Hace cinco años, cuando me fui de Colombia a estudiar un doctorado, recuerdo que no había conflicto armado interno sino amenaza terrorista. No había desplazados sino migrantes. La insurgencia era vista como un puñado de bandidos enriqueciéndose en las selvas. Y las víctimas eran señaladas como impostores. Un país, donde el sospechoso ya no era de izquierda ni derecha, sino que sospechoso era cualquiera. El consenso al interior de las élites, y de buena parte de la sociedad colombiana era que la guerra se podía ganar, y que había que ganarla a cualquier precio y con los métodos -legales e ilegales- que fueran necesarios. Ese consenso convirtió al aparato de Estado, tal como lo confirman las sentencias contra directores y altos funcionarios del DAS, en una empresa criminal que perseguía la libertad de palabra, de reunión. Y de pensamiento. Se desató una guerra contra las ONGs; montajes, seguimientos e interceptaciones ilegales frente a cualquier crítica. Y una persecución sistemática a sindicalistas, periodistas, académicos y líderes independientes y de izquierda. Así lo muestra el balance que hace La Silla Vacía sobre la judicialización al círculo cercano de Alvaro Uribe, es decir, a altos funcionarios de Estado[i]. Todo esto enmarcado en los reiterados intentos de desestructurar la Constitución de 1991, e incluso, el Estado de Derecho. Es decir, una agresión sistemática frente a lo común.
Hoy, cinco años después al regresar a Colombia, el panorama es diferente, en un escenario donde tácitamente se aceptó que ninguno de los actores ganó la guerra. Cuatro factores influyeron en este nuevo horizonte. Primero, amplios sectores de las élites, que históricamente habían promovido la guerra y que se habían beneficiado históricamente de ella, dieron un viraje. Ahora lo que es rentable, económicamente por lo menos en términos de flujos de capital y llegada de inversionistas, es la paz. Ese viraje se sintetiza en la decisión del gobierno de Santos de iniciar conversaciones formales con las FARC en La Habana. Segundo, y en relación con lo anterior, el TLC con Estados Unidos requería, para ser efectivo, un acuerdo de paz con la insurgencia. Tercero, la lectura que hicieron las FARC de ese contexto, los cambios al interior de su organización y su decisión de sentarse a negociar en el marco de una contundente presión militar. Cuarto, y a mi modo de ver más importante aún, en la mesa de negociación confluye el esfuerzo que por décadas realizaron individuos, organizaciones y sectores sociales que reivindicaban los derechos sociales y la salida negociada al conflicto.
La mesa de negociación, y una paz imperfecta aunque probable, es algo que no esperamos ver ni siquiera en mi generación, luego de la tan anhelada mano dura que se impartió durante ocho años. Tiempos de fascinación de la población con el heroísmo guerrero. Ahora, cinco años después, los desplazados son los que son, y por fin se ha avanzado en el retorno a sus tierras despojadas (y no sólo en su atención en los centros de recepción). Independientemente de los calificativos, la insurgencia es un interlocutor reconocido por el Estado, un actor político (por eso el Estado está negociando con ella). Las víctimas empiezan a tener un lugar en la sociedad, incluso un lugar jurídico con la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras. Y lentamente Colombia se transforma en un país donde la desaparición forzada comienza a indignar igual que el secuestro. Todo esto sumado al hecho evidente de reconocer que en nuestro país sí hay conflicto armado, y que la vía militar no logró la extinción del contrincante como tantos querían. El conflicto, complejo y heterogéneo, y que antecede al surgimiento de las FARC, es síntoma de profundas lógicas históricas de desarraigo, despojo y exclusión aún vigentes. Precisamente, parte de los altibajos del proceso de restitución de tierras y reubicación responden a las resistencias de esas lógicas históricas.
