La propuesta del presidente Gustavo Petro de un Proceso Constituyente marca una nueva etapa y una nueva estrategia del gobierno progresista para los sectores de izquierda, populares y democráticos del país, hacia las elecciones de 2026.
A raíz de la propuesta muchos comentaristas y analistas de la prensa, la radio y la academia, han puesto el grito en el cielo rasgando sus vestiduras “democráticas”, anunciando la dictadura y el apocalipsis de la violencia, y asegurando que la propuesta no tiene viabilidad política ni asidero constitucional ni legal, y que sólo obedece al temperamento autoritario y mesiánico populista del Presidente. Que en la Constitución del 91 existen los mecanismos y las instituciones democráticas para realizar las reformas estructurales que está planteando la propuesta programática del Pacto Histórico y del Presidente Gustavo Petro.
Y además argumentan que las constituciones del radicalismo liberal de 1863, y de la regeneración conservadora de 1886, fueron producto de las crisis de las guerras civiles del siglo XIX, pero que en cambio la de 1.991, fue el producto del consenso de fuerzas políticas diferentes, como si no hubiera sido también el producto de una guerra civil no declarada del establecimiento contra los sectores populares excluidos mediante la violencia del medio siglo, con el establecimiento del Frente Nacional oligárquico en 1958.
Olvidan que la constitución del 91 también fue, en gran medida, producto de la crisis producida por la guerra de guerrillas campesinas, de los paros cívicos, movilizaciones campesinas y huelgas obreras y estudiantiles, como lo fue el gran paro cívico nacional de 1.977 contra el “Mandato Caro” de López Michelsen, que obligaron a la clase dominante a decretar la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el mandato electoral de la 7ª Papeleta.
La tesis de que la propuesta del Proceso Constituyente puede ser un peligro que puede llevar a la demolición de las conquistas democráticas de la Constitución del 91, como lo fue la institución de la Tutela, y la inclusión de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, LGBTI, y de los derechos para los niños y la tercera edad, no pasa de ser un canto a la bandera, porque el estatuto del 91 es hoy en día un monumento de papel a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y más bien quedó con las reformas que le han hecho, como la carta magna del neoliberalismo salvaje.
Algunos columnistas de prensa han comparado las crisis de los gobiernos de López Pumarejo (1934), Laureano Gómez (1950), y de Ernesto Samper (1994), con la crisis de gobernabilidad del Presidente Gustavo Petro (2022), sin tener en cuenta que dichas crisis se desarrollaron por las contradicciones de los sectores del capital dentro del mismo sistema dominante, dejando de lado el análisis de que la actual crisis de gobernabilidad por la que atraviesa el gobierno del presidente Petro, obedece a una profunda crisis del modelo de acumulación del neoliberalismo salvaje que está totalmente agotado como proyecto de desarrollo económico, político y social, y que por lo tanto, de lo que se trata es de cambiar el modelo de desarrollo del capital financiero, por un modelo de un capitalismo humano y progresista que tenga en cuenta la industrialización del país, la reforma agraria integral, el cambio de la matriz energética a raíz del cambio climático, el reordenamiento territorial en torno al agua y la vocación económica y cultural de las regiones, la lucha contra el hambre mediante la producción de alimentos para la soberanía alimentaria y una política exterior soberana e independiente para la integración de Nuestra América Latina.
Como se puede ver con claridad, este nuevo modelo de desarrollo alternativo a la acumulación del capital financiero, propuesto por el Pacto Histórico y los sectores democráticos, está expresando la profundización de la lucha de clases, la ampliación de la polarización política, que, a no dudarlo, si no se le da una salida democrática a las reformas a través de la concertación, el proceso constituyente va a ir tomando cuerpo en todas las regiones del país, y lo que ahora parece un cuento chino de un “loco” desapacible, se crecerá en el horizonte político como un vendaval incontrolable e indestructible.
