Por años los conductores de taxi en el país se han quejado de la competencia de las aplicaciones, insistiendo en que ellos están en desventaja. Para empezar las empresas de taxis deben pagar el cupo del carro que puede tener un costo de $ 75 millones en Bogotá mientras los conductores de Uber, Didi o Cabify no tienen que pagar ese precio. La aplicación solo acepta el chofer en su sistema y se ahorra el paso de tramitar el cupo.
Las cabezas directivas de estas multinacionales en Colombia están con las alarmas prendidas. Los encargados son Manuel Torres gerente general de Cabify en Colombia, Jorge Ordoñez director regional de Didi y Ángela Mendoza de Uber Colombia que lleva diez años en el país y quien debe responder por el servicio Uber moto. Las aplicaciones deberían explicar de forma clara ante los encargados de gobierno como operan dentro de la legislación vigente en el país, la cual aún tiene dudas importantes.
El problema de la falta de legislación
Esta situación se debe al vacío legal que existe por el abandono de los distintos gobiernos, y en especial el de Iván Duque con la Ministra de transporte Angela María Orozco quien propuso una regulación; pero no avanzó hasta donde las circunstancias lo exigen. De nuevo, este gobierno ha planteado la voluntad de hacerlo; pero sigue sin tramitarse una legislación consistente que consiga el equilibrio, establezca reglas claras y garantice el juego limpio. Por la falta de normativa y otros factores Uber en algún momento planteó suspender sus operaciones en Colombia.
La respuesta de los taxistas
Son tres las aplicaciones que compiten con los amarillos. Los taxistas en respuesta han modernizado el servicio, han diseñado plataformas robustas como es el caso de Taxis Libres, sin olvidar otros cambios, por ejemplo la CEO Stefanía Hernández, hija del propietario mayoritario de Taxis Libres, ha conseguido unas alianzas interesantes para lograr competir con las plataformas.
La investigación de la Super
Ante las quejas de los choferes amarillos que los han llevado incluso a llamar a paros, como los organizados por Hugo Ospina, la Superintendencia de Industria y Comercio de Cielo Rusinque decidió comenzar una investigación por infracciones al mercado. Para la Superindustria existen diferencias notorias en varios puntos: el acceso a la prestación del servicio sin cumplir las condiciones para ello como son la de definir la capacidad transportadora disponible, establecer la localización geográfica de los servicios, calcular las tarifas y no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado. Todo lo anterior crea diferencias en los gastos asumidos por los taxistas y los choferes de aplicaciones, quienes no tendrían la misma carga.
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En el detalle de los costos asumidos por unos e ignorados por otros, según la Superindustria, estaría el punto clave, y debe determinarse si el detalle da una ventaja injusta a las plataformas. Para la Super en caso de comprobarse las conductas imputadas las aplicaciones podrían ser sancionadas con una multa de hasta 100.000 SMLMV Salarios Mínimos Vigentes.