En las Relaciones Internacionales se habla de diferentes corrientes de pensamiento. Los Estados pueden ser liberales (donde las instituciones como la ONU tienen un rol protagónico), constructivistas (donde la moral guía las decisiones) o realistas (donde el interés nacional prima en cuanto a las relaciones entre Estados). Estas tres teorías permiten interpretar las acciones de los diferentes actores de lo que se conoce como Sociedad Internacional.
La situación en Venezuela es en este momento más que preocupante, con unos índices económicos escalofriantes (una inflación de más del 60%, una tasa de desabastecimiento abominable) y un presente político cada vez más inestable, con un gobierno sumamente impopular y una oposición que se acerca a Ramo Verde (la cárcel a donde van a parar militares y civiles de importancia para el Estado). Frente a la crisis social que vive Venezuela, a muchos les sorprende el silencio de América Latina, donde resaltan los países vecinos. Si bien no se espera una dura respuesta de países como Ecuador, Brasil o los del Caribe (cercanos a Caracas), muchos esperaban que Colombia, como país fronterizo, con estrechos lazos culturales, tomara cartas en el asunto, exigiendo el acatamiento de los derechos humanos. Estos últimos son, según denuncias que han trascendido la frontera, violados en repetidas ocasiones, así como se manifiesta con el último decreto del gobierno por el cual los militares están autorizados a usar armas de fuego si necesario durante las manifestaciones. ¿Si la situación es así de grave, por qué Colombia no se ha manifestado férreamente, en lugar de tibias cartas de protesta?
La respuesta, lectores, se encuentra en el primer párrafo de esta columna. El Estado colombiano ha decidido, en esta ocasión, seguir la teoría del realismo. Puede sonar paradójico que Colombia busque proteger sus intereses nacionales y al mismo tiempo no se inmute por la situación de derechos humanos en Venezuela, pues está afecta a los colombianos residentes tanto en la república bolivariana como en la frontera. En efecto, el Estado es pragmático, pues, al no tener la suficiente independencia económica frente al susodicho vecino ni el poder en el ámbito internacional (dos aspectos que explican el por qué Estados Unidos sí promulgó castigos hacia Venezuela), prefiere defender el interés de la mayoría, abandonando de esta forma a los colombianos residentes en Venezuela (de donde 285 ya fueron deportados entre el primero de enero y el cinco de febrero) como en la frontera. Para el gobierno mantener las relaciones económicas (y así evitar una ruptura de relaciones como aquella de 2010) y el apoyo de Caracas a las negociaciones de la Habana es más importante, tanto para la estabilidad del Estado como para el costo político que podría traer una nueva crisis, que lo que suceda en Venezuela.
De esta manera, no se puede esperar que Colombia se pronuncie férreamente sobre la situación social y política de Colombia (ni en favor ni en contra del chavismo pues cualquiera traería costos políticos que el gobierno Santos no puede afrontar, más aun contando la oposición del Centro Democrático) pues, mientras las relaciones con el país vecino sean irremplazables, Colombia se guiará por el realismo.