Lo que está pasando con las reformas de la salud, pensional y del trabajo en el Congreso de la Republica, a través de los mandaderos del gran capital de los negocios de las EPS, con el manejo de los billones de pesos del ahorro de los trabajadores por parte de los Fondos Privados de Pensiones, y con la apropiación de la plusvalía de fuerza de trabajo precarizada y tercerizada de los trabajadores, es la expresión de una posición de clase insensible, corrupta, guerrerista y violenta, que prefiere que el país se precipite en una guerra civil con tal de hundir las reformas para salvar sus privilegios.
Hay que entender el Proceso Constituyente como una invitación a la organización, movilización, información y formación de la conciencia política de los trabajadores, para que se constituyan en el sujeto político del cambio, para que pasen de la democracia representativa minusválida y raquítica a una democracia participativa vigorosa, que deje atrás el abstencionismo por el desengaño, la frustración y la violencia, y asuma su protagonismo político consciente y propositivo en la resolución de los grandes problemas nacionales.
Es en este sentido que debe proponerse el Proceso Constituyente; como una combinación de las formas de luchas de masas que sepa interrelacionar acertadamente la lucha política desde arriba con la lucha ciudadana desde abajo; con la presión por las reformas desde de las instituciones con la oleadas de masas desde las calles; no cabe duda de que las diversas formas de lucha se van a desplegar más amplia y profundamente con el Proceso Constituyente, en el sentido de ir creando las condiciones de unidad, organización, movilización y conciencia política, mediante la formación de las coordinadoras municipales, empezando por la reorganización del PH, que debe pasar de la coalición electoral programática del 2022 y del 2023, a un verdadero Frente Unido del Pueblo, que sea capaz de dirigir las confrontaciones de clase en esta nueva etapa de la lucha popular.
Las relaciones políticas de poder hay que mirarlas en desarrollo permanente debido a la continua confrontación de clase en el régimen político de dominación capitalista, de tal manera que nada es absoluto en la coyuntura del momento; las tendencias submarinas y tectónicas de la política real no se vienen a ver sino hasta que se revientan los maremotos y los terremotos políticos, y para ese momento el movimiento popular tiene que saber dónde está parado, con que aliados cuenta, y para donde va con la bandera del proceso constituyente que le de fuerza y vigor a la lucha democrática y popular.
La tendencia que se ha venido desarrollando en las dos primeras décadas de este siglo, está diciendo que el movimiento popular avanza como nunca lo había hecho en la historia de Colombia, hacia definiciones sistémicas cada vez más profundas en el régimen de dominación de clase.
De los movimientos estudiantiles de 2011 por la reforma de la ley 30, pasando por los Acuerdos de Paz en 2016 (Gobierno Santos), prosiguiendo con el extraordinario “Estallido social” de los estudiantes y trabajadores de abril de 2021 (Gobierno Duque), hasta coronar con la presidencia de la Republica con Gustavo Petro (2022)
Como se puede ver, el ascenso del movimiento popular en este período, con sus inevitables y naturales avances y retrocesos, está indicando con claridad que el movimiento popular ha entrado en una nueva etapa, mucho más cualificada, amplia y profunda de la lucha de masas, por lo cual la propuesta de un Proceso Constituyente hacia las elecciones de 2026, hace una lectura muy aproximada de la tendencia dominante de la realidad política.
El proceso constituyente ya empezó, y las formas jurídicas, institucionales, constitucionales, legales y procedimentales, que aseguren una Ley en el Congreso de la Republica, una visto bueno de la Corte Constitucional, un 30% del censo electoral (13 millones de votos) y luego que las mayorías elegidas vuelvan a ser las mismas del Congreso actual, no pueden convertirse en obstáculo para continuar con el largo proceso de unidad, organización, movilización y concientización de los sectores populares en esta nueva etapa de la vida nacional.
Desde el Congreso de la Republica, los partidos del establecimiento; la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Fiscalía, los medios de comunicación del sistema, que están en contra del contenido de las reformas estructurales que necesita el país, ahora van contra de crear las condiciones para la organización de un gran movimiento popular en las regiones y localidades, alrededor un proceso constituyente.
