La investigación dirigida por León Valencia y Ariel Ávila desde la Fundación Paz y Reconciliación realizada previo a las elecciones legislativas que le dieron vida al actual congreso de La República identificó a candidatos con posibles apoyos de fuerzas ilegales y con el impulso de las partidas regionales o cupos indicativos, llegaron al congreso representado en cuerpo ajeno a mafias y clanes y fuerzas ilegales. El libro será presentado en la Feria del libro por los senadores Claudia López y Armando Benedetti.
En vísperas de la posesión del nuevo Congreso de la República el que habrá de legislar entre 2014 y 2018-, una variedad de formadores de opinión dedicaron sus artículos a señalar que tendríamos debates parlamentarios de mucha calidad y a decir que seguramente el Congreso elegido sería de verdad admirable. Pero en Colombia no faltan los aguafiestas. En este caso, es la Fundación Paz y Reconciliación.
El grupo de investigación compuesto por Ariel Ávila, Carlos Montoya, Juan Diego Castro, Camila Obando, Carlos Martínez y León Valencia en Bogotá, apoyado por una red de colaboradores en diez departamentos, dedicó varios meses a hacerle seguimiento a las elecciones parlamentarias de 2014 y a evaluar la composición del Senado y la Cámara de Representantes. La conclusión es dolorosa: 70 parlamentarios elegidos tienen serios cuestionamientos. Muchos de ellos son herederos directos de la parapolítica; la mayoría utilizaron grandes sumas de dinero provenientes de los cupos indicativos para hacerse elegir y algunos son señalados de presuntos nexos con estructuras ilegales vigentes. Entre los 70 está José David Name, recién electo presidente del Congreso. Es difícil que un Congreso con este lastre se convierta en un gran foro de debate sobre los grandes problemas del país y en un escenario para aprobar las reformas profundas que necesita Colombia en este momento de la historia.
El optimismo de algunos columnistas y editores políticos de los medios, se basa en la presencia de senadores como Antonio Navarro, Claudia López, Carlos Fernando Galán, Iván Cepeda, Horacio Serpa, Álvaro Uribe, Vivianne Morales, Jorge Enrique Robledo y Jimmy Chamorro, quienes, seguramente, harán un gran papel y promoverán debates interesantes y candentes. Pero una cosa es el control político, y otra es, la calidad de las leyes y el sesgo progresista de ellas. La pregunta es si unas pocas golondrinas podrían hacer verano. Tenemos serias dudas. Pero en este punto quisiéramos estar muy equivocados.
Por primera vez en cincuenta años estamos ante la posibilidad de firmar un acuerdo de paz integral y encarar una perspectiva seriade reconciliación nacional. Por primera vez en cien años estamosante la posibilidad de realizar transformaciones agrarias y sociales largamente aplazadas, y de abrir las puertas para que las izquierdas puedan competir con garantías en la disputa política. Esos son los principales retos de los parlamentarios elegidos en marzo.
¿Estará el Congreso que tomó posesión este veinte de julio en condiciones de liderar estos cambios?
El espectáculo que se presentó a la hora de escoger la persona que debía presidir el Congreso en esta primera legislatura y en las siguientes acentúa las dudas sobre la idoneidad del nuevo cuerpo legislativo. Es evidente, que ni el Presidente Santos ni el Congreso, pensaron en la importancia de cambiar la costumbre en la designación del presidente del Senado para enviarle al país la señal de que se iban a jugar por las reformas y por la dignificación de la labor parlamentaria.
Tendrían que haber aprovechado que Musa Bessaile y Bernardo Elías Vidal, quienes sacaron las más grandes votaciones del Partido de la Unidad Nacional, se inhibieran para disputar la presidencia. Podían haber cambiado la costumbre de elegir a alguien del partido más votado y acudir a otro dirigente de la coalición de gobierno para exaltarlo a esta dignidad. Podrían haberle rendido honor al tema de la paz y designar presidente del Congreso a alguien con historia en la búsqueda de la reconciliación. Pero no. Buscaron a uno de la tradición clientelista, a uno que también tiene cuestionamientos por vínculos con ilegales, a uno que tiene por mérito la utilización de grandes sumas de dinero para hacerse elegir.
Después vendrá Mauricio Lizcano con cuestionamientos parecidos. La labor de investigación que realizamos en la Fundación Paz y Reconciliación no es muy grata. Se trata de poner el ojo en el lado oscuro de la vida pública con la ilusión de que las cosas cambien, con el deseo de que la política mejore y los fenómenos de ilegalidad y corrupción disminuyan. No vemos importantes cambios en los últimos años. Seguimos eligiendo a personas con severos cuestionamientos. No son casos aislados. Son un grupo grande de los parlamentarios o de los gobernadores o de los alcaldes. Ha sido así desde cuando empezamos esta labor analizando las eleccionesdel 2002.
