El pasado 16 de enero, cuando el Fiscal General todavía era Francisco Barbosa, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, fue designado para llevar el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el abogado de la Santo Tomás tenía dos opciones, radicar un escrito de acusación contra el expresidente o pedir la preclusión del caso. Se fue por la primera opción.
Villarreal llegó al caso en reemplazo de Víctor Salcedo, quien había sido candidato a contralor en la elección que dio como ganador a Carlos Hernán Rodríguez y quien se declaró impedido por haber escrito una columna de opinión refiriéndose al caso en el pasado. Salcedo, a su vez, había reemplazado al vallenato Andrés Palencia, mismo fiscal que llevaba el proceso de Óscar Iván Zuluaga y que, según él, por motivos de salud, tuvo que abandonar ambos casos.
Tanto Salcedo como Palencia tuvieron el expediente de Álvaro Uribe en sus despachos, pero no alcanzaron a hacer nada con él. Diferente a lo que hicieron los dos primeros fiscales a los que se les asignó el caso, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, quienes pidieron la preclusión y quienes tuvieron que salir después de que sus solicitudes fueran rechazadas.
Villarreal se convirtió entonces en el quinto fiscal del histórico caso y en el que finalmente acusó al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Acusación que llevó al antioqueño a una audiencia de formulación de acusación que requirió de dos sesiones el 17 y el 24 de mayo y a unas audiencias preparatorias de juicio que comenzarán el próximo 10 de junio.
Villarreal fue recusado y el proceso podría tener que pasar por otras manos
A pesar de que ya son cuatro los fiscales que han tenido que salir del caso Uribe, la idea del expresidente es que se sume otro a la lista. El expresidente radicó un escrito de recusación en contra de Villarreal en el que le solicita a sus superiores designar un nuevo responsable.
Según Uribe, el hecho de que Villarreal haya trabajado con Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, fiscal y vicefiscal general de la nación entre 2012 y 2016, podría afectar su imparcialidad. En su escrito asegura que en esa época no era un simple funcionario de la entidad, como podrían serlo muchos de sus posibles reemplazos en el proceso, sino que era cercano a los dos abogados que fueron reconocidos como víctimas del caso. Además, critica las intervenciones que tuvo en la audiencia del 24 de mayo.