Cinco años después, el país afortunadamente es otro. Y este nuevo horizonte es aún más fructífero pues convierte a la negociación en La Habana en una mesa de dos vías. Ya no es sólo las dudas y cuestionamientos que se puedan tener sobre el proceso. Es sobre todo las preguntas que desde La Habana se nos pueden formular a nosotros como sociedad. Pues varios dilemas se abren para la sociedad colombiana: el primero de ellos, como ha argumentado Alvaro Forero Tascón, es si va a ser capaz de dejar atrás su histórico y dogmático anti-comunismo. Pues la guerra, antes que contra el terrorismo, ha sido una guerra contra el comunismo, para mantenerlo ilegalizado y socialmente prohibido[ii].
En segunda medida, la mesa de negociaciones en La Habana es a su vez una oportunidad para analizar nuestras propias prácticas de crueldad, nuestra tendencia a alabar siempre al más fuerte, armado o no. Nuestra facilidad para odiar al diferente. Una crueldad y un odio donde se anida y florece la insensatez de la guerra. Y nuestra disposición a no abrir la puerta del perdón, aunque a muchos la guerra no nos haya tocado siquiera con un alfiler. Una huella colectiva que no hemos sido capaces de elaborar. Tres factores que, además, impiden ver la notoria consistencia del proceso de paz al día de hoy. Palpable, de entrada, en la composición de la mesa de negociación con representantes de las fuerzas armadas por ejemplo. Y en el reconocimiento de responsabilidades mutuas frente a la violencia ejercida por años por parte tanto del Estado como de las Farc. Algo en sintonía con la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” de 2011, que reconoce el estatus de víctima con ocasión del conflicto armado, independientemente de su perpetrador. Más allá del pulso electoral, anticomunismo, crueldad/odio y herida colectiva serán factores decisivos en el resultado del mecanismo de refrendación que se acuerde. Tres factores encunados en buena parte de la clase media, media alta y alta, sintetizados en el último discurso que pronunció Fernando Vallejo en la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia titulado, precisamente, “la infamia de la paz”[iii]. La paz, para muchos del país de hace cinco años atrás, sigue siendo un fraude. La guerra, para ellos, es la “verdad”.
Cinco años después este es un país donde finalmente, si se aprueba lo que se disponga en el posible mecanismo de refrendación, se podrá discutir públicamente sin el parangón de la guerra y los malvados. Se abrirá entonces la oportunidad histórica de conversar, por fin por fuera del marco de la guerra, acerca del impacto ambiental y cultural de los megaproyectos, la criminalización de la protesta social, la postración del agro, las consecuencias nefastas de los TLC y la inequidad que no disminuye. Llegará la hora de hablar no solo de beneficios económicos y confianza inversionista, sino de mundos vitales devastados y comunidades silenciadas: de respetar otros posibles futuros, otras ideas de lo común. Más allá de silenciar los fusiles, el acuerdo de paz impactará temas vedados desde hace siglos en el país. Esa es a mi modo de ver parte de la resistencia vigente del país de hace cinco años atrás. La negación a discutir una democratización efectiva en el ámbito económico, cultural y político. Y la negación visceral a disminuir el anticomunismo, el odio y la crueldad que nos habita. Por eso es que ese país de hace cinco años atrás, dice no querer más muertos pero al mismo tiempo quiere más guerra.
Referencias
[i] En total son 9 condenados, 8 investigados (incluyendo dos prófugos, Luis Alfonso Hoyos y Luis Carlos Restrepo), 2 pendientes de condena dentro de los investigados (María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno) y 1 sancionado. “El círculo de Uribe, cada vez más condenado”. http://lasillavacia.com/historia/el-circulo-de-uribe-cada-vez-mas-condenado-49957
[ii] “Paz: ¿legalizar el comunismo?” El Espectador, 19 Ene 2014. http://www.elespectador.com/opinion/paz-legalizar-el-comunismo-columna-469598
[iii] https://www.youtube.com/watch?v=7GtA2RRZoE8&feature=youtu.be
