las EPS emplean a miles de personas en todo el país, desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo. ¿Qué pasará con estos trabajadores si las EPS desaparecen? El gobierno ha prometido que serán absorbidos por el nuevo sistema, pero no ha ofrecido detalles claros sobre cómo se hará esta transición, lo que genera incertidumbre en el sector.
La principal crítica a la reforma es que parece estar enfocada más en un ideal político que en soluciones reales para los problemas de salud que enfrentan los colombianos. La centralización del sistema de salud podría generar un aumento en la corrupción y en los niveles de burocracia. Colombia tiene una historia desafortunada de corrupción en la administración pública, y poner el sistema de salud completamente en manos del Estado podría abrir la puerta a nuevos escándalos.
Otro efecto negativo es la posible reducción de la calidad en los servicios. Aunque las EPS tienen serias falencias, han gestionado una parte significativa del sistema de salud colombiano durante décadas. Eliminar esta infraestructura sin una planificación adecuada podría llevar a un colapso en la atención, especialmente en áreas rurales donde la capacidad del Estado ya es limitada.
¿Es esta la solución que necesita Colombia?
El diagnóstico de que el sistema de salud colombiano necesita cambios es indiscutible. Las EPS han sido objeto de múltiples críticas por corrupción, demoras en los pagos a los hospitales y deficiencias en la atención a los pacientes. Sin embargo, la reforma propuesta por el gobierno de Petro, bajo la dirección de Corcho primero y Jaramillo ahora, parece más un salto al vacío que una solución bien pensada.
Los efectos negativos de la reforma no deben ser subestimados. La centralización en manos del Estado puede generar problemas aún más graves que los que ya existen, afectando la calidad de vida de millones de colombianos y poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país. En lugar de destruir el sistema actual, el gobierno debería enfocarse en corregir sus fallas, mejorando la transparencia y el acceso, sin poner en peligro la atención médica de quienes más la necesitan.
¿Está Colombia realmente preparada para asumir un cambio tan radical en su sistema de salud? La respuesta, lamentablemente, parece ser no.
