Jean-Baptista Colbert, ministro de Hacienda y secretario de Estado del rey Luis XIV de Francia, se hizo famoso por definir los impuestos como el arte de “desplumar el ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de protestas”. Pero sucede que los pueblos del mundo también se cansan con las exacciones excesivas y no tienen la paciencia del ganso, por lo que las imposiciones de tributos reiterativos han provocado no pocas protestas en todos los confines.
El gobierno del presidente Petro ha decidido inaugurar la Ley 1819 de 2016 de Contribución Nacional de Valorización, aprobada en el gobierno Santos y reglamentada en el gobierno Duque. Y ha decidido empezar a aplicarla en la Costa Caribe, en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y Atlántico (Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad, Galapa, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta y Tubará). El impuesto se aplicaría en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena y en la Circunvalar de La Prosperidad, Atlántico.
No ha tenido en cuenta el Ministerio de Transporte la grave situación económica por la que estamos atravesando en la Región Caribe, sufriendo las tarifas eléctricas más altas del país convertidas en impagables, desempleo de dos dígitos, informalidad laboral por encima del 55%, decrecimiento de la industria, el comercio y la construcción, entre otros factores perturbadores. En una palabra, ¡la Costa no aguanta más impuestos! Muchos analistas han denunciado la ilegalidad de este tributo, porque viola el artículo 363 de la Constitución Nacional que establece: “Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”. La Circunvalar de la Prosperidad fue entregada en su totalidad en el año 2018 y la Vía al Mar fue recibida en 2022 por la Nación. Son 109,9 kilómetros de vía entre las capitales de Bolívar y Atlántico.
El gobierno espera obtener un recaudo de $720.000 millones de pesos, que saldrían de los bolsillos de los propietarios de 140.000 predios (de un total de 248.000 inmuebles). Se impactaría el 56,45% de las propiedades, la mayor parte de las mismas, por lo que no resulta convincente lo que dijo la ministra de Transporte, María Constanza García, en un debate de control político en el Senado de la República, al afirmar que se van a exonerar los estratos 1, 2, 3 y las Unidades Agrícolas Familiares de los campesinos, teóricamente la mayoría de la población, según las facturas de los servicios públicos.
No resulta aceptable que en las actuales condiciones se le propine semejante cobro alcabalero, a todas luces injusto e ilegal, en una obra cuyos peajes, de los más costosos del país (Marahuaco, Puerto Colombia y Papiros), ya han gozado de recaudos multimillonarios y de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, es una concesión de propiedad de una empresa estatal boyante, como Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), a la vez de propiedad de Ecopetrol, la empresa estatal más grande y rentable de Colombia.
Se hace necesaria la unidad de las fuerzas vivas de los departamentos de Atlántico y Bolívar para rechazar este engendro fiscalista que atenta contra los bolsillos extenuados de miles de propietarios de clase media, empresarios, campesinos, pequeños y medianos negocios que hacen malabares en medio de la crisis económica y social prevaleciente. Lo conducente es que la economía nacional y regional tenga un crecimiento adecuado para mejorar el recaudo impositivo, sin necesidad de nuevos tributos expoliadores. También se debe respaldar la demanda interpuesta por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, contra semejante despropósito.
