Colombia, junto al resto de países del mundo, afrontan un reto primordial para la soberanía y seguridad energética de todas y todos, que es la Transición Energética. La humanidad ha vivido diversas transiciones energéticas, cambiando su forma de obtener energía y mejorando sus condiciones de vida.
Así fue como el descubrimiento del fuego cambió la forma de extraer energía de los alimentos, y así fue como el paso de los molinos de viento y agua al uso de la máquina de vapor construyó las sociedades industriales.
Ahora el mundo afronta el reto de transitar a una economía, una sociedad y una forma de generación de energía que sea sostenible, justa y permita superar los retos del cambio climático, que supone adaptarnos a nuevas condiciones ambientales a nivel mundial, evitando escenarios riesgosos para la vida. En ese sentido, nuestra forma de generar energía tiene que modernizarse para afrontar con éxito los retos del futuro y así, construir una sociedad más equitativa y justa, que ponga en el centro las necesidades de la gente.
En nuestro país, la forma de producir energía eléctrica se compone principalmente de energía hídrica, la cual representa el 65% de nuestra capacidad de generación; y la generación a partir de fuentes combustibles, o energía térmica, que representa un 29,87% del total; además de la energía solar y la biomasa, que representa el 4% y el 1% de nuestra capacidad, respectivamente.
Una matriz eléctrica como la nuestra tiene dos dificultades que podemos destacar aquí. La primera es que como hemos podido comprobar este año, nuestra dependencia frente al agua nos hace vulnerables frente a eventos climáticos como el fenómeno de El Niño, que reduce el nivel de nuestros embalses y aumenta el costo de la energía, sin olvidar que se espera que sea un fenómeno más severo a causa del cambio climático.
Por otra parte, la energía obtenida a partir de combustibles fósiles depende de precios del mercado internacional, por lo que las tarifas que llegan a las y los usuarios pueden resultar siendo ineficientes.
El actual gobierno busca que la matriz energética sea más limpia y diversa. Así se dispondrá de un repertorio mayor de fuentes de generación, reduciendo nuestra vulnerabilidad frente a estos fenómenos climáticos, además de reducir nuestras emisiones de CO2 y tener acceso a una energía más económica que la térmica o incluso que la hídrica.
Por ello, desde la llegada del gobierno del cambio se vienen tomando medidas para ampliar la generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), medidas que se reforzaron durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, y permitieron superarlo y garantizar el suministro de energía en el país.
En lo que va de 2024, han entrado en operación un total de 28 parques solares nuevos que suman una capacidad instalada de generación de 448,23 MW de energía; y entre agosto de 2022 y mayo del presente año entraron a operación comercial 603,1 MW de energía, y junto a los proyectos en estado de prueba, actualmente se inyecta al sistema más de 1,8 GW de energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. Para dar una perspectiva, durante el gobierno pasado sólo entraron en operación comercial 156,31 MW de capacidad instalada de energía solar.
Eso significa que ha entrado alrededor de 4 veces más energía durante este gobierno que lo entró con el gobierno de Duque. Además, la meta del gobierno actual es que entren 6 GW de energía nuevos para 2026, lo cual se está logrando a partir de una nueva gestión en el relacionamiento entre empresas, comunidades y gobierno y en la coordinación interinstitucional para implementar proyectos que han estado atrasados por ineficiencias y falta de gestión de los gobiernos pasados, sobre todo en lo que respecta a las licencias ambientales y los diálogos con las comunidades.
Ahora, esta inyección de más energía solar al Sistema Interconectado Nacional se logró gracias a las acciones diligentes y oportunas del Ministerio en momentos de estrés del sistema eléctrico, como fue el Fenómeno de El Niño.
Con las medidas que tomó el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, se logró que los excedentes de energía de aquellos que la generan para sí mismos (autogeneradores) fueran entregados al Sistema Interconectado Nacional SIN (vía Resolución CREG 101 034 y Resolución MME 40116 de 2024), y que los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable estuvieran a su máxima capacidad, entregando más energía y mejorando sus condiciones de entrega (mediante medidas como la Resolución UPME 261 de 2024 o la Resolución CREG 101 040) y de manera más expedita inyectando energía al SIN con la modificación de las condiciones para la entrada en operación, las garantías de estos proyectos y los contratos de suministro de largo plazo (Resolución CREG 40042 de febrero 2024)
Por otro lado, si bien los avances en el presente son importantes, la planeación energética del país orientada hacia la Transición Energética Justa requiere una prospectiva responsable para asegurar la soberanía y seguridad energética del país.
En ese sentido, se concluyó en febrero la Subasta de Ofertas de Energía en Firme por Cargo por Confiabilidad, que es un mecanismo que asegura a futuro la seguridad energética del país.
Para el periodo 2027 y 2028, se adicionará con esta subasta una capacidad adicional neta de 4.489 MW de energía nueva, siendo el 99% a partir de energía solar y el 1% a partir de energía térmica.
De esta manera, se modificaría sustancialmente la matriz eléctrica del país, y se tendría un 50% correspondiente a energía hidráulica, 24% energía térmica y un 26% de plantas solares y eólicas. Una matriz de generación eléctrica de estas características nos permitirá tener mejores herramientas para superar las futuras variaciones climáticas y seguir avanzando hacia una economía más limpia y eficiente.
Sin embargo, los avances del gobierno no se reducen solo a la entrega de más energía, sino también, a una nueva gestión, eficiente y responsable, en el manejo de los proyectos ligados al sector, estableciendo diálogos con las comunidades, escuchando sus necesidades, y respetando la riqueza medioambiental, todo ello sin sacrificar la eficiencia en la construcción de proyectos.
El promedio de comunidades con las que se sostienen diálogos por cada proyecto de generación ha sido de 10, mientras que en el gobierno de Duque solo llegó a 4. Además, en lo que lleva el actual gobierno (2 años) se han expedido 22 licencias ambientales para proyectos de generación y transmisión de energía, que equivale a prácticamente la misma cantidad de lo que hizo en 4 años el gobierno pasado (que expidió un total de 21 licencias), logrando destrabar proyectos e implementando de forma eficiente, dialogante y sostenible la Transición Energética Justa.
Esta eficiencia se refleja en el proyecto Colectora, que ha implicado un trabajo previo y un relacionamiento respetuoso con 235 comunidades étnicas del área de influencia. Este es un proyecto de transmisión que permitirá que la energía generada a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable se conecte al SIN. En días pasados se dio una gran noticia al país con el anuncio de la aprobación de la licencia ambiental para el proyecto.
Con todo lo anterior, la Transición Energética Justa es una realidad que ya está transformando el país y mejorando la vida de las y los colombianos.