Una mayoría del Congreso vinculada a los más diversos partidos viene de una herencia trágica de vinculación con fuerzas ilegales o de una penosa tradición clientelista, y el gobierno de Santos se inclinará a negociar con estas fuerzas todo el trámite parlamentario. Eso es lo que vimos en la definición de la presidencia del Senado y en la conformación de las mesas directivas; así será muy difícil realizar las reformas que el país necesita y que transformen la vida política nacional.
La Fundación Paz y Reconciliación realizó, entre el mes de noviembre del año 2013 y marzo de 2014, una investigación con el objetivo de esclarecer qué candidatos a elecciones a Cámara y Senado mantenían vínculos con organizaciones criminales o eran herederos de las estructuras de la parapolítica. La investigación se hizo en 10 departamentos del país: Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira.
Esta focalización territorial se basó en un criterio de análisis. Durante el año 2011 se realizó una investigación con un objetivo similar, pero enfocado en las elecciones locales y regionales de ese momento. En dicho proceso investigativo los 10 departamentosclasificaron en una categoría de riesgo extremo, es decir, fueron zonas donde una gran cantidad de alcaldes y gobernadores lograron vencer con el apoyo de herederos de la parapolítica o de fuerzas ilegales vigentes. Otros 6 departamentos quedaron en riesgo medio, sin embargo, los recursos económicos disponibles en la fundación alcanzaban para hacer la investigación en estos 10 departamentos. Un balance poco alentador
En total se encontraron 129 candidatos con estas dos características. De ellos 81, se postularon a Cámara de Representantes en estos departamentos y 48 a Senado. El 9 de marzo de 2014, día de las elecciones al Congreso de la República, lograron curul 70 de estos candidatos: 33 a Senado y 37 a Cámara de Representantes. Luego de hacer un análisis de los datos se pueden hacer siete grandes conclusiones. En primer lugar, se observa que en varias zonas del país existen problemas serios de democracia local y no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Por ejemplo, en el departamento de Bolívar, las principales 4 casas políticas tenían a susjefes en la prisión. La casa García Romero tiene su principal cabeza en la cárcel; la exsenadora Piedad Zucardi, igualmente Javier Cáceres y Vicente Blel están condenados por parapolítica y Enilce López tiene graves problemas con la justicia; de hecho, su hijo y esposo han sido capturados recientemente.
Se esperaba que esta situación provocara una renovación de la clase política en este departamento, pero esto no ocurrió, por el contrario, la mayoría de los candidatos de estas casas políticas consolidaron su curul, por medio de hijos, hijas o personas cercanas, que heredaron la estructura política ligada a la ilegalidad. Estos problemasde democracia local se derivan por la forma como está diseñado el funcionamiento del Estado a nivel local. Básicamente el candidato a una Alcaldía o Gobernación debe negociar el aval del partido conel jefe político regional de la colectividad, que generalmente está encabeza de un senador en ejercicio, aunque no siempre es así. Luego denegociar el aval acude donde contratistas, ya sean legales o ilegales, paraque estos financien sus campañas, a cambio de que una vez gané lesretribuirá esa ayuda en contratación. El mandatario que triunfa debedistribuir el gabinete de acuerdo a los apoyos políticos y financieros.
Asimismo, otra de sus funciones inmediatas es lograr mayoría en loscuerpos colegiados, ya sean concejos o Asambleas Departamentales.Con la mayoría en los cuerpos colegiados, esta coalición de gobiernoes la encargada de elegir los órganos de control, personerías ocontralorías. Por su parte la Procuraduría si bien funciona mediante ladesignación desde el nivel nacional, igualmente opera como órgano politizado. Esto significa que el municipio o departamento no tendrá órganos de control independientes.
Todo lo anterior permite concluir que el Estado local funciona en una gran cantidad de regiones del país con espíritu mafioso. Estos problemas de democracia local se ven agravados por el costo de las campañas políticas. Los liderazgos emergentes deben empeñar sus campañas para adquirir el dinero y esto se hace mediante la alineación política con las estructuras tradicionales en las diferentes regiones del país. Así las cosas, las élites tradicionales terminan haciendo lo que en ciencia política se denomina “reclutamiento de élites”, donde los liderazgos sociales emergentes deben alinearse rápidamente para escalar en la distribución del poder local. El uso excesivo de dinero, la compra de líderes sociales y el manejo burocrático de Alcaldías y Gobernaciones hacen imposible que una fuerza política independiente compita con posibilidades de ganar y renovar la democracia. Una segunda conclusión es que partidos políticos grandes, como el Liberal y el Conservador, han reciclado este tipo de candidatos cuestionados. Por ejemplo, el Partido Conservador avaló a Luz Estela Cáceres como candidata al Senado. Es heredera de la red del parapolítico Javier Cáceres quien llegó al Senado como miembro del partido Cambio Radical. Igual situación sucede con Raúl Vives Lacouture, de familia liberal y heredero de otra estructura parapolítica. También el Partido Conservador avaló a Nadia Blel, heredera de la estructura política de su padre, Vicente Blel, excongresista, y condenado por parapolítica. Nadia Blel buscó el aval de Cambio Radical y le fue negado.
