Hace 15 años un grupo, supuestamente de las FARC, puso un collar-bomba en el cuello a la señora Ana Elvia Cortes. En ese momento había un proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano que se vio seriamente cuestionado por el acto criminal. Tratando de desactivar el collar, murió el técnico anti-explosivos y la víctima.
Los generales Fernando Tapias y Rosso José Serrano señalaron a las FARC como posibles autores. El ejército y a policía local apoyaron la misma teoría, basándose en el tipo de explosivos y en llamadas anónimas. Finalmente la Fiscalía descartó que fueran las FARC pero el daño estaba hecho: boicotear el proceso de paz y desprestigiar a las FARC.
Es cierto que las FARC han cometido crímenes de guerra, han tratado a los miembros de las Fuerzas Armadas de manera degradante, han atacado la población civil y han tenido nexos con el narcotráfico, pero, en rigor, no se puede extender todos los delitos del país a dicho grupo. El collar-bomba no fue su responsabilidad, pero parte de la población colombiana se quedó con esa versión.
Ahora nos hallamos a otro crimen: la aparente exposición pública de las piernas de un suboficial del ejército, el cabo Edwar Ávila Ramírez, víctima de una mina antipersonal. El comandante de la Segunda División del Ejército, general Jorge Humberto Jerez, así lo confirmó. Tanto el Ministro de Defensa como el senado Uribe Vélez llamaron a la suspensión de los diálogos con el ELN. El Ministro llamó al ELN ““ratas humanas”
La acción fue desmentida por el ELN: “No es política del ELN, la sevicia, la degradación o humillación contra un actor armado enemigo al que ya tengamos detenido, herido, etc.” Agregando que “Cualquier combatiente del ELN sabe que se expone a un juicio revolucionario si comete actos de sevicia, humillación contra el enemigo. La insurgencia no ha caído en ese nivel de degradación moral y cobardía”.
Esto, obviamente, no descarta la responsabilidad del ELN, pero matiza el debate en un país altamente polarizado por los enemigos de la paz. Primero, que muchos de los que se apresuran a condenar al ELN tienen rabo de paja: por ejemplo, las mentiras de Uribe sobre la operación Jaque o el silencio del Ministerio de Defensa sobre la permanencia en filas de generales comprometidos con los llamados falsos positivos.
Segundo, la condena a un crimen de guerra debería de darse independientemente del perpetrador. Y en Colombia se ha logrado voces de silencio y justificación frente a la acción paramiliar. Y tercero, hay un sector que busca salpicar la mesa preliminar con el ELN.
Es curioso que el general Jerez que hizo pública la exposición de las piernas “como si fueran un trofeo de guerra”, sostuvo hace pocos días a Blu Radio que “tenemos la prohibición de erradicar y fumigar hace dos años la cocaína en este sector del país”, mientras el Ministro de Defensa hablaba de que no se han suspendido las fumigaciones.
Lo cierto es que la intención de la condena ni siquiera apunta al DIH como eje central, porque no insiste en el uso prohibido de las minas antipersonal, sino en la exposición de las piernas, discurso que es altamente sensible entre la opinión pública. No se busca la justicia sino el ataque al proceso de negociación.
Es necesario que el ELN le explique al país lo sucedido, pero el país debe estar en disposición de escuchar antes de condenar. Una Comisión independiente que investigue el hecho podría ser una alternativa. La exhibición de partes humanas o de cadáveres es contraria al DIH: sean las piernas de un militar, la mano mutilada de Iván Ríos o el cuerpo masacrado de Raúl Reyes o de Alfonso Cano. Pero lo grave no es solo el hecho en cuestión sino el papel tan activo de los militares en los medios de comunicación y sus declaraciones en contra del proceso de paz. Mientras el presidente Santos siga teniendo a Pinzón como Ministro de Defensa, el bloque anti-paz dentro de las Fuerzas Armadas se fortalecerá.
Que nos digan tiempo después que los hechos de Convención no fueron exactamente como los presentan las Fuerzas Armadas no servirá de nada (como pasó con el collar-bomba), más aún si hoy logran aumentar la polarización de la sociedad y si triunfan en su cometido de torpedear la paz con el ELN. Este grupo, en todo caso, tiene que posicionarse seriamente sobre el uso de minas antipersonal, especialmente en zonas de alto tránsito de civiles, pero una infracción al DIH no implica el fracaso de la búsqueda de la paz.
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Víctor de Currea-Lugo, PhD, profesor universitario y columnista. Editor del libro “¿Por qué negociar con el ELN?”, Editorial Javeriana (2014)
