En Colombia, la impunidad no es un accidente, ni un simple error administrativo. Es, en cambio, una política de Estado cuidadosamente cultivada y protegida por aquellos que, bajo la falsa bandera de la democracia y el servicio público, se empeñan en mantener a este país atrapado en un ciclo eterno de corrupción y violencia.
Años tras años, gobiernos van y vienen, promesas huecas se repiten como si fueran letanías, y, sin embargo, los resultados son siempre los mismos: los crímenes quedan sin castigo, los corruptos se pasean por las calles con la frente en alto, y las víctimas siempre las mismas, son empujadas a las sombras, olvidadas por un sistema que no funciona para ellas, sino contra ellas.
¿Qué es la impunidad en Colombia? No es solo la ausencia de justicia; es una estrategia deliberada para mantener el statu quo, donde los poderosos continúan disfrutando de sus privilegios, mientras los débiles son aplastados sin compasión. La impunidad es la razón por la que miles de crímenes—desde la corrupción desenfrenada hasta los asesinatos de líderes sociales—quedan sin resolver, mientras los culpables se van de vacaciones con el dinero del pueblo.
Nos han hecho creer que la justicia es lenta pero segura, una tortuga noble que eventualmente alcanza su meta. ¡Mentira! En Colombia, la justicia es un caracol sin rumbo, una farsa diseñada para dar la ilusión de que algo se está haciendo, mientras en realidad, no se hace nada. Los casos de corrupción que involucran a figuras públicas de alto nivel se enredan en una maraña burocrática que parece hecha a medida para que los procesos se dilaten hasta que, por alguna conveniente razón, se decreten prescripciones o se acuerden “omisiones” que dejan los expedientes pudriéndose en alguna gaveta polvorienta.
La reciente avalancha de escándalos, desde la UGRD hasta las acusaciones de que tiene la familia presidencial por enriquecimiento ilícito y posible financiación irregular, no son incidentes aislados; son síntomas de un sistema que no solo permite la corrupción, sino que la facilita. ¡Y qué decir de los acuerdos que se logran tras puertas cerradas, donde la justicia es negociada como si fuera una mercancía más! En este país, los crímenes más atroces pueden ser absueltos con un par de billetes y una llamada a los “contactos correctos”. Esto no es justicia; es un chiste de mal gusto, una burla a las víctimas y a cada ciudadano que aún cree en la posibilidad de un país mejor.
Pero la impunidad no solo reina en las altas esferas del poder; se filtra hacia abajo, corrompiendo cada rincón de nuestra sociedad. Es la razón por la que el ciudadano común ya no confía en la policía, en los jueces, ni en los políticos. ¿Y quién podría culparlo? Cuando los criminales tienen más protección que los inocentes, cuando los jueces se venden al mejor postor y cuando los gobernantes prefieren mirar hacia otro lado mientras sus compinches saquean el país, la desconfianza se convierte en el único refugio de los desesperanzados.
La impunidad en Colombia no es un fenómeno natural, es una construcción social y política que se perpetúa a través de la inacción y la complicidad de aquellos que deberían ser los guardianes de la justicia. Es una política no escrita, pero claramente implementada por quienes detentan el poder. Y mientras sigamos tolerándola, mientras permitamos que los responsables se salgan con la suya, continuaremos viviendo en un país donde la justicia es un sueño lejano, una fantasía inalcanzable.
Ya es hora de que se acabe este circo macabro, donde los poderosos ríen mientras el pueblo llora. La impunidad no puede seguir siendo la norma en Colombia. Es necesario, y urgente, que cada colombiano exija respuestas, que no nos conformemos con las excusas de siempre, que no bajemos la cabeza ante el poder. La verdadera justicia no llegará hasta que la impunidad deje de ser una política de Estado y se convierta en lo que realmente es: un delito imperdonable contra todos nosotros.