Los partidos políticos tradicionales como lo veremos en las diferentes partes del libro, reciclaron y avalaron estos candidatos. Esto significa que en los partidos políticos no existe ningún tipo de responsabilidad, ni política ni jurídica. Además, la ciudadanía en general tampoco castiga a estos partidos, sigue votando por ellos, así las cosas ni sanción jurídica, ni sanción social.
La tercera conclusión es que debido a las investigaciones sociales y judiciales las estructuras criminales y estructuras políticas de la parapolítica han optado por mecanismos indirectos de cooptación estatal. En esta materia se detectaron varios tipos de apoyo de criminales a políticos. Por un lado, se encuentra el apoyo tradicional, donde incluso miembros de estas mafias intentan participar en política; un caso es el de Moisés Orozco. Orozco, en 2011, fue candidato a la Alcaldía de Yumbo, Valle del Cauca, donde habría excedido el tope legal de financiación de la campaña. En esa oportunidad apoyó la candidatura de Francined Cano a la Gobernación. Francined era el candidato de Martínez Sinisterra a la Gobernación. Ahora, su fórmula al Senado de la República fue Nora María García. Adicionalmente Orozco es reconocido abogado de los hermanos Comba y en general de los “Rastrojos” y se lanzó por el Partido Fundación Ébano de Colombia.
El segundo mecanismo utilizado para llegar al poder del Estado es la participación en “cuerpo ajeno”. Para ello, los dirigentes de las diferentes estructuras políticas cuestionadas, han optado por lanzar familiares y amigos personales. En La Guajira, por ejemplo, el exgobernador Kiko Gómez apoyó a Antenor Durán avalado por el Partido AICO. Antenor Durán fue el candidato público de la casa Ballesteros y gozó del apoyo de la estructura política de Kiko Gómez. Su campaña es financiada por la familia Gómez Cerchar, el sector de gasolineros del sur de La Guajira, quienes hacen parte de la estructura criminal de Marcos Figueroa y por recursos propios. Públicamente dice financiarse de su negocio familiar, la ganadería. Hizo campaña junto a José Alfredo Gnecco y tenía su comando político en predios del antiguo narcotraficante Manuel Salas Rosado.
Otro de los ejemplos es Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado a 9 años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Tiene el apoyo de su hermano, el gobernador del departamento de Santander Richard Aguilar, quien llegó a la Gobernación a través del movimiento por firmas “Santander en Serio”. Se postuló luego de que su padre, que buscaba reelegirse, fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Hugo Aguilar fue trasladado de la cárcel La Picota a la de San Gil Santander, desde diciembre de 2013. Desde allí manejó la campaña de dicho candidato. Se denunció que Nerthink Mauricio Aguilar se acompañó de un pendón en donde se promociona al “equipo del Coronel Hugo Aguilar” y al margen izquierdo la foto de su padre.
Situación similar ocurrió Andrés Felipe García Zucardi, quien pertenece al viejo clan de los García Romero en Bolívar. Tanto el papá, Juan José García Romero, como su madre, Piedad Zucardi, tienen problemas con la justicia.
El tercer mecanismo utilizado por organizaciones criminales para cooptar el Estado, es la consolidación masiva de una serie de alianzas regionales pequeñas. Con ello, diferentes actores criminalizados en las regiones apoyan candidaturas grandes a Senado y Cámara. Este tipo de apoyo no es fácilmente detectable ya que se trata de alianzas dispersas, muy localizadas. Uno de los ejemplos es el candidato Bernardo Elías Vidal, actual senador. Llegó al Congreso como fórmula a la Cámara de la condenada por parapolítica Zulema Jattin en el periodo 2006-2010. En las pasadas elecciones de marzo de 2014 tuvo una fuerte influencia en el departamento de Sucre y en La Guajira. De
hecho, en este último departamento, fue apoyado por la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo, quien es señalada de ser la líder política del grupo paramilitar que manejaba alias “Pablo” en la Alta Guajira.