No hay que tenerles miedo a los defensores del orden social constituido por la clase dominante; no hay que tenerles recelo a sectores progresistas vacilantes que objetivamente se ponen de lado del sistema a través del aparato jurídico que consagra el estado de cosas de inequidad y de injusticia mediante las formas legales constitucionales.
El miedo al cambio, el pánico a la participación popular de la mayoría de trabajadores en la administración de la cosa pública, es lo que sienten los sectores de la oligarquía dominante cuando ven que sus privilegios y grandes negocios (Las EPS, los Fondos Privados de Pensiones, el salario precarizado y envilecido de los trabajadores) son puestos a prueba de fuego en la lucha por la Paz y por la democracia avanzada.
Si las formas legales e institucionales están vaciados de contenido popular, pues hay que llenarlos de trabajadores mediante la movilización, y la organización para llevar a delante el proceso de una constituyente popular.
Para eso tenemos dos años de trabajo continuo y sistemático de unidad, de organización y de confrontación de masas con los representantes del gran capital financiero de los banqueros y de los terratenientes, para hacer del proceso constituyente la estrategia de lucha por las reformas democráticas en las elecciones de 2026.
Es decir, con la combinación de las luchas civilistas no violentas de los sectores populares y democráticos, del movimiento por los acuerdos de paz total, de los fuerzas amplias, democráticas y progresistas que se integran a las coordinadoras del poder popular en las regiones y en las localidades, de los trabajadores del arte y la cultura, de los campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, amas de casa, madres cabeza de familia, madres comunitarias, en fin, todos a una como en fuente ovejuna, asumiendo el protagonismo del constituyente primario para reclamar la necesidad una Asamblea Nacional Constituyente popular.
Del Acuerdo Nacional con los sectores dirigentes del país ha quedado claro que al gran acuerdo nacional hay que hacerlo es con los sectores del capital productivo, y sobre todo con las organizaciones populares a todo lo ancho y largo del país.
No es como dicen algunos periódicos que con la propuesta del proceso constituyente el presidente está buscando un Golpe de Estado, y que lo que se está haciendo es polarizando todavía más a la opinión pública, cuando tenemos la experiencia de que es el ascenso y despliegue de las luchas populares y democráticas lo que ha hecho que el espacio para los sectores intermedios se haya ido cerrando cada día más, profundizando la lucha de clases y ampliando la polarización política, como se ha venido comprobando en estas dos décadas del Siglo XXI, sobre todo como se vio en las elecciones presidenciales de 2022, donde quedaron arrinconados los sectores del centro político ante la confrontación de los dos modelos de desarrollo: el neoliberalismo salvaje y la democracia popular.
No en vano ganaron las tesis de la izquierda democrática, claramente identificada con un programa progresista para las mayorías nacionales, en contra de los postulados neoliberales de la religión del mercado, con la privatización de las empresas públicas, la mercantilización de los derechos fundamentales a la educación, a la salud y al trabajo, que cunden con la injusticia y la inequidad a todo lo largo y ancho del país.
Por supuesto teniendo en cuenta la experiencia de la Constitución del 91, que no obstante el avance en la declaración de los derechos fundamentales, lo que ha resultado en los 35 años de su vigencia es una guerra sin fin entre las mafias del narcotráfico, la criminalización de la protesta ciudadana, la cooptación de los presupuestos de salud por los clanes del narcotráfico empotrados en los gobiernos regionales y locales, el cáncer de la corrupción en la contratación estatal, el contrabando de gasolina y de petróleo por guerrilleros y narcotraficantes, la minería ilegal con la depredación del medio ambiente, la evasión y elusión de impuestos de grandes empresarios, y el más completo abandono estatal de poblaciones enteras, con una brecha profunda entre las regiones del país.
Por eso no podemos caer tampoco en el fetichismo de la constitución y la ley, porque si no somos capaces de crear y desarrollar un movimiento democrático real a partir de las distintas regiones del país, por más constituciones que proclamemos con aspavientos como salvadoras de la crisis nacional, nada estaríamos haciendo sino blindamos las instituciones con un poderoso movimiento democrático y popular, políticamente organizado, y conscientemente movilizado en torno a la defensa de un programa democrático.
