En aras de que algo vaya quedando en manos del pueblo, el gobierno de Petro y su bancada han tenido que hacer numerosas concesiones en los trámites del actual proyecto de reforma pensional. Esto ha alterado la sensibilidad de algunos sectores petristas, que si bien han recibido con agrado algunas importantes mejoras, están quedando con un sabor amargo ante otras, en las que tenían puestas muchas esperanzas, y que por razón de tan indeseables, aunque inevitables concesiones, están quedando en el tintero o aprobándose de forma desteñida.
Una de las que más escozor ha producido es la relacionada con el umbral, que es el nombre que se le ha dado al salario máximo hasta el cual pueden cotizar los futuros pensionados en el fondo público, llámese Colpensiones o Banco de la República. Esta cifra, que se había establecido en el proyecto inicial en tres salarios mínimos legales, por obra y gracia de tales conciliaciones quedó reducida a 2,3 salarios, lo cual no está mal, pues allí no está el problema.
El problema está en que, a partir de esos 2,3 salarios, los trabajadores quedarán obligados a cotizar en los fondos privados, lo cual es injusto, especialmente con quienes han luchado toda su vida contra las políticas neoliberales, que han convertido lo público en patrimonio privado.
El argumento de quienes defienden esta imposición no puede ser más flojo. Sostienen que lo que se busca es acabar con el subsidio a las altas pensiones, como si fueran altas las que se pueden obtener con tres, cuatro o cinco salarios. No solamente no son altas, sino que la parte que se obtenga sobre los aportes calculados por encima de los 2,3 salarios quedará sometida al régimen pensional de los fondos privados, lo cual implica pérdida de su carácter vitalicio y de la sustitución pensional.
Como después de que este proyecto se apruebe en el Senado tiene que pasar a la Cámara, sugiero un mecanismo que permite acabar con los subsidios realmente altos, sin acentuar las políticas neoliberales, ya implícitas en el proyecto.
Propongo modificar la fórmula utilizada para establecer el monto de las mesadas. Tal fórmula debe incluir un factor que haga que a partir de ocho salarios el subsidio vaya decreciendo hasta llegar a un punto en que cambie de signo, dejando de ser una carga para el Estado y convirtiéndose en subsidio de quienes tienen altas pensiones a favor del fondo público con el que se financiarán los pilares solidario y semicontributivo. De esta manera, el sabor amargo será más llevadero, pues comenzaremos a ver que ponerle fin al neoliberalismo no es una mera consigna.
