Dado que soy firmante de paz en situación de riesgo, cuento con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección. Unas camionetas y unos escoltas armados. Además, cuento con un chaleco antibalas y un teléfono para cualquier alerta. Esa condición, desde luego, le cambia a uno la vida por completo. Jamás puede obrar en solitario, como cualquier persona, siempre y en todo lugar ha de estar acompañado por su esquema.
Desde cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz, en 2016, fue prevista esta situación de seguridad especial. La idea, según entendí desde un comienzo, era que se creara un cuerpo conformado por excombatientes reincorporados a la vida civil, para que fuera este quien prestara la protección, bajo la conducción de una Subdirección Especializada creada dentro de la UNP. Si no me equivoco, se trataba de capacitar a 1.200 firmantes para desempeñar esa tarea.
En esa Subdirección habría una Mesa Técnica integrada por ambas partes firmantes del Acuerdo, que, conjuntamente, estudiaría y definiría las distintas situaciones relacionadas con la protección a los firmantes con mayor riesgo. Se trataba de un esfuerzo coordinado entre el Estado y los antiguos combatientes. La dirección de la UNP debía asegurarse de que la persona nombrada en la Subdirección representara garantías ciertas para los firmantes.
Las cosas en realidad nunca han funcionado completamente acordes con lo firmado. Improvisaciones, ajustes, presupuestos, hasta malquerencia de ciertos funcionarios contra los firmantes y el mismo Acuerdo han desempeñado un permanente papel perturbador. Voy a mencionar solo algunos entuertos, porque la lista es demasiado larga. Empiezo por el número de vehículos del programa, que nunca ha sido suficiente.
Y, para completar, su estado mecánico tampoco ha sido el mejor. Camionetas que se detienen y dejan tirados a protegido y escoltas en cualquier lugar. O que fallan con frecuencia. El cupo inicial de 1.200 escoltas firmantes, que no existía al comienzo del programa, tuvo que ser completado con funcionarios de planta, algunos escoltas muy antiguos, hasta provenientes del antiguo DAS. Unos, muy buenas personas, otros no tanto, algunos pésimos.
Tampoco todos los firmantes servían para ese trabajo. Los problemas internos del partido y la existencia de las disidencias jugaron también su papel distorsionador. Hubo momentos en que no se sabía en quién confiar. Pero bueno, el tiempo fue calmando las aguas. En cambio, surgió otra situación. La UNP decidió no vincular más escoltas firmantes como funcionarios, sino que, pese a que su costo es mayor, optó por contratarlos por medio de firmas tercerizadas.
Dos regímenes diferentes, unos escoltas son funcionarios públicos, con sus debidas garantías. Otros, son escoltas tercerizados, hoy casi la mayoría, expuestos a mucha inestabilidad
Empresas privadas de seguridad, contratistas de la UNP, vinculan a los escoltas firmantes. O de plena confianza de estos. Eso significa dos regímenes diferentes, unos son funcionarios públicos, con sus debidas garantías. Otros, son escoltas tercerizados, hoy casi la mayoría, expuestos a mucha inestabilidad. Baste con decir que los contratan para prestar seguridad a un protegido. Si este pierde tal condición, los escoltas quedan de inmediato en el pavimento.
La UNP tiene algunas camionetas de su propiedad, pero la mayoría son alquiladas a firmas privadas. Debería haber una forma de que la UNP comprara los vehículos, pagándolos a plazos, no sé. Pero esos alquileres son una enorme renta para poderosas firmas blindadoras. Así que los problemas presupuestales son serios. Sin mencionar que ni siquiera así alcanzan los vehículos, y, cuando se requiere uno, hay que cumplir una compleja negociación con esas firmas.
Los escoltas funcionarios tienen 15 días de viáticos autorizados por mes, los tercerizados, en cambio, solo cuentan con 10. Cuando el protegido va a salir de la ciudad, debe solicitar a la UNP la autorización para el desplazamiento terrestre. Solo puede salir de la ciudad si la UNP autoriza, autorización que implica el reconocimiento de los viáticos diarios a cada escolta. Los funcionarios no tienen problemas, los tercerizados sí que los tienen.
No se entiende por qué, de un tiempo para acá, pese a que la Subdirección, al aprobar las misiones fuera de la ciudad, indica el número de días autorizados para cada escolta tercerizado, cuando la empresa privada aprueba los días a estos escoltas, les informa que son la mitad o menos de los que la Subdirección autorizó. Si esta autoriza 8 días de misión, la tercerizada solo aprueba viáticos para tres o cuatro días, y así, proporcionalmente.
No solamente el escolta tendrá que pagar hotel, alimentación y demás de su bolsillo, sino que permanecerá fuera de la ciudad durante días no autorizados, sin reconocimiento por parte de la empresa. Si algo llegara a sucederles, la empresa, y hasta la UNP, podrían alegar que estaba en ese lugar sin autorización. ¿Quién se ocupa de esto? Ojalá el gobierno del cambio, que promete por enésima vez relanzar el Acuerdo Final de Paz y cumplirlo.
Son más de 400 firmantes los asesinados, que no sean más. Todos celebramos con alegría la victoria de Petro.