Igualmente Elías fue apoyado por su suegro Erik Morris, político sucreño, condenado por parapolítica. Es sobrino de Jorge Ramón Elías Nader expresidente del Senado y condenado por el Proceso 8.000 y primo del actual alcalde de Sahagún, Carlos Elías Hoyos. La cuarta conclusión, se liga directamente a la anterior. Se refiere a que los mecanismos de proselitismo armado, es decir, aquella situación en la que un grupo armado ilegal o una estructura criminal presionan a la población a votar por determinado candidato, ya no es, en la actualidad, una estrategia utilizada por las organizaciones criminales. Por el contrario, lo que se ha encontrado son situaciones mucho más sutiles e indirectas para apoyar candidaturas. La financiación ilegal de campañas y corrupción de agentes estatales, están entre las principales estrategias.
La cuarta conclusión podría resumirse en que se logró detectar que los niveles de gasto de campaña fueron excesivos en varias regiones del país; esto ha significado una verdadera feria de dinero por parte de contratistas de obras públicas, a esto se le suma la incapacidad institucional para investigar y detectar este tipo de situaciones. El Concejo Nacional Electoral además de ser un órgano politizado, no tiene la capacidad humana para controlar este tipo de fenómenos. Uno de los ejemplos de esta feria del dinero fue lo ocurrido en Sucre.
El candidato a la Cámara por el departamento de Sucre Pedro León Sierra, quien era fórmula de Teresita García, se retiró y adhirió a la campaña del cuestionado representante Yahir Acuña, el mismo Acuña lo anunció desde Majagual durante el cierre de su campaña; versiones en la campaña de León Sierra indican que fueron cerca de 2 mil millones que Yahir Acuña pagó a León Sierra.
La quinta conclusión es que la justicia colombiana, si bien ha juzgado la parte alta de las estructuras de la parapolítica, a nivel local y regional sigue existiendo una gran impunidad; sus redes de alcaldes, concejales, diputados y funcionarios públicos, han salido impunes de los procesos judiciales, lo que les ha permitido mantener el poder político en varias regiones del país. A cambio de judicializar la cabeza de estas estructuras políticas, pareciera que el resto de las estructuras se hubiera legalizado.
Vale la pena aclarar que el gobierno en “cuerpo ajeno”, es decir cuando un líder político está en la cárcel y mantiene el control político en determinada región con algún familiar, no significa que a este heredero de la parapolítica o de una organización criminal se le señalé, en el presente libro, o se le cuestione su elección por su cercanía sanguínea. Es claro que no existen delitos de sangre en un Estado de derecho, lo que se cuestiona es que hereda la estructura política criminalizada, es decir, la red de alcaldes, exalcaldes, concejales, gobernadores y líderes políticos que se liaron con criminales y que potenciaron determinada red o estructura política.
La sexta conclusión. Se pueden encontrar tres razones que podrían explicar el triunfo de la parapolítica. Por un lado, una feria de dineros en la compra y venta de líderes sociales en las diferentes regiones del país. Hubo campañas que estuvieron por encima de los tres mil millones de pesos, como la de Bernardo Elías Vidal o José Alfredo Gnecco. En segundo lugar, gran parte de estos candidatos contaban con el apoyo de alcaldes y gobernadores y los votos prácticamente estaban amarrados a cargos burocráticos. Por último, y tal vez la explicación fundamental, es la insensibilidad ciudadana, donde no hubo castigo a los partidos que avalaron estos candidatos y por otro lado se presentó una votación en blanco y abstención electoral altas, lo cual castigó a candidatos de opinión e independientes, y reforzó las posibilidades de victoria de los candidatos cuestionados.
En este caso resulta significativo el hecho, como se verá en el transcurso del libro, de participación indebida de alcaldes y gobernadores en las pasadas elecciones. Es decir, los mandatarios locales y regionales colocaron el aparato estatal al servicio de una serie de candidatos.
Una última conclusión. El Congreso elegido en el año 2014, donde el 33% del senado se encuentra cuestionado por tener vínculos con criminales o ser herederos de la parapolítica, es el encargado de impulsar el proceso de paz y de aprobar las primeras leyes que salgan de esa negociación; igualmente debe liderar importantes reformas políticas.
A continuación se presentarán los resultados de la investigación, los cuales se dividirán en tres partes. En la primera se toman nueve casas políticas en diferentes regiones del país; allí se indaga sobre alianzas legales e ilegales, sus apoyos burocráticos, cupos indicativos o mermeladas y recursos financieros. En la segunda parte, mediante un modelo estadístico se analizan la consolidación de las estructuras de la parapolítica y aquellas ligadas a estructuras criminalizadas y se demuestra cómo distintas olas de violencia permitieron y sirvieron para que estas élites se consolidaran en las diferentes regiones del país. En este apartado se utiliza el concepto de homogenización política. Por último, en la tercera parte se hace una radiografía de los 61 exparlamentarios condenados por parapolítica.
