Por estos días en Santiago de Cali se preparan dos agendas, una de distritalización que es más de tipo endógeno y busca organizar los territorios propios en torno a vocaciones socioeconómicas, y el de área metropolitana que busca asociar el territorio ante evidentes fenómenos conurbados de ciudad región ampliada entre el sur del Valle y el norte del Cauca. Ambas rutas necesariamente deben estar conectadas con el nuevo proceso de ordenamiento territorial, pues el POT vigente demanda renovaciones urgentes tanto por la necesaria actualización de su eficacia técnica, por el cumplimiento de los tiempos de ley que lo exigen, como por la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la vida en estos territorios amenazados por pérdida de biodiversidad y riesgos ambientales acelerados a partir de la radicalización creciente de fenómenos asociados al cambio climático.
La distritalización tiene su origen en una iniciativa de la bancada vallecaucana a finales del gobierno Santos, que dando desarrollo a la ley 1617 de 2013 (Régimen de Distritos Especiales), impulsó la expedición de la ley 1933 de 2018 que estableció a Cali como Distrito Especial. Esta decisión arrojada como un globalazo jurídico ha devenido en un “error bien planeado” como suele expresarlo un conocido líder de la ruralidad caleña. La vocación de la ley de Distritos es de carácter especialmente socioeconómico, aspecto que tiene que ver con toda la población, pero especialmente con el sector empresarial; en este caso los gremios vallecaucanos no vieron en la ley mayor estímulo, por lo tanto, quedaron formulaciones a medio camino entre la timidez de las desconcentraciones administrativas y la expectativa de la política local para tener más incidencia en presupuestos y gestiones; a la fecha se han realizado tres intentos por reglamentar la ley, uno en el período de Armitage y otros dos en el período de Ospina, pero como dirían los muchachos “ese tema no pegó”; tendremos que ver en un gobierno con el liderazgo del empresariado, en cabeza de Eder, qué novedades podrían plantear al respecto, o si lo dejarán en el limbo como las pasadas administraciones.
La metropolitanización tiene su referente en la ley de áreas metropolitanas 1625 del 2013 y se ubica en el marco del sistema de ciudades (Conpes 2014), generado una década atrás en búsqueda de nuevas centralidades y articulaciones urbano regionales; mientras esos desarrollos han fluido lentos, las aglomeraciones metropolitanas se han acelerado y copan territorios velozmente; tal es el caso del área conurbada que implica a Cali, Jamundí, Puerto Tejada, Villarrica hacia el sur, Palmira y Candelaria hacia el norte y Dagua al occidente. El proceso ha tenido un punto de decisiones políticas a partir del visto bueno de la Comisión legal especial de seguimiento al proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara de Representantes. En ese nuevo contexto el empresariado, debido a las expectativas de consolidar nuevas áreas de expansión de la industria, del negocio de la vivienda y de ensanchar las vocaciones de servicios y transporte ha tenido mayor empatía con esta iniciativa. La plataforma metropolitana sobre la cual hay incipientes desarrollos académicos y muy poca exposición y debate público, tiene ya un eje movilizador en el proyecto de Tren de Cercanías que está en proceso de diseño; sin embargo, las tensiones entre los municipios implicados son latentes, pues todos tienen temores respecto a la “macrocefalia” de Cali y al riesgo de ser subsumidos en su autonomía, identidad y ejecución propia. Este aspecto tiene razones históricas, pues es conocido el famoso choque de guayaberas, o más bien la tensión de intereses locales en el contexto de la iniciativa asociativa reciente del G11 y las falencias de concertación para establecer criterios de equidad y bienes comunes en torno a los cuales generar asociatividad y gestión colaborativa. No obstante, aunque no se observa mucho ambiente para un avance positivo en la consulta ciudadana que demanda el proceso, los fenómenos metropolitanos de facto requieren concurrencia y creatividad compartida para garantizar la sostenibilidad territorial y el buen vivir en reconciliación con la naturaleza de la subregión, ya no solo en el largo plazo, sino en el corto y mediano tiempo.
La formulación de un nuevo Plan de Ordenamiento para Cali se constituye en un revulsivo prospectivo que podría articular distritalización y metropolitanización
En ese horizonte, la formulación de un nuevo Plan de Ordenamiento para Cali se constituye en un revulsivo prospectivo que podría articular distritalización y metropolitanización. Reconociendo que a partir de la Ley 388 de 1997 tenemos un escaso margen de ordenamiento del territorio y que hay en los municipios y recientemente en los departamentos alguna experiencia en la planificación participativa, puede ser un buen momento para dar el salto a una dinámica renovada del tejido urbano regional que aborde problemas actuales y futuros como la protección de los suelos y las aguas, la descontaminación de las industrias y del transporte, la vinculación de las variables de salud ambiental y el manejo de riesgo territorial. En el caso de Cali se han realizado dos POT que han tenido muchos accidentes y limitantes en su formulación y ejecución, sin embargo, la planificación territorial demanda participación social y condiciones de veeduría ciudadana para que los planes estratégicos no terminen simplemente determinados por cotos cerrados de empresarios, políticos y académicos, sin mayor incidencia de la diversidad ciudadana.
Sin duda, las demandas de planeación y armonización del territorio rural y urbano de Santiago de Cali deben ser conectadas en un ámbito más amplio, del sur del Valle, el norte del Cauca y el Pacífico colombiano, y esto demanda un gran salto dirigencial, técnico y ciudadano, en términos de procesos democráticos; de lo contrario seguiremos en el limbo cotidiano, poniendo en riesgo la sustentabilidad del territorio y de la vida misma. En estos asuntos, los movimientos ambientales, sociales y comunitarios a nivel local y regional, también tienen la palabra y les corresponde hacerse escuchar desde sus propias perspectivas, que no necesariamente corresponden con las visiones convencionales de la planificación corporativa y estatal.