Y no es que queramos saltar olímpicamente por encima de la correlación de fuerzas del momento político; lo que acaba de pasar en el Senado con la aprobación de 2,3 salarios mínimos legales obligatorios para el régimen contributivo de Colpensiones, y el blindaje del ahorro de los trabajadores por parte del Banco de la República, mediante acuerdos con el partido liberal y el partido de la U, está diciendo con claridad que estamos dispuestos a cobrar la deuda social por “cómodas cuotas mensuales”, hasta que el pueblo tenga la correlación de fuerzas suficiente para cobrar el resto de la deuda social que se le debe desde hace doscientos años de explotación y de opresión independientes del imperio español-
Pensamos que con esta línea de “la real politik” de los sectores más esclarecidos del gran capital, se podría abrir la posibilidad para la concertación en la reforma a la salud y en la reforma laboral, sin perjuicio de continuar la lucha por la unidad, organización, movilización y concientización de los trabajadores con la bandera del proceso constituyente, acumulando fuerzas para llegar a las elecciones de 2026 con un movimiento poderoso y dinámico que asegure la correlación de fuerzas para aprobar un proyecto de Ley sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente popular y democrática.
Un movimiento constituyente que no se quede en las reformas estructurales consagradas en la norma superior como una letra muerta, sino que tenga el contenido vivo de los trabajadores agrupados en sus organizaciones políticas, sociales y gremiales, reclamando y proyectando la promulgación e implementación de proyectos de ley que amplíen la participación y el control en la democracia popular, desde arriba con los partidos progresistas en el Congreso de la República y con el Ejecutivo gestionando el presupuesto nacional, y desde abajo con los sindicatos, con las organizaciones campesinas, con los estudiantes, con los indígenas y afrodescendientes, con las mujeres, con la población EGBTI, y por supuesto, con los trabajadores del arte y la cultura.
Sin esta constante y permanente interacción de las formas de lucha popular, desde arriba y desde abajo, con una permanente educación, información y formación política de los trabajadores, el proceso constituyente se queda vacío del contenido popular, y va a pasar lo mismo que pasó con la Constitución del 91: las corrientes políticas del gran capital neoliberal, seguirán con su política de guerra, exclusión, extorción, despojo, corrupción y violencia.
Los comentaristas de la prensa burguesa presentan el análisis desde una perspectiva de clase catastrófica, y no miden el desarrollo del movimiento popular y las posibilidades que ofrece la nueva situación política para impulsar las reformas democráticas; se quedan anclados en el pasado pensando que el Presidente Petro les va a dar un “golpe de estado”, sin presentir que son ellos mismos los que están preparando el golpe blando contra la misma institucionalidad burguesa.
No hacen un análisis de fondo de los factores reales de poder, ni de la correlación de fuerzas que no es estática sino que está en continuo desarrollo, cuya tendencia principal se viene perfilando en un avance progresivo del movimiento popular, a pesar de la derrota temporal y pasajera en las elecciones regionales y locales de 2023.
El régimen político cerrado de dominación de clase no permite abrir las fronteras para las reformas democráticas estructurales que necesita el país, por lo cual al movimiento popular no le queda otro camino que desenmascarar la real dominación del capital financiero y prepararse para los desenlaces democráticos y revolucionarios que se pueden presentar en el inmediato futuro con el desarrollo de la crisis nacional.
No somos los oráculos de Delfos para adivinar el futuro, pero de lo que si estamos convencidos es de que si no tenemos el aparato político para dirigir a las masas populares, sea cual fuere la situación política del país, estaremos abocados a rebeliones espontaneas de los sectores populares, que sin conducción política, sin organización y sin objetivos políticos claros, estarán propensas a ser pasto de los demagogos de siempre o a caer en la anarquía, que justifica los golpes de los aparatos represivos de la clase dominante. La implementación del Plan Nacional de desarrollo y sobre todo la gestión del Presupuesto Nacional de 2025 serán definitivos para que la estrategia del Proceso Constituyente se transforme en un gran movimiento democrático y progresista hacia las elecciones de 2026.
