El próximo 10 de junio comenzarán las audiencias preparatorias de juicio del caso contra Álvaro Uribe Vélez que tiene en sus manos la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El expresidente llegó a esta instancia después de que el fiscal Gilberto Villarreal radicara un escrito de acusación en su contra y de que la jueza 44 del circuito de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, negara la solicitud de nulidad del proceso dejando en firme el juicio.
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Eso fue una derrota para su defensa liderada por el penalista Jaime Granados, cuya nueva estrategia es lograr que sea modificado el fiscal del caso por su presunta cercanía con dos de las personas que fueron reconocidas víctimas en el caso como el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. El proceso ya ha cambiado de fiscal hasta en cuatro oportunidades y esta sería la quinta. Sin embargo, en medio de esta situación, el expresidente y su defensa lograron esquivar otra importante bala que hubiera sido un dolor de cabeza para ellos.
La victoria de Uribe se dio en la Corte Suprema de Justicia
En 2019, cuando el expresidente aún era Senador de la República por el Centro Democrático, fue denunciado por Javier de Jesús Uchima, gobernador del resguardo colonial Cañamomo Lomapiedra de Caldas, por presuntamente haberle pedido a la entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miryam Martínez, que interviniera en un caso de disputa de territorios en esa región.
Ante esto, la Corte Suprema de Justicia consideró que no es un hecho penalmente relevante y que fue lo que sostuvieron Uribe y Martínez fue una comunicación normal en la que se buscaba única y exclusivamente atención para un sector de la población de Riosucio. Por tanto, se inhibieron de investigar al antioqueño por el delito de tráfico de influencias.
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